El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha remitido este viernes al Reino Unido información complementaria a la euroorden contra Clara Ponsatí, como le reclamaron las autoridades británicas, y en un escrito acusa a la exconsellera de haber actuado para "conseguir la alteración del orden legal y constitucional vigente".

En un escueto informe, el magistrado instructor destaca que Ponsatí, junto al resto del Govern, dio pasos para facilitar la celebración del referéndum de independencia de Catalunya "pese a conocer la ilegalidad y nulidad del proceso, que finalmente desembocó, tal y como se preveía, en actos violentos".

Llarena recuerda que Ponsatí, a la que reclama por sedición y que se encuentra en Escocia, era 'consellera' de Educación y que, como tal, el 6 de septiembre de 2017 firmó el decreto por el que se convocaba el referéndum, pese a las resoluciones del Constitucional que lo habían declarado nulo y que habían advertido a los miembros del Govern de las consecuencias penales si se continuaba con el "procés".

El 29 de septiembre de 2017, continúa, dio instrucciones para ceder el uso de los centros de enseñanza de la comunidad, que dependían de ella, para que fueran utilizados como colegios electorales el 1-O, y lo hizo también "con pleno conocimiento" de que el Constitucional había suspendido el decreto de convocatoria de la consulta.

Autoridad pública que desobedeció al TC y TSJCat

Llarena destaca que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya había ordenado además a las fuerzas policiales que procedieran al cierre de los centros de votación e impidieran el referéndum y que el 28 de septiembre los responsables de los Mossos habían alertado al Govern de que "era probable una escaldada de violencia con brotes importantes de enfrentamientos el día 1 de octubre, como finalmente ocurrió".

En resumen, concluye, Ponsatí, en su condición de autoridad pública y en ejercicio de sus funciones en Catalunya, el 6 y el 29 de septiembre de 2017 "desobedeció las resoluciones y los requerimientos reiterados del Tribunal Constitucional del Reino de España, así como la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya" y tomó medidas para celebrar el referéndum.

"Todo ello con el objetivo de conseguir la alteración del orden legal y constitucional vigente", concluye el escrito, enviado en español y en inglés a través de SIRENE, el sistema por el que se comunican las órdenes de detención europeas.

De solicitud 'desproporcionada' a falta información

La nueva euroorden contra Ponsatí no ha estado exenta de polémica, ya que el pasado miércoles se informó de que las autoridades británicas la habían calificado de "desproporcionada", aunque después señalaron que se había tratado de un error y que su objetivo era señalar que falta información esencial.

En su respuesta, Llarena explica también a las autoridades británicas que el relato de los hechos que les envió en un primer momento son el plan seguido por el Gobierno autónomo de Catalunya y miembros de su Parlamento "para forzar y obtener la independencia".