La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, que el jueves pasado emitió la polémica sentencia de La Manada ha estado varios meses bajo la vigilancia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Navarra por los retrasos en el señalamiento y la celebración de los juicios. Y este mismo órgano solicitó a la Inspección del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) que chequeara este año su funcionamiento.

El presidente del TSJ navarro, Joaquín Cristóbal Galve, ordenó el 25 de abril del año pasado un “seguimiento” del tribunal “por retraso en el señalamiento de vistas”, según consta en el acta de la Sala de Gobierno del primer órgano del 22 de mayo, en el que ese seguimiento fue prorrogado tras recibir un informe de la presidenta de la Audiencia, Esther Erice.

Ocurrió lo mismo un mes más tarde, en la sesión del 26 de junio del año pasado, en la que el seguimiento fue prorrogado de nuevo tras estudiar un informe del presidente de la Sección Segunda, José Francisco Cobo.

El seguimiento de la sección, no obstante, venía de antes, ya que todas esas resoluciones e informes forman parte del expediente 8/16, que ya estaba abierto en mayo del año anterior, según consta en el acta de la sesión de la Sala de Gobierno del TSJN del día 9 de ese mes.

Petición al Consejo General del Poder Judicial

Los seguimientos realizados por el TSJN no dieron lugar a ninguna medida disciplinaria, si bien este organismo solicitó a la Inspección del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) que chequeara el funcionamiento de la Sección Segunda este año 2018.

Le petición, que también incluye a la Sección Tercera, de la jurisdicción civil, se realizó “sin indicación de motivo extraordinario”, puntualiza el CGPJ. Las inspecciones del Consejo son conocidas por su exhaustividad, e incluyen de oficio los eventuales atascos tanto en la tramitación de las causas como en los señalamientos de los juicios, en la emisión de las resoluciones y en su ejecución.
Las dos Secciones de la jurisdicción penal de la Audiencia de Navarra soportan una carga de trabajo casi tres veces superior a la asumible por un tribunal de ese tipo: más de 800 asuntos cuando el CGPJ estima que lo viable son unos 280.

El voto particular retrasó un mes la sentencia

Sin embargo, la sentencia de La Manada ha puesto de manifiesto su peculiar funcionamiento: el juicio terminó el 28 de noviembre y la resolución se conoció el 26 de abril, 149 días más tarde.

Los 134 folios en los que los dos magistrados que conformaban la mayoría que optó por calificar los hechos como abuso sexual en lugar de agresión, José Francisco Cobo y Raquel Fernandino, tienen fecha del 20 de marzo, mientras que los 136 del voto particular absolutorio están fechados por Ricardo González un mes más tarde, el 20 de abril. Y la sentencia todavía tardaría una semana en ser comunicada, hasta el 27.

Fuentes judiciales negaron que González haya sido objeto de expedientes disciplinarios por retrasos en la emisión de sentencias o el señalamiento de vistas desde que en 2001 llegó a la Audiencia de Navarra, algo que sí le había costado cuatro expedientes sancionadores en los años 90, cuando estaba destinado en Bilbao.

En Navarra, el TSJ llegó a incoar un expediente de incapacidad como consecuencia de una baja por enfermedad de más de un año, aunque finalmente se reincorporó a su puesto en la Sección Segunda.