El juez Pablo Llarena Conde (Burgos, 1963) no ha cumplido aún los 60 años y podría ser uno de los magistrados más jóvenes en entrar en el Tribunal Constitucional (TC). Es la apuesta más importante del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e incluso uno de sus vocales ya luce en su perfil de WhatsApp una foto junto al insigne magistrado del Supremo, instructor de la causa del 'procés', como ha podido comprobar este diario. 

Llarena primero dijo que no a los vocales conservadores cuando a mediados de septiembre le tantearon como posible candidato para ir al Tribunal Constitucional, justo después de cumplirse el plazo legal para que el CGPJ designara a sus dos magistrados para el tribunal de garantías. Esgrimió, al parecer, cuestiones éticas relacionadas con su presidencia de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) entre 2013 y 2015, siendo esta asociación, la mayoritaria de la carrera judicial y de corte conservador, una de las principales reivindicadoras de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sea la judicatura la que elija a los vocales judiciales del CGPJ sin participación del Parlamento.

Pero tras la designación del magistrado José Manuel Bandrés por el bloque progresista del Congreso como su candidato para el TC, miembro fundador de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), el horizonte se despeja para una posible candidatura de Llarena por parte de los conservadores del Consejo. 

El bloque conservador ha pedido tiempo al progresista para encontrar candidato; en concreto dos semanas. En la reunión de este jueves de la comisión negociadora del CGPJ se acordó una siguiente reunión para el 16 de noviembre. Para entonces, los vocales conservadores creen que ya tendrán candidato e incluso indican que la designación de los dos magistrados del TC que le corresponde hacer al Consejo podría quedar finiquitada en un pleno extraordinario del 24 de noviembre, según ha podido saber Público de fuentes jurídicas. 

Esperando la decisión del Supremo sobre Mozo

No obstante, la fecha del pleno definitivo para la renovación del Tribunal Constitucional no se fijará hasta que el Supremo se pronuncie sobre la medida cautelar pedida por el vocal Wenceslao Olea para suspender el nombramiento de Rafael Mozo como presidente suplente del CGPJ, indican fuentes jurídicas. El Alto Tribunal descartó aplicar la medida cautelarísima de suspender de forma inmediata el nombramiento, es decir, sin escuchar a la otra parte, ante el recurso planteado por Olea. Ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo debe resolver la medida cautelar, es decir, escuchando al CGPJ, antes de entrar en el fondo de la cuestión: si el nombramiento fue conforme a derecho o si el pleno del CGPJ no podía elegir a un presidente suplente porque el cargo recae automáticamente en el presidente en funciones del Supremo, Francisco Marín Castán.

Pese a que la comisión negociadora del Consejo ha pactado no imponer vetos sobre el candidato del bloque contrario, este jueves se escapó por parte de los representantes del bloque conservador alguna pega respecto a Bandrés, magistrado de la Sala Tercera del Supremo desde 2003; un jurista con fama de solvente y conciliador en la carrera judicial.

No obstante, los conservadores se han comprometido a estudiar la candidatura de José Manuel Bandrés y a dar su parecer en la próxima cita de la comisión. 

El sector progresista aduce que Bandrés es un candidato "inmaculado"; no ha ostentado cargo público que se le pueda reprochar y niegan que su perfil sea procatalanista o que pueda beneficiar las tesis de los soberanistas catalanes, como se ha insinuado desde sectores derechistas. Bandrés pasó buena parte de su carrera destinado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Catalunya. 

Vinculado a Catalunya

También en Barcelona ha pasado buena parte de su trayectoria el magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo Pablo Llarena. Estuvo destinado primero en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona, pasando después a la sección sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, que acabó presidiendo en febrero de 2011. 

Su ascenso al Tribunal Supremo no estuvo exento de polémica. En enero de 2016 el CGPJ le nombró magistrado de la Sala Segunda, a donde llegó sólo con 53 años. La Asociación Juezas y Jueces para la Democracia recurrió su nombramiento por considerar que en el proceso de selección el Consejo presidido por Carlos Lesmes se había excluido ilegalmente a ocho de los 13 candidatos. El recurso fue finalmente tumbado por el Supremo. 

Menos de un año después de que el recurso contra su nombramiento fuera inadmitido, la Sala de lo Penal, presidida por Manuel Marchena, le asignó a Llarena la instrucción del proceso contra los líderes del 'procés' catalán, la causa judicial más importante de los últimos lustros en España. 

Cinco años detrás de Puigdemont

El juez Llarena lleva invertidos cinco años y oficialmente tres intentos fallidos de lograr la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont para que sea juzgado por malversación y sedición por el 'procés' independentista. 

Llarena se dirigió a la Justicia europea para obtener explicaciones ante la negativa de los jueces belgas a extraditar al exconseller Lluis Puig, reclamado, igual que Puigdemont y los exconsellers Clara Ponsati y Toni Comín, a través de euroórdenes reactivadas el 14 de octubre de 2019. Mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no resuelva esa cuestión prejudicial, será inviable ejecutar las extradiciones.

No obstante, este verano el abogado general del TJUE dictaminó en un informe no vinculante sobre el caso de Lluis Puig que el juez del Supremo está legitimado para dictar las órdenes de detención europeas y que Bélgica no puede negarse a la ejecución de dichas euroórdenes ni estipular qué tribunal de otro país que pide auxilio judicial es el competente. 

Así las cosas, parece que el camino se allana para el juez Llarena, pero no significa que si la respuesta del TJUE le es favorable--se espera el pronunciamiento en poco tiempo-- pueda ver cumplida inmediatamente la extradición, pues la decisión la debe tomar la justicia belga en última instancia. 

De momento, Puigdemont goza provisionalmente de la protección que le brinda el Parlamento Europeo como europarlamentario, aunque la Junta Electoral Central (JEC) no le reconoce ni a él ni a Toni Comín, Clara Ponsatí y Jordi Solé como eurodiputados porque no obtuvieron la credencial al negarse a acatar la Constitución en un acto en el Congreso de los Diputados ante la JEC.  

A la defensa de Carles Puigdemont no le salió bien la recusación que presentó contra Llarena por haber recibido un premio de la Fundación Villacisneros, que se autodefine como "defensora de la unidad de España", y, por ello, haber perdido la apariencia de imparcialidad debida, según esgrimía el letrado del expresident. El Supremo rechazó, en febrero pasado, la recusación que hubiera significado apartar a Pablo Llarena de la causa del 'procés', que sigue abierta para Puigdemont y el resto de políticos catalanes huidos.