"Esto no es lawfare ni partido judicial, es un Estado paralelo y mafia". Así se refirió Cristina Fernández de Kirchner al entramado que hizo posible su condena de seis años de prisión y proscripción política perpetua.

Antes hacían golpes militares, ahora les alcanza con ponerse de acuerdo entre poderes políticos, mediáticos y judiciales. Y lo podemos afirmar así con tanta seguridad porque lo que se reveló en los últimos dos meses sobre el poder paraestatal en Argentina es un escándalo, que, a diferencia de la noticia sobre la condena a CFK, pasó sin pena ni gloria en medios internacionales. 

Voy en orden cronológico. A mediados de octubre, el diario Página12 publica una exclusiva en la que revela detalles de un viaje en un avión privado a una mansión de más de 3.000 metros cuadrados en la Patagonia, en el Lago Escondido, que pertenece al magnate multimillonario inglés Joe Lewis.

Lo interesante de la filtración es la lista de invitados: jueces, fiscales, exministros del macrismo, agentes de seguridad del macrismo, actuales ministros de la ciudad de Buenos Aires y empresarios especialistas en campañas digitales. 

Son muchos los nombres, pero vamos a destacar el del juez Julián Ercolini, el menos militante, que estuvo a cargo de la instrucción de la causa 'Vialidad', por la que finalmente se condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión y a la inhabilitación política. 

Página12 sugiere en esa publicación que el motivo del viaje no podía ser otro que no fuera ponerse de acuerdo para garantizar que Mauricio Macri siga impune en los casos en los que está imputado, y que se mantenga la persecución judicial y mediática de CFK. Podría parecernos una hipótesis sin sustento, pero lo que sucede más adelante no hace nada que reforzarla. 

Durante semanas la publicación pasa bastante desapercibida, hasta que a principios de diciembre un grupo de piratas informáticos hackea el teléfono del Ministro de Seguridad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, que estuvo a bordo de ese avión, entre otros, y publica unos chats de Telegram. Gracias a esos chats nos enteramos de una serie de cosas escandalosas. 

Primero, nos enteramos de que los integrantes del viaje del que habló Página12 se percataron de la gravedad de la información publicada antes que nadie. El mismo día de la publicación crearon un grupo entre jueces, fiscales, ex ministros, ministros que estuvieron a bordo, y los anfitriones que los recibieron en la Patagonia y estuvieron a cargo de todos los gastos. Los anfitriones son nada más ni nada menos que ejecutivos del Grupo Clarín, Pablo Casey, sobrino del mismísimo Héctor Magnetto. 

El grupo de Telegram tenía como fin el saber cómo responder de manera creíble a lo sucedido. ¿Qué explicación dar al hecho de que el viaje no lo pagaron ellos? ¿Cómo parar la difusión de la noticia en los medios? ¿Cómo presionar al poder judicial para que no los procese? Antes que nada, sugiere el juez Julián Ercolini, para nada militante, recordemos, que tienen que organizar bien el discurso.

Hablan de elaborar facturitas "truchas" para que parezca que asumieron ellos los costes. 

En un momento plantean que podrían decir que todo se trató de una excursión de pesca, pero uno de los integrantes dice que ni siquiera se inauguró la temporada, con lo cual no sonaría para nada creíble.

Entonces, el director de asuntos exteriores del Grupo Clarín, y uno de los anfitriones, Jorge Rendo, formula la propuesta para excusarlos. 

Además de cuadrar la versión que darían de lo sucedido, hablan de quién podría estar detrás de la filtración. Sospechan de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y uno de ellos dice que ya se cruzará con el jefe de la misma. 

El ministro D'Alessandro, de cuyo teléfono salió todo, añade que si fuera Ministro de Gobierno Nacional, directamente disolvería a la Policía Aeroportuaria.

En el chat se denota también su preocupación porque se filtren fotos y vídeos en los que se ve cómo los gerentes de Clarín los reciben en el aeropuerto. Y también hablan sobre cómo van a cerrar la causa judicial ante la denuncia del vuelo y las dádivas. 

Cuando todo se filtró y se hizo público, el gobierno de Alberto Fernández ordenó denunciar a los viajeros por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas. 

Esos chats son una extraordinaria confesión de varios delitos a la vez: tráfico de influencias, ofrecimiento y recepción de regalos, encubrimiento, falsificación de documentos y de pruebas ('facturitas truchas'), prevaricación, etc. Vemos cómo primero se comete un delito, el de recibir un soborno viajando en un jet privado con todo pagado. Y luego se cometen más delitos para encubrir ese primer delito.

Son una muestra perfecta de cómo el poder judicial, el poder mediático y la derecha atentan contra la democracia, conspiran para protegerse entre ellos, y atacan a los adversarios, amparándose en el Código Penal y la ley.  

Todo eso está en esos chats de Telegram, y si con una sola cosa que sale a flote nos enteramos de tanto, imagínense lo que no se sabe. Al final, cuando CFK habla de un estado paralelo, no era una forma de hablar.