Fraude de los ERE Grietas en el banquillo de los ERE: los que mandan no vieron el fraude, los mandados cumplían órdenes

El juicio de los ERE está condicionado desde el minuto uno por la atención mediática, prueba de ello es que las defensas de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán han adelantado sus informes de conclusiones cuando el proceso apenas ha arrancado. No es el orden habitual, pero una cámara está retransmitiendo en directo las sesiones, seguidas de cerca por 160 periodistas acreditados, y Canal Sur televisión emite la señal por uno de sus canales. Para las partes -acusación y defensa- es importante que su alegato prevalezca desde el principio en los oídos de la opinión pública. Después de siete largos años de instrucción, ya nadie duda de que el juicio por el mayor caso de corrupción que ha golpeado al Gobierno andaluz en décadas no se circunscribe sólo a lo que pasa entre las cuatro paredes de la sala de vistas.

Quedan muchos meses de juicio, pero los abogados de Chaves y Griñán ya han anticipado su relato de los hechos y sus conclusiones. Las tres primeras jornadas del proceso no sólo han servido para que el fiscal y la acusación particular midan sus fuerzas con los abogados que representan a los 22 exaltos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación de fondos. También se ha desvelado otra clave fundamental del caso ERE: no habrá unidad de acción en las defensas, cada una responde por el espacio de responsabilidad que su cliente tenía en el Gobierno (ni más ni menos). De modo que los alegatos de unos pueden conducir a la culpabilidad de otros. Los abogados de los dos expresidentes, por ejemplo, han descargado toda la responsabilidad del fraude de los ERE en sus altos cargos de segundo nivel y tercer nivel, personas con quienes compartían gabinete y ahora comparten banquillo, se sientan junto a ellos y detrás de ellos en la sala de vistas.

Los letrados de los seis exconsejeros imputados han hecho lo mismo. Ni sabían ni podían saber, dicen, apuntando también hacia sus subalternos. Los 22 acusados representan una pirámide de poder dentro de la Junta: empieza por los expresidentes en la cúspide y va descendiendo peldaños hasta los directores generales y secretarios de Empleo. Los de arriba dicen que no vieron el fraude porque estaban muy arriba y su función no era revisar al detalle cada ayuda y prejubilación que la Junta pagaba; los de abajo sostienen que hacían lo que venía mandado de arriba, y en el marco de la ley.

Y, entre todos, sobresale la versión del exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, el hombre encargado de fiscalizar el uso del dinero público en la Administración. Chaves y Griñán le reprochan concretamente a él que no les alertara de que se estaba cometiendo un delito, y Gómez ha insistido en que dio sobradas advertencias (hasta 15 informes) de que la concesión de ayudas sociolaborales se estaba haciendo sin control y con arbitrariedad. El exinterventor se enfrenta a ocho de prisión por malversar fondos (dos años más que Griñán). El fiscal cree que ambos participaron de un sistema irregular para otorgar ayudas y que conocían el destino del dinero defraudado de la partida presupuestaria 31L, dotada de 855 millones en diez años. Su versión choca con la del expresidente -Gómez las tildó de “indignas”-, pero el escrito de defensa de Griñán rehúye confrontar con él, ni le culpabiliza ni le atribuye responsabilidad penal.

He aquí el alegato final de los expresidentes, que en realidad ha servido de punto de partida al juicio: si hubo fraude con el dinero de los ERE, no estaba en el diseño del sistema ideado por el Gobierno andaluz para pagar ayudas durante una década (2000-2010), sino en el uso que algún alto cargo de la Consejería de Empleo hizo de ese sistema. No había una trama generalizada y orquestada desde lo más alto del Ejecutivo, sino “desviaciones y abusos concretos” en la gestión del fondo de los ERE (conocido como fondo de reptiles). Si existió ilegalidad, no existió en la Ley de Presupuestos, que incluía el método de pago bajo sospecha (las transferencias de financiación), porque eso obligaría a extender la imputación más allá del Consejo de Gobierno; también el Parlamento estaría implicado y los grupos de la oposición, dado que dicha ley pasó por la Cámara, fue aprobada y fiscalizada por el resto de partidos. “Si esto tiene trascendencia penal, entonces la mayoría de gestores públicos estarían imputados”, dijo el letrado de Griñán, José María Mohedano.

Nueve meses de juicio

Y por último: los expresidentes no pudieron “frenar a tiempo” el fraude, como sostiene el fiscal, porque la Intervención General de la Junta nunca alertó de que se estuviera produciendo un delito de menoscabo de fondos. La Fiscalía les reprocha que no atendieran 15 informes del interventor advirtiendo de posibles irregularidades y de la arbitrariedad en la concesión de ayudas, pero los expresidentes replican que ninguno de esos informes encendió el código rojo, ninguno denunció un delito, que hubiera obligado a una actuación más contundente. Por lo tanto, Chaves y Griñán reclaman su absolución y sostienen que ni conocían ni podían conocer el fraude que se estaba produciendo en las arcas públicas (y que se prolongó durante una década), ni recibieron los avisos de alerta del órgano supervisor.

Las defensas de los exconsejeros también han cuestionado duramente el escrito de la Fiscalía. El abogado del extitular de Empleo Antonio Fernández, el único miembro del Consejo de Gobierno que ha pasado por prisión, ha sido muy duro con el PP que, como acusación particular, defiende que “toda la partida 31L (los 855 millones de euros) era ilegal”. “Hubo en diez años 6.300 trabajadores beneficiados por estas ayudas, sólo el 0,3% eran intrusos, personas que nunca trabajaron para la empresa que recibió un ERE. ¿Acusamos a todos?”, se preguntó.

El letrado de la exconsejera de Economía y exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, sentenció que “no existe el procedimiento específico”, el sistema de ayudas que se juzga en esta pieza. Cada ayuda bajo sospecha de irregularidad -unas 200- “son independientes del instrumento presupuestario elegido para pagarlas”, advirtió. La abogada del exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, intentó que se leyera el escrito de acusación de la Junta para completar el relato del fiscal, del PP y de Manos Limpias, pero el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, se negó y tuvo que recordarle que la Junta fue expulsada del proceso cuando pidió el archivo de la pieza política, lo que se interpretó más como una acción de defensa que de acusación.

Chaves y Griñán están acusados de un delito de prevaricación por haber consentido o por “no haber frenado” un sistema diseñado por el Gobierno andaluz para agilizar el pago de prejubilaciones a miles de trabajadores y ayudas directas a empresas en crisis. Un mecanismo que no estaba fiscalizado, carecía de control y permitió otorgar las ayudas con cierta discrecionalidad, sin publicidad ni concurso público, permitiendo un fraude a las arcas públicas que la Fiscalía ha cifrado en 742 millones de euros. Por ello se enfrentan a diez y 30 años de inhabilitación para cargo público. A Griñán se le imputa también malversación de fondos, un delito que supuestamente cometió mientras fue consejero de Economía y su departamento implementó y prorrogó la fórmula presupuestaria que dio origen al fraude.

El calendario previsto para el juicio de los ERE se ha desmoronado nada más empezar debido, en parte, al enorme interés mediático que recae sobre él. Las tres primeras jornadas del juicio han servido para escuchar la lectura de los escritos de acusación y defensa, una información que ya era bien conocida por todos, pero que las partes han querido reproducir íntegramente. Como consecuencia, el arranque como tal del juicio -la presentación de las cuestiones previas- se ha postergado hasta después de las Navidades.

El presidente del tribunal ha suspendido el proceso hasta el próximo 9 de enero. Fuentes del caso prevén ya que la duración del juicio se alargue más de lo previsto, que los acusados principales -Chaves y Griñán- no testifiquen hasta bien entrada la primavera, y que la sentencia tarde entre nueve meses y un año en escucharse. Las acusaciones y las defensas eran conscientes de que esto podía ocurrir cuando iniciaron su estrategia de dilatación con la lectura densa de sus alegatos. La sentencia del caso ERE se conocerá a finales de 2018, muy cerca del arranque de la campaña para las elecciones autonómicas en Andalucía y su resultado condicionará, para bien o para mal, las expectativas del PSOE y de su candidata, la presidenta de la Junta, Susana Díaz.