El pasado martes se hizo pública la sentencia que condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La vicepresidenta fue condenada por fraude a las arcas estatales en el contexto de las obras públicas realizadas entre 2003 y 2015, en la provincia de Santa Cruz, que es la región de origen de los Kirchner.

En esa provincia la mayoría de los contratos de vialidad los ganaba un amigo de la familia Kirchner, Lázaro Báez. Según concluye El Tribunal "la obra pública de Santa Cruz fue sistemáticamente adjudicada a Lázaro Báez" y eso significó "un beneficio ilegítimo para Cristina Fernández". En total, Báez, condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero, habría obtenido el 80% de las obras de la provincia de Santa Cruz durante el período en el que los Kirchner gobernaron el país. 

Para empezar, en todos los casos las adjudicaciones a Baéz fueron licitaciones públicas que nunca fueron objetadas por las otras empresas competidoras.

Además, la acusación de una cartelización organizada desde el Estado fue desestimada durante el juicio, y la acusación de asociación ilícita que pesaba sobre Cristina Fernández no prosperó. 

En segundo lugar, durante el juicio no se exhibió ni un mensaje, ni un correo electrónico, ni el testimonio de ningún testigo que relacionara a la vicepresidenta con Báez o que denunciara irregularidades. Para que nos hagamos una idea, uno de los testigos es Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

El primo de Macri no vio sobreprecios en esas obras. Los demás testigos sostuvieron que Lázaro Baéz, más allá de ser amigo de los Kirchner, tenía todo el personal y toda la maquinaria necesaria para hacer justamente ese tipo de obras. Finalmente, los fiscales y los jueces tuvieron que recurrir a otra causa judicial, la de Hotesur-Los Sauces, en la que Cristina Fernández está absuelta. 

Como no pudiendo recurrir a nada del propio proceso, tuvieron que acudir a "pruebas" sacadas de otros expedientes.

Pero no acaba aquí la cosa. Tal y como contó Inna hace unos meses, el fiscal del proceso contra Cristina Kirchner, Diego Luciani, fue fotografiado jugando al fútbol con uno de los tres jueces del tribunal, Rodrigo Uriburu. Y para más inri, el torneo de fútbol se celebraba en la casa del expresidente Mauricio Macri, el mismo acusado de nombrar jueces a dedo. 

Pero esta no es la única vez que Mauricio Macri se relaciona con jueces involucrados en causas contra la oposición y en especial contra Cristina Fernández. De hecho, el expresidente reconoció en una entrevista en Todo Noticias, el canal de televisión argentino perteneciente al Grupo Clarín, que había jugado al tenis al menos con un juez que tenía a su cargo una causa contra la vicepresidenta. 

Será en el mes de marzo cuando se harán públicos los argumentos de la sentencia condenatoria. Será a partir de entonces cuando la defensa de Kirchner podrá apelar el fallo, en primera instancia ante la Cámara Federal de Casación, y en última instancia, en caso de que se ratifique la condena ante la Corte Suprema de Justicia.

Mientras tanto, Cristina Kirchner estará libre y podría presentarse a las elecciones presidenciales de octubre de 2023. Sin embargo, la vicepresidenta ya ha anunciado que no será presa de las maniobras judiciales y no se presentará como candidata. 

En la decisión de no concurrir a las elecciones ha pesado también el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre, cuando intentaron dispararle a la puerta de su casa. Ya entonces, la vicepresidenta negó la hipótesis de que el atacante se tratara de un lobo solitario, y argumentó que la judicatura y los medios de comunicación generaron el caldo de cultivo propicio para que atentaran contra su vida. 

En el discurso que hizo desde su despacho poco después de que se conociera su condena, Cristina también denunció la estrategia que la "mafia judicial" ha desplegado contra ella y la existencia de un "Estado paralelo". 

Para dimensionar la estrategia de acoso y derribo judicial de la que ha sido víctima Cristina Fernández quería dar unos datos publicados por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, y que se pueden consultar en su página web. Tal y como recoge el informe, desde 2004 hasta la actualidad se han realizado de manera sistemática más de 650 denuncias e imputaciones contra Cristina Fernández. Lo curioso es que muchas de ellas han sido realizadas por las mismas personas. En concreto, hay al menos seis personas que han realizado entre 20 y 74 denuncias cada uno.

Destacan Daniel Ignacio Sarwer, presidente de la Agrupación Restauradora Macrista, con 74 denuncias.

Sarwer ha sido acusado de estafa por el fiscal Federico Delgado y denunciado por asociación ilícita y estafa por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Le sigue de cerca el empresario Juan Ricardo Mussa, con 73 denuncias. Desde los años 70, Mussa ha sido 24 veces candidato a algún proceso electoral, pero nunca resultó elegido. Su mejor resultado lo alcanzó cuando se presentó en 1999 como candidato a presidente de la nación por la Alianza Social Cristiana: apenas obtuvo 60.000 votos. Mussa mantuvo además una estrecha relación con Carlos Menem, el presidente que saqueó el Estado argentino. De hecho, fue una de las personalidades que le acompañaron en su toma de posesión. 

Además, Mussa ha declarado su admiración por el líder ultraderechista Javier Milei.

Otro de los principales denunciantes es José Lucas Magioncalda, presidente de la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, responsable del área legal de la Fundación Apolo y asesor de Republicanos Unidos, el partido liberal liderado por Ricardo López Murphy, que fue consultor del Fondo Monetario Internacional y que desde su breve periodo como Ministro de Economía con De la Rúa, eliminó becas, abarató despidos, y acabó con las pensiones.