En 2014, Andalucía aprobó por unanimidad de todos los partidos la Ley integral de Transexualidad y se convirtió en la primera comunidad que incluía la asistencia sanitaria de las personas transexuales en su cartera de servicios. En realidad ya lo era antes de que se aprobase la ley, con una unidad centralizada para toda la región específica para estos tratamientos (ubicada en el hospital de Málaga), y posteriormente la legislación habilitó unidades de tratamiento especializado en las ocho provincias. Dos años después de que se aprobara aquella ley, el Gobierno andaluz ha aprobado el primer informe sobre actuaciones en materia de identidad de género, que revela un incremento notable de las solicitudes para cambio de sexo: más de 5.100 peticiones, muchas de ellas de fuera de Andalucía.

El sistema sanitario andaluz ha asesorado a 1.271 personas transexuales entre 2014 y 2016 y la mayoría termina iniciando los trámites necesarios para la reasignación de sexo. En el análisis que la Consejería de Salud aporta al informe destaca el número de jóvenes que ha iniciado el procedimiento de cambio de sexo: 201 menores de 14 años en los últimos dos años.

En 2015 se fueron atendidos 66 menores, de las cuales 34 eran solicitudes nuevas que entraron por Pediatría y las 32 eran revisiones de procedimientos ya iniciados el año anterior. El pediatra o el médico de cabecera es el primero que recibe al joven, el primero que le receta hormonas y el único que está fuera de la UAPT (Unidad de Atención a Personas Transexuales). En estas unidades ya están coordinados todos los especialistas por los que va a pasar el paciente, aunque la pieza central del equipo será el endocrino. En 2016 el número se duplicó: 46 solicitudes nuevas de menores en primera consulta (24 de ellas derivadas de Pediatría o Atención Primaria) y 84 revisiones de años anteriores. El primer año de vigencia de la Ley andaluza de Transexualidad (2015) se cerró con 66 menores atendidos y el segundo año eran ya 135.

El protocolo de atención a menores transexuales es un proceso largo y complejo en el que el niño o la niña pasa por las manos de hasta diez especialistas, desde Medicina General, Pediatría, Endocrinología, Ginecología y Obstetricia, Urología, Otorrinolaringología, Medicina Física y Rehabilitación, Salud Mental, Cirugía General y Digestiva, Cirugía Plástica y Reparadora. Las consultas para la reasignación de sexo se computan cuando los demandantes entran en el área de Endocrinología: 4.900 adultos y 201 menores de 14 años.

Una de las razones de por qué se ha incrementado el número de jóvenes demandantes tiene que ver con que Andalucía diseñó un protocolo de actuación específico para menores, diferente al de adultos. A los menores transexuales se les inyectan hormonas para bloquear la pubertad, y en adultos se introduce el tratamiento cruzado (se usan hormonas femeninas o masculinas, según el caso). La Consejería de Salud fija el tiempo de demora que se tarda en pasar de un escalón al siguiente, agilizando los trámites intermedios para la operación de reasignación de sexo, como el uso de bloqueadores inyectables que frenan el desarrollo secundario (que una niña no desarrolle mamas ni menstruación o que a un niño no le salga la voz grave ni vello en el cuerpo), unos fármacos que en la sanidad andaluza ya se usaban para frenar la menstruación prematura en niñas de 6 o 7 años.

El año pasado, Salud registró 948 solicitudes nuevas de personas transexuales y 1.951 revisiones de años anteriores (en total 2.984 personas). Andalucía no es la única comunidad con una ley propia que reconoce los derechos de las personas transexuales, pero fue la primera que eliminó el examen psicológico y el diagnóstico previo que hasta entonces era obligatorio antes de someterse a un proceso de hormonación, primer paso para la operación de cambio de sexo (aún lo exigen en País Vasco o Navarra).

El informe bienal sobre identidad de género fue aprobado por el Consejo de Gobierno y será remitido próximamente al Parlamento andaluz. El texto propone una serie de recomendaciones para mejorar la atención a las personas transexuales, por ejemplo, una mayor formación a los médicos de cabecera y al personal administrativo, y la actualización del sistema informático para que siempre aparezca el nombre usado por la persona.

En el ámbito laboral se sugiere la implantación de incentivos a la contratación y en materia educativa piden la revisión del currículo para explicar mejor la condición transexual. El informe bianual es un mandato de la Ley andaluza de Transparencia, una norma que garantiza el derecho de autodeterminación de género de las personas transexuales.

La norma se aprobó en el Parlamento por unanimidad de todos los grupos, pero el Gobierno central estuvo a punto de recurrirla porque discrepaba del trato que se le daba a los menores. Al final las discrepancias se resolvieron incluyendo en el articulado la tutela de la Fiscalía de menores y de los organismos públicos, dependientes de la Consejería Igualdad, que velan por los derechos de los niños. La ley contempla una fase de apoyo psicológico a los padres de menores de 12 años.

Los colectivos que defienden los derechos de las personas transexuales y que colaboraron en el diseño de la ley aseguran que el efecto de los bloqueadores es reversible, y que si se suspende el tratamiento durante seis meses, sus efectos desaparecen. Con la norma andaluza, los menores tienen pleno derecho a recibir “la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención a la etapa de la pubertad”. Para dar mayor seguridad jurídica, la ley incorporó una mención a la Ley del Menor y la normativa sobre información clínica.