Gobernar para menos, pero cobrar más. Los ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Valencia contaban en 2010 con un total de 95 concejales que percibieron más retribución anual que un ministro (74.054 euros brutos al año), según recoge un demoledor informe del Tribunal de Cuentas que refleja el desmadre alcanzado en los sueldos dentro de las corporaciones locales en España.
En el resto de España, otros 211 ediles o miembros de diputaciones provinciales tuvieron ese mismo año --en plena crisis económica-- un sueldo superior al de ministro, en algunos casos en localidades que no son capitales de provincia, como L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) , o Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Alcobendas, Majadahonda o Las Rozas, en la comunidad madrileña.
En el mismo documento de fiscalización, remitido este mes al Congreso de los Diputados por el Tribunal de Cuentas, se subraya que siete alcaldes y tres presidentes de Diputación superaron en más de un 20% el sueldo bruto anual del presidente del Gobierno (83.933 euros en el año 2010, objeto del estudio).
El 'top-ten' de altos cargos locales mejor retribuidos estuvo encabezado en 2010 por el presidente de la Diputación de Alicante (entonces José Joaquín Ripoll, del PP, con 141.428 euros, que en julio de ese año fue detenido por el caso 'Brugal' de corrupción); el de la Diputación de Barcelona (Antoni Fogué, del PSC, 138.311); y el alcalde de Zaragoza (Juan Alberto Belloch, PSOE, con 121.466).
A continuación, el entonces alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, del PSC, con 116.449 euros; el de Alcalá de Henares, Bartolomé González, del PP, con 112.892; el de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, 109.486; y la de Valencia, Ritá Barberá, del PP, con 107.776. Cierran la lista los alcaldes de Alcobendas (Ignacio García de Vinuesa, PP, con 105.082 euros) y Las Rozas (Bonifacio de Santiago, del PP, con 102.842 euros), y el presidente de la Diputación de Girona (Enric Vilert, de ERC, 102.100 euros).
Los datos fueron remitidos al Tribunal de Cuentas por 172 ayuntamientos o entidades locales con población superior a los 50.000 habiantes, y las retribuciones engloban lo que fue abonado a 4.472 cargos electos por cada corporación, así como las que percibieron de sus 918 entidades dependientes, entre organismos autónomos, empresas públicas y sociedades mercantiles participadas.
El Tribunal compara las retribuciones de los concejales y diputados provinciales con los de consejeros de comunidades autonomas y ministros. Y el resultado, en unas entidades locales sin límite alguno para ponerse sus sueldos, es de bochorno: en 2010, un total de 394 cargos percibieron más emolumentos que un consejero del Gobierno de su comunidad autónoma, y 306, mas que un ministro.
Los casos más espeluznantes son los del Ayuntamiento de Madrid, con 36 concejales con sueldos superiores al de ministro; de Barcelona, con 32; de Valencia, con 27; y la Diputación de Barcelona, con otros 27 diputados en la misma holgada situación.
Otros datos: 53 alcaldes o presidentes de diputación superaron la retribución del presidente de su autonomía; y 36 la del presidente del Gobierno. Y en casi once ayuntamientos y diputaciones -- todos mencionados ya salvo la diputación de Pontevedra-- los concejales o diputados con dedicación exclusiva tienen un nivel medio retributivo que supera el sueldo de un ministro.
El informe de fiscalización del sector público local aprobado por el Tribunal de Cuentas subraya que la vigente Ley de Bases de Régimen Local 'no establece límites de carácter cuantitativo a las retribuciones'. Así, los plenos de las corporaciones locales 'disponen de una amplia autonomía para establecer los regímenes de dedicación y de retribución, asistencia e indemnización de sus cargos electos'.
Tampoco hay límite alguno, en ninguna de las entidades estudiadas, al número máximo de órganos de gobierno o consejos de administración a los que puede pertenecer un miembro de la corporación.
Por si fuera poco, el Tribunal subaya que a estos cargos electos no le son de aplicación directa los sucesivos recortes de sueldo que estableció el Gobierno central para los ministros y altos cargos, con el objetivo de corregir el déficit.
En ese sentido, el documento destaca que once entidades locales no se aplicaron el recorte acordado por el Gobierno de Zapatero en 2010. En concreto, se saltaron esa reducción de retribuciones a cargos electos la Diputación de Jaén, y los ayuntamientos de Almería, Algeciras, Benalmádena, Estepona, Fuengirola, El Puerto de Santa María, La Línea de la Concepción, Alcoy, Cáceres, y Alcalá de Henares.
Sobre la transparencia de las decisiones en materia de retribuciones, el informe revela que sólo entre el 40 y el 43% de las corporaciones publicaron oficialmente todos los acuerdos referidos a estas cuestiones. mientras que el 36% no identifica ningún acuerdo.
Además, únicamente el 33% de las entidades tiene colgado en sus webs institucionales el régimen de retribuciones de sus cargos electos. Y sólo el 19% refleja exactamente en esas páginas lo que cobran exactamente sus miembros.
El total de las retribuciones obtenidas en 2010 por los cargos de las 172 corporaciones estudiadas ascendió a 169,80 millones de euros, lo que supone una retribución media de 37.970 euros para sus 4.472 miembros.
Sin embargo, el tribunal considera que ese cálculo es engañoso, ya que ello incluye a numerosos cargos que no tienen dedicación exclusiva o ni siquiera parcial.
Así, analizados sólo los cargos con dedicación exclusiva, en el caso de alcaldes o presidentes de diputación, tuvieron una retribución media de 74.463 euros (también por encima del sueldo de un ministro); los tenientes de alcalde o vicepresidentes, 60.975; y los concejales o diputados provinciales, 52.439.
Del dinero global percibido, 144,36 millones de euros lo fue en concepto de sueldos y planes de pensiones, 18,87 millones por pagos por asistencia, 4,32 millones por indemnizaciones, y 2,25 millones por retribuciones en entidades dependientes. El estudio ha detectado que los niveles retributivos por cualquier tipo de cargo o dedicación son superiores en las diputaciones provinciales que en los ayuntamientos.
El informe del Tribunal de Cuentas coincide en el tiempo con la negociaciones entre PP y PSOE para cerrar una reforma de la administración local. Precisamente en lo único que coinciden los dos grandes partidos, según han señalado sus portavoces, es en establecer límites a las retribuciones de los cargos electos.
Desde Hacienda ha trascendido que su propuesta es que ninguno supere el sueldo de un secretario de Estado --que es actualmente, tras los sucesivos recortes, de 68.000 euros brutos anuales--. En casi todo lo demás, PP y PSOE están en desacuerdo. El dirigente socialista Gaspar Zarrías ha amenazado este sábado con acudir al Tribunal Constitucional si el PP insiste en aprobar una norma que califican de atropello a las competencias de los ayuntamientos.
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