Un juzgado de Barcelona investiga otra querella de una inmobiliaria contra la alcaldesa, Ada Colau, por presionarla presuntamente con sanciones para evitar el desahucio de un inquilino considerado vulnerable, en lo que supone su cuarta causa penal abierta en puertas de las elecciones municipales.

Según han confirmado a la Agencia Efe fuentes municipales, la titular del Juzgado de instrucción número 20 de Barcelona ha admitido a trámite la querella, que acusa a la alcaldesa de la capital catalana de los delitos de coacciones y prevaricación.

La querella, que según el consistorio firma la misma abogada que interpuso la de la inmobiliaria Vauras -causa también bajo investigación-, se dirige además contra la concejal de Vivienda, Lucía Martín, y contra trabajadoras del SIPHO, servicio municipal destinado a evitar el desahucio de personas vulnerables, así como de la Unidad de Disciplina y del Distrito de Gràcia.

La inmobiliaria Juninmo acusa a la alcaldesa por un caso de desahucio ocurrido en el año 2021, cuando el servicio de mediación de SIPHO intervino para evitar el desalojo de un vecino de Les Corts considerado vulnerable, que finalmente no se llevó a cabo gracias al acuerdo entre el inquilino y la empresa propietaria del inmueble.

Durante el proceso, el Ayuntamiento incoó a la inmobiliaria un expediente por no ofrecer al inquilino alquiler social -en base a un artículo de la ley catalana de vivienda que así lo preveía antes de que el Tribunal Constitucional lo anulara-, que acabó archivándose.

A la misma inmobiliaria, la Dirección de Licencias de Ecología Urbana le incoó otro expediente sancionador por un piso turístico ilegal, en el que, resalta el consistorio, no tuvo intervención alguna ni la Oficina de Vivienda de Les Corts ni el SIPHO.

Ese expediente también fue archivado, tras las alegaciones presentadas por la propiedad, tal y como prevé la normativa que regula el procedimiento administrativo, añaden las mismas fuentes.

Como en el caso de la querella presentada por el fondo de inversión Vauras, la inmobiliaria acusa al Ayuntamiento de haber utilizado esos expedientes sancionadores como mecanismo de presión para coaccionarla de forma que acabara frenando del desahucio.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han defendido que esta querella supone un nuevo caso de guerra jurídica contra la alcaldesa y han reivindicado que el SIPHO constituye una "buena práctica" en materia de políticas públicas sobre vivienda que ha sido reconocida por Naciones Unidas y por la ONG World Habitat.

Por el momento, el juzgado de instrucción ha requerido el expediente del desahucio al de primera instancia que lo ordenó y también ha solicitado el del proceso sancionador.

Con esta querella, Colau suma su cuarta causa penal abierta cuando falta poco más de un mes para las elecciones municipales: otros tres juzgados la investigan por el proyecto de "superilles" del Eixample, por supuestas presiones al fondo de inversión Vauras para forzarlo a ceder alquiler social y por las subvenciones municipales a entidades afines.