PALMA DE MALLORCA.- La presidenta de la sección primera de la Audiencia de Palma, Francisca Ramis, ha adoptado este viernes el acuerdo que determina la composición de la sala encargada de la vista oral del caso Nóos.

El tribunal queda conformado por la magistradas Samantha Romero, Rocío Martín y Eleonor Moyá. Martín sustituye así al juez Juan Pedro Yllanes tras su fichaje como cabeza de lista de Podemos por Baleares al Congreso de los Diputados, después de que el Consejo General del Poder Judicial le concediera le excedencia.

Romero, además presidirá el tribunal por ser la más antigua en la carrera judicial de las tres miembros de la Sala. También será la ponente encargada de redactar la sentencia del mencionado proceso.

La decisión ha sido adoptada ante el inminente traslado de la presidenta de la Sección, Francisca Ramis, a otro órgano jurisdiccional, así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 203 y 209.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las normas de reparto de asuntos y de sustitución interna entre magistrados que rigen la Sección Primera.

Para la toma de decisión se ha tenido en cuenta además que el concurso interno entre magistrados de las secciones penales de la Audiencia, preceptivo con ocasión de la vacante por excedencia, ha quedado desierto, no habiendo solicitado la plaza de la Sección Primera ninguno de los magistrados de la Segunda, tal y como han explicado desde el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

El 11 de enero arrancará el juicio

Está previsto que el juicio arranque el 11 de enero de 2016 y finalice el 30 de junio del mismo año, y serán juzgados un total de 18 acusados, entre quienes se encuentra la Infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarín.

La hermana del Rey Felipe VI deberá sentarse en el banquillo al menos durante los primeros dos días, en los que tendrán lugar las cuestiones previas, previstas para el día 11 y que previsiblemente también se alargarán al día siguiente.

Los acusados comparecerán entre el 9 y el 26 de febrero, según el orden propuesto por el Ministerio Fiscal, empezando por el ex director general de Deportes del Govern balear José Luis "Pepote" Ballester, y los 363 testigos lo harán del 8 de marzo al 17 de mayo.

La Fiscalía Anticorrupción solicita más de cien años de cárcel para los 14 acusados contra los que se dirige, de los que 19 años y medio los reclama para Urdangarin, y 16 y medio para su exsocio, Diego Torres.

La Infanta Cristina pedirá que se le aplique la doctrina Botín

La Infanta planteará que se le aplique la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular --en este caso Manos Limpias--, y no la Fiscalía o el perjudicado por el delito cometido.

En concreto, el sindicato reclama para ella ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008 a través de la empresa de la que ambos son copropietarios, Aizoon.