La jueza procesa a Eduardo Zaplana por el caso Erial

El Juzgado de Instrucción número 8 de València ha procesado al exministro de trabajo con el PP y 'expresident' de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana por el conocido como caso Erial.

Así se desprende del auto de procesamiento, notificado este jueves a las partes, por parte del Juzgado que investiga el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana.

Junto a Zaplana se ha procesado a otros investigados como el considerado presunto testaferro del 'expresident' Joaquín Barceló; el también 'expresident' de la Generalitat José Luis Olivas y Vicente y José Cotino, entre otros. Por otro lado, ha decretado sobreseimiento provisional de la causa para la hija de Zaplana y su mujer al no ver indicios de delito.

Qué es el caso Erial

El caso Erial se centra en las adjudicaciones de las ITV de la Comunitat Valenciana en 1997 y en el plan eólico autonómico en 2011. El caso se abrió para investigar el supuesto cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y del plan eólico en la Comunitat.

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, han logrado recuperar cerca de 7 millones de euros que habían sido transferidos a una entidad bancaria suiza y cuya propiedad, al 90%, es de Zaplana, según estimaciones de las fuentes judiciales consultadas.

Según consta en el sumario del caso, las adjudicaciones amañadas pudieron reportar a esta organización corrupta un monto total de 10.521.351,3 euros. Parte de estos supuestos sobornos fue a parar a dos sociedades de Luxemburgo en una operación accionarial efectuada por los sobrinos del ex director general de la Policía, exvicepresidente del Gobierno valenciano y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino (Vicente y José Cotino), que transfirieron 6,4 y 2,18 millones de euros.

Estos pagos se hicieron, siempre según el relato de los investigadores, durante los años 2005 y 2006 por el grupo empresarial de los Cotino (Sedesa) utilizando parte de los beneficios obtenidos en la sociedad concesionaria de las ITV.

Además de la cuestión central –las adjudicaciones y las supuestas mordidas millonarias–, la causa tiene otras ramificaciones en forma de operaciones societarias e inmobiliarias, ante la sospecha de que pudiesen haber servido para repatriar aquellos fondos opacos.