MADRID.- El caso del pequeño Nicolás está cogiendo ritmo en la última semana. El titular del juzgado de instrucción número 2 de Madrid acaba de dictar varias resoluciones que dan un nuevo empuje al caso.

Por un lado, admite la personación de la formación liderada por Pablo Iglesias y que se adhería al informe de los investigadores al pedir que se investigue la operación ilegal para grabar y difundir una conversación manipulada entre el CNI y Asuntos Internos y cuyas sospechas recaen en el jubilado comisario José Manuel Villarejo Pérez –que ya está imputado-, el ex director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino Sánchez; el comisario Enrique García Castaño y el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, además de los periodistas Eduardo Inda Arriaga, Esteban Urrieztieta, Carlos Mier, entre otros, por los presuntos delitos "de blanqueo de capitales, manipulación y alteración de pruebas judiciales, acusación y denuncia falsa, actividades prohibidas a funcionarios públicos y otras filtraciones policiales”.

En su escrito, Podemos aseguraba que “fruto de esta colaboración” entre los mismos mandos policiales y periodistas “se produce la elaboración y difusión del 'secreto' informe policial dirigido a los representantes de la organización política representada que compite electoralmente por la Presidencia del Gobierno, el Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) que nunca fue puesto a disposición de la Fiscalía, y que, sin embargo, fue usado por organizaciones hoy investigadas, como Manos Limpias, en la interposición de una querella”.

Además, Zamarriego ha solicitado a la Policía que le aporte toda la información sobre los viajes a Catalunya del comisario José Manuel Villarejo y del jefe de la comisión judicial y exresponsable de la Unidad de Asuntos Internos entre los años 2012 y 2014. Precisamente, en ese momento es cuando supuestamente se llevaba a cabo la Operación Catalunya por parte de la brigada política creada por Eugenio Pino.

También, ha dictado una providencia para que acudan a declarar como testigos, a petición de Villarejo, los periodistas José María Olmo, de El Confidencial y Daniel Montero, socio de la mujer del comisario en el momento de la grabación ilegal y que ahora ejerce la profesión en El Español.

Supuesto agente del CNI

Estos hechos se investigan dentro de una de las piezas separadas que componen el caso del Pequeño Nicolás. Esta semana, el juez Arturo Zamarriego ha enviado a la Audiencia Provincial de Madrid la pieza en la que se investigaba el intento de estafa al presidente de Alza haciéndose pasar por emisario del rey.

Las penas de cárcel a las que podrían condenar al presunto estafador oscilan entre los 10 y 12 años. Pero aún quedarían por ser juzgadas la causa principal, que atañe al crédito millonario que él y unos socios iban a pedir al Banco de Guinea; la que incumbe al empresario y ex presidente de la CEIM, Arturo Fernández y la que ahora se investiga y atañe a la cúpula policial y a sus periodistas afines.

Pero antes de esto, deberá enfrentarse a la querella interpuesta por el CNI por injurias y calumnias, en la que la abogacía del Estado pide una indemnización de 180.000 euros, mientras que la Fiscalía pide 5.000. La condena, en este caso, oscurecería el futuro del concursante de realities, que contaría con un antecedente penal para sus posteriores juicios e iría a prisión si fuera condenado por segunda vez, aunque sólo por dos años.