El caso Koldo se enreda cada día más. Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que investiga las presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, señala directamente a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, como "intermediario" en la trama. 

"La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo", apunta el juez Ismael Moreno en un auto del pasado 7 de febrero.

De momento, ni Ábalos ni Pombo figuran como investigados en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional contra siete personas, una de ellas Koldo García, quien fuera mano derecha de Ábalos y el principal comisionista de la trama. Todos los investigados están acusados de delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. 

Para el juez Moreno, la consideración de Ábalos como "intermediario" se sustenta en un encuentro entre Koldo García y el exministro socialista que tuvo lugar el pasado 10 de enero en un restaurante de Madrid. "Koldo se reúne entre otras personas con José Luis Ábalos en una zona reservada de la marisquería La Chalana entre las 21.15 y las 22.20 horas aproximadamente, como queda reflejado en el oficio policial", precisa el juez en el auto.

Para el juez, esta reunión "tiene un especial interés para los hechos investigados" habida cuenta de la conversación telefónica mantenida el día anterior entre el empresario Juan Carlos Cueto, presunto cerebro de la trama, y Koldo García.

Según se desprende de la investigación judicial, en dicha llamada "Cueto le pedía a Koldo que antes de que se fuese de viaje a Perú el día 11 de enero le dijese algo a un tercero", escribe el juez Ismael Moreno en su auto. Ese tercero sería Ábalos, según el juez.

"De hecho, Koldo le informaba a Cueto que una de las cosas a tratar con una de las personas que se reunirá al día siguiente –cuando se reúne con Ábalos– era esa; se entiende que se refería a las gestiones realizadas con la Administración balear para solucionar la reclamación de 2,6 millones de euros realizada a Soluciones de Gestión [la empresa a la cual se adjudicaron los contratos por los que se cobraron las comisiones]", añade el juez.