El titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid ha accedido a la petición de las acusaciones populares en el 'caso Mascarillas' y ha retirado el pasaporte a Luis Medina y Alberto Luceño, tras su declaración de este lunes. Además les impone comparecencias quincenales.

La decisión del juez Adolfo Carretero se produce después de las declaraciones de ambos investigados, en las que no han querido contestar a las preguntas de la Fiscalía ni de las acusaciones, sólo a las de juez y a las de sus letrados. 

Han sido declaraciones breves. Luceño y Medina han reivindicado la "legalidad" de sus comisiones de seis millones de euros en total. 

A su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla este lunes, ambos comisionistas se han saludado y han hablado unos instantes, algo que ha llamado la atención puesto que en su declaración ante el fiscal, hace un año, Medina aseguró que no hablaba con Luceño desde que cerraron los acuerdos para las comisiones con la empresa Leno, adjudicataria del Ayuntamiento de Madrid. 

También dijo entonces que se había enterado por la Fiscalía que Luceño se había llevados seis veces más comisiones por él y que el acuerdo inicial era que se repartieran la comisión a partes iguales con la empresa Leno. 

Pero este lunes Medina ha cambiado de versión y ha dicho que no se siente engañado por Luceño en el reparto de las comisiones. 

En el auto del juez Carretero, al que ha tenido acceso Público, se indica que ambos comisionistas "ocultaron con engaño y ánimo de lucro al ayuntamiento que los precios se habían elevado un 60% en el caso de las mascarillas; un 81% en el caso de los guantes; y un 71% en el caso de los test debido a las comisiones que habían pactado los investigados  con la empresa Leno". 

El juez: "Los delitos son graves"

Además el juez dice que los presuntos delitos por los que están siendo investigados Luceño y Medina "son graves, no sólo por su enorme trascendencia pública, al ser cometidos en la peor época de la pandemia, con miles de fallecimientos diarios y afectar a fondos públicos necesarios para conseguir materiales sanitarios de primera necesidad".

También son graves, según el juez, porque los presuntos delitos llevan aparejadas penas de 23 años de prisión, "lo que supone la posibilidad de riesgo de fuga por mucho que el investigado tenga arraigo y quiera colaborar con la justicia, ya que es también connatural a la naturaleza humana tratar de evitar tan duras penas".