BILBAO.- El presidente de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Manuel Ayo, ha recordado este jueves al jurado del 'caso shaolín' que, aunque Juan Carlos Aguilar ha reconocido "una serie de hechos", no se ha arrepentido ni existe atenuante de confesión a la hora de valorar los hechos en torno a los asesinatos de Yenny Rebollo y Ada Otuya en mayo y junio de 2013. Además, ha destacado que, para que haya ensañamiento, debe haber un propósito de causar "un sufrimiento inhumano e innecesario" a la víctima.

Ayo, como magistrado-presidente, ha dado instrucciones al jurado popular, compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres, de cara a la deliberación para determinar o no la culpabilidad de Aguilar, después de que este miércoles finalizara el juicio que comenzó el pasado viernes, 17 de abril.

Posteriormente, el juez ha entregado el objeto del veredicto, redactado por él mismo, a los jurados, que deberán deliberar tras designar a un portavoz que les dirija y decidir si el encausado es culpable o no de un asesinato con alevosía en el caso de Rebollo y de asesinato con alevosía y ensañamiento en el de Otuya.

El máximo representante de la Audiencia vizcaína ha explicado que, a la hora de hacer sus valoraciones, los miembros del tribunal popular "tienen que partir de un hecho innegable y es que el acusado ha admitido una serie de hechos".

"No es que el acusado se haya arrepentido o mostrado formalmente una conformidad, que son términos jurídicos distintos, lo que ha hecho es admitir, en ese interrogatorio, una serie de hechos a preguntas que le efectuó el ministerio fiscal", ha añadido.

El magistrado ha recordado que el procesado se acogió "al derecho constitucional de guardar silencio" y no respondió a las preguntas de las acusaciones popular y particulares. "El interrogatorio del acusado no lo deben entender como la expresión de un arrepentimiento o como una confesión de los hechos que da lugar a un atenuante ni nada por el estilo", ha añadido.


Además, les ha explicado que el ensañamiento, que el jurado tiene que determinar si se produjo o no en el asesinato de Ada Otuya, consiste en "causar deliberadamente y de forma inhumana una serie de males innecesarios a la víctima, causándole un dolor o un sufrimiento mayor, pero teniendo la conciencia y el propósito de causar ese mayor dolor o sufrimiento absolutamente innecesario" para matar a Otuya.

En un principio, Manuel Ayo ha recordado que, en este enjuiciamiento, el tribunal popular debe partir "de una premisa fundamental y es que, mientras no se declare lo contrario", Aguilar "debe ser presumido inocente". "Deben ser después las pruebas las que determinen su culpabilidad o no", ha destacado.

Las penas pedidas

Las acusaciones del 'caso del falso shaolín' elevaron este miércoles a definitivas sus calificaciones iniciales en las que pedían entre 40 y 45 años de cárcel para el procesado, Juan Carlos Aguilar, por la comisión de dos asesinatos.

El fiscal cree que los crímenes del acusado "representan la maldad en sí misma", pero considera que no hubo ensañamiento. Por ello, solicita un total de 40 años de cárcel para Aguilar por los asesinatos con alevosía de Otuya, nigeriana de 29 años, y de Yenny Rebollo, colombiana de 40 años.

El fiscal cree que los crímenes del acusado "representan la maldad en sí misma"

Además de los 20 años de prisión que reclama por cada uno de los crímenes, el ministerio público pide que el acusado indemnice a las familias de las víctimas con 286.000 euros.

El abogado de los familiares de Rebollo, Jorge García Gasco, también solicita que se condene al 'falso monje Shaolín' a 20 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía ya que, al ser descuartizado el cadáver de la víctima tras su muerte, no se ha podido determinar cómo la mató el procesado ni si hubo ensañamiento. El letrado pretende que el procesado abone a la familia 212.00 euros.

Cinco años más de cárcel, un total de 25, solicita el abogado de la familia de Ada Otuya que se imponga a Juan Carlos Aguilar, por asesinar con ensañamiento y alevosía a los familiares de la nigeriana, a la que la Ertzaintza encontró en el gimnasio del acusado (en el que había permanecido 12 horas) en estado de parada cardiorrespiratoria.

El letrado José Miguel Fernández López de Uralde reclama, además, que el acusado sea condenado al pago de una indemnización de 252.000 euros a los padres y hermanos de Otuya.

La acusación popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor, por su parte, pide para el 'falso shaolín' un total de 45 años de cárcel, 20 por el asesinato con alevosía de Jenny Rebollo y 25 por el de Ada Otuya, al considerar que en este último caso está demostrado también el ensañamiento.

La abogada Maite Iturrate, al igual que Fernández López de Uralde, cree que ha quedado acreditado durante la vista oral que la joven nigeriana recibió "muchos golpes" y se ha demostrado que era cierta su "versión" de los hechos.

Por su parte, la abogada del procesado, Livia González, mantuvo que no había habido ensañamiento en los crímenes y destacó que Juan Carlos Aguilar los había confesado.

Tras la entrega por el magistrado-presidente del objeto de veredicto, el Jurado se ha retirado a deliberar. La deliberación será secreta y a puerta cerrada, sin que se les permita comunicación con ninguna persona hasta que hayan emitido el veredicto. Para declarar la culpabilidad del acusado, son necesarios siete votos, y para la inculpabilidad son precisos cinco.

Si en dos días no ha tomado una determinación, el juez podría convocarles a una comparecencia para tratar de solventar sus dudas. Además de decir su Aguilar es culpable o no, deberá pronunciase sobre si serían favorables o no a un indulto.