Caso PúnicaEl juez del caso Púnica cita como imputado al alcalde de Brunete

El juez del caso Púnica, Manuel Gutiérrez Castellón, ha citado como investigado (imputado) al alcalde de la localidad madrileña de Brunete, Borja Gutiérrez, del PP, por posibles delitos contra la administración pública en el contrato de eficiencia energética de su localidad con la empresa Cofely.

El juez ha citado a Gutiérrez en una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, en la que también llama a declarar como investigado al ex director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid Carlos López Jimeno, en su caso por seis contratos de eficiencia energética de colegios públicos de Alcalá de Henares que fueron adjudicados a la misma multinacional. 

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la citación de ambos, que han sido llamados a declarar el 9 de octubre. Por este mismo supuesto amaño, el juez cita a declarar el día 10 a la edil de Nuevas Tecnologías de ese municipio, Cristina Gil, y al padre de ésta y secretario general del PP en la localidad, José Gil.

En cuanto a Carlos López Jimeno, que dimitió en octubre de 2016 por su posible vinculación con el caso, se le cita por la sospecha de que medió a favor de Cofely en un contrato con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares alcanzado en octubre de 2013 a cambio de comisiones.

Además, la investigación destapó que una empresa de su propiedad cobró un total de 192.000 euros entre 2010 y 2012 de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (Fenercom), dependiente de su área.

Se investigan delitos en los contratos de gestión energética en seis colegios públicos

Junto a él, han sido citados Fernando García Rubio, antiguo asesor jurídico del Ayuntamiento de Alcalá, y David Larrazábal, que entonces era gerente del Instituto de Planificación y Gestión Ambiental.

Se sospecha que cometieron delitos contra la administración pública en los contratos de gestión energética en seis colegios públicos y las ciudades deportivas de El Val y El Juncal por los que el Ayuntamiento pagaría 13,9 millones de euros en 15 años desde 2013.

En la misma providencia, el juez mantiene la citación de Ignacio Palacios, supuesto testaferro del considerado cabecilla de la trama, el ex secretario general del PP de Madrid y exconsejero del Gobierno autonómico Francisco Granados.

Es el mismo escrito en el que se cita a como investigada a la exjefa de los servicios jurídicos en la Asamblea de Madrid en relación a los contratos de adjudicación de los servicios de cafetería en la sede del parlamento madrileño al empresario Arturo Fernández en 2009.

Contratos por los que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegó a pedir que se investigara a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.