¿Quién es el juez Juan José Escalonilla?

A pesar de haber estado al frente de algunos casos de gran repercusión mediática y acumular más de 20 años de experiencia en la carrera judicial, el juez Juan José Escalonilla es prácticamente un desconocido para la mayoría de la gente. Casi nadie le suena su nombre y es difícil encontrar una fotografía suya en la red.

Escalonilla comenzó su carrera como juez instructor en Manzanares, un municipio de la provincia de Ciudad Real donde estuvo seis años. De allí fue promocionado a la categoría de magistrado y se trasladó al Juzgado de Primera Instancia número seis de Alcalá de Henares, en Madrid. Después de dos años lo mandaron al juzgado de Collado de Villalba de donde pasó al juzgado de instrucción número 40 de Madrid  y finalmente al número 42, donde sigue a día de hoy.

Una de sus primeras sentencias polémicas tuvo que ver con el chat de policías municipales de Madrid en el que se amenazaba a la entonces alcaldesa, Manuela Carmena. Escalonilla archivó la causa al no ver indicios de discurso de odio. Esto a pesar de que además de insultos a la exalcaldesa, en los chats los policías se lamentaban de que Carmena no hubiera estado en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros.

Recordemos que Manuela Carmena fue una de las fundadoras del despacho de abogados de Atocha donde un comando de ultraderecha asesinó en 1977 a cinco abogados laboralistas, miembros del Partido Comunista.

Esa sentencia de Escalonilla fue además duramente criticada desde Comisiones Obreras, que acusó al magistrado de sentenciar según su ideología. Más recientemente, Escalonilla fue el juez que archivó la denuncia de los vecinos de la Cañada Real contra la Comunidad de Madrid y Naturgy por los cortes de luz.

En su auto, el juez justificaba la actuación de Naturgy asumiendo el relato de la energética que achaca la falta de suministro, que recordemos afecta a cerca de 4.000 personas, a las "sobrecargas por conexiones ilegales e incontroladas y la manipulación de la red". La Audiencia Nacional ordenó reabrir la investigación por considerar que el informe en el que se apoya Escalonilla es un informe de parte. La investigación sigue en marcha, pero mientras tanto, miles de vecinos de la Cañada Real llevan dos años sin luz.

En su auto, el juez justificaba la actuación de Naturgy que dejó a 4.000 personas sin luz

Las familias de la Cañada se quedaron sin calefacción y sin luz,  ¿y a qué ha dedicado sus esfuerzos el juez Escalonilla en los últimos tiempos? Pues básicamente a investigar judicialmente a Podemos. Todo comenzó con la denuncia presentada por el que fuera abogado de la formación, José Manuel Calvente, poco más de 20 días después de que fuera despedido.

La denuncia la presentó en Barcelona, pero el caso fue derivado Madrid, por estar allí la sede de Podemos, en concreto al juzgado de instrucción 42, a cargo de Escalonilla. Los presuntos delitos investigados inicialmente por el juez incluían: financiación irregular, blanqueo, malversación, falsedad documental, administración desleal, delito electoral y apropiación indebida.

La denuncia trató de venderse como una macrocausa con hasta diez líneas de investigación: la caja de solidaridad, la bautizada como caja B de Podemos; los presuntos "sobresueldos"; el caso niñera; la supuesta licitación irregular de las obras de la sede; la contratación de la consultora ABD para campaña electoral; el acceso presuntamente "no consentido" al disco duro de una de las abogadas del partido; el proyecto Impulsa;  las donaciones de la Fundación 25M; las costas judiciales que supuestamente te habrías quedado Pablo; y el caso Neurona.

Pues todas, excepto la relativa a la consultora Neurona, están ya archivadas. Es decir, no se han podido probar ninguno de los delitos de los que inicialmente se acusaba a Podemos. Las investigaciones dirigidas a la búsqueda de "algo" que pudiera ser indicio de delito, como comentabas antes en tu editorial Pablo, se conocen como investigaciones prospectivas y están prohibidas en España y en cualquier Estado de derecho.

Imagina que se ordena una investigación sobre tu vida profesional y personal, tus datos bancarios y todos tus movimientos para tratar de encontrarte "algo". Incluso si no se encontrara nada, el simple hecho de implicarte en una larga y tediosa investigación que te obligase a peregrinar por los tribunales ya tendría un gran impacto sobre cómo te verían tus familiares y amigos y repercutiría sobre tu situación laboral y financiera. Pues por eso están prohibidas las investigaciones prospectivas.

Pues bien, esto es algo que nos dicen que podría ocurrir en el caso Neurona. A pesar de que Calvente ha sido incapaz de aportar ninguna prueba sobre sus vagas informaciones que sólo se apoyan en rumores, el juez Escalonilla ha abierto diligencias e iniciado una investigación.

Además, el magistrado dejó personarse a Vox y a la asociación de abogados vinculada al PP, Prolege como acusación popular sin pedirles fianza. Esto es muy poco habitual, y, según nos dicen varios abogados, podría incurrir en una irregularidad según lo establecido por el artículo 280 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y para completar el combo, a partir de agosto de 2020, y con la imputación del entonces Secretario de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, y del propio Podemos como partido, se sumó a todo esto una campaña mediática que inundó las portadas de los periódicos de titulares y noticias. 

La investigación del juez persigue demostrar que la contratación de Neurona fue simulada y que los trabajadores nunca viajaron a España para trabajar con Podemos. Esto posibilitó que los medios hablaran de financiación irregular del partido y desvío de fondos, administración desleal y malversación y que del Olmo, Daniel de Frutos y Juan Carlos Monedero fueran imputados.  Pues bien, la principal línea de investigación de Escalonilla ha resultado ser, sorpresa, errónea.

Después de dos años de instrucción y de ponerle mucho esfuerzo, el juez no ha encontrado ni un solo indicio que acredite irregularidad alguna.  Mientras tanto, Podemos ha aportado más de 1.300 materiales elaborados por Neurona, los billetes de avión de los empleados de Neurona que vinieron a España, y vídeos de su trabajo. Además, trabajadores de Neurona han declarado para confirmar la veracidad de los trabajos realizados. Finalmente, Escalonilla se ha visto obligado a reconocer que efectivamente, Neurona realizó los trabajos por los que fue contratada y que estos no fueron simulados.

¿En qué momento se encuentra actualmente el proceso? Pues ahora que la principal tesis, que el contrato era simulado, se ha venido abajo, Escalonilla ha pedido hacer un informe pericial para comprobar que no haya habido sobrecostes en los trabajos de Neurona.

Pues pasados dos años, según tengo entendido, no ha conseguido que ningún perito quiera firmar este informe. Hasta ahora al menos tres peritos de la Comunidad de Madrid, así como la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, le han rechazado.

Pero hay dos personas, que tienen una empresa de peritaje, pero ninguna experiencia en campañas electorales, que se han ofrecido voluntarias. Se trata de dos peritos vinculados a Vox: Luis Navas Fajardo y Eduardo García de la Beldad.

Pero no acaban aquí las injerencias externas. El juez Escalonilla está relacionado con el juez Eduardo de Urbano, uno de los que firmaron la condena a Isa Serra en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Según nuestras fuentes, Urbano podría estar premiando a Escalonilla por su persecución a Podemos con invitaciones a charlas y eventos. Concretamente hemos podido identificar la presencia de Escalonilla en una charla que tuvo lugar el pasado 13 de diciembre sobre "la administración de la crisis en empresas".

En ella Escalonilla compartió mesa con Jesús Santos Vijande, otro magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid elegido por el PP y con Javier Zaragoza, uno de los fiscales del juicio del Procés. El evento fue organizado por la plataforma de subastas Eactivos, [especialista en la venta de activos de empresas en quiebra] y patrocinada entre otras por Kepler Karst, en cuyo despacho de abogados trabaja Urbano.

Urbano, está además relacionado con el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres Morato (nombrado por el Gobierno de Rajoy). Morato jugó un papel clave para que pudiera iniciarse la investigación sobre Neurona redactando un escrito para justificar las actuaciones de Escalonilla.