El Tribunal de Cuentas investigará la legalidad de los 2,3 millones de euros que el Gobierno del PP pagó con dinero público a un lobby estadounidense para que el ex presidente José María Aznar consiguiera la (frustrada) Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos.

Así consta en una providencia del órgano fiscalizador con fecha del pasado miércoles, y con la que da respuesta a la denuncia presentada por los abogados José Luis Mazón, Encarnación Martínez y la asociación 'Preeminencia del Derecho'.

Una denuncia dirigida a los integrantes del Consejo de Ministros que en su reunión del 26 de diciembre de 2003 'tomaron el acuerdo de gasto de 2,3 millones de euros para suscribir un contrato con la empresa norteamericana Piper Rudnick' para promover la imagen del ex presidente en EEUU y conseguir las firmas necesarias para que le concediesen la medalla.

En la providencia, que recoge la denuncia de los abogados, se añade que 'supuestamente' el Gobierno, en ese Consejo de Ministros, 'desvió una parte' del importe del citado contrato a 'promocionar la concesión al señor Aznar' de una Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos.

El Tribunal de Cuentas ha abierto las diligencias preliminares por esta denuncia y ha trasladado la documentación al Ministerio Fiscal y al abogado del Estado para que, en cinco días, puedan formular sus alegaciones.

Los denunciantes sospechan de un delito de malversación de fondos públicos

También concede diez días a los denunciantes para que determinen si se constituyen en parte del proceso.

Según indican los abogados en su denuncia, ese contrato del Consejo de Ministros se hizo 'por el procedimiento de imperiosa urgencia', por lo que se omitieron otras ofertas.

Añaden que en los servicios que incluía ese contrato, y que por tanto debía cumplir la sociedad 'Piper Rudnick', aparecen 'las actividades dedicadas a la consecución de una Medalla de Oro' a Aznar por el Congreso de Estados Unidos, algo que no estaba previsto en la contratación.

Sobre tales actividades, indican los denunciantes, hay dos facturas, pero si en la primera figuraba la gestión de la concesión de la Medalla, en la segunda tal cometido queda omitido y a él se alude como 'asuntos del Congreso'.

Los abogados Mazón y Martínez iniciaron un proceso contencioso-administrativo por considerar que para la obtención de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos 'no debían utilizarse medios públicos' al ser ésta una 'aspiración personal' de Aznar.

Debido al 'silencio administrativo', los abogados recurrieron a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo, aunque ambas instituciones desestimaron el recurso.

Los abogados, además, comenzaron un proceso penal ante lo que creen un delito de malversación de fondos públicos, que no obstante no admitió un Juzgado de Madrid y después otras instancias judiciales.

Porque los denunciantes, precisamente por considerar que puede haber un delito de malversación de fondos públicos, aprecian una diferencia entre el importe aprobado para formalizar el contrato con 'Piper Rudnick', unos 2,3 millones de euros, y la cuantía contratada, dos millones de dólares.

El ex secretario de Estado de Asuntos Exteriores Bernardino León, hoy secretario general de Presidencia del Gobierno, manifestó en el Congreso de los Diputados en septiembre de 2004 que las gestiones del Ejecutivo de Aznar para la consecución de la Medalla de Oro resultaron 'poco escrupulosas'.