Del juez Carretero al aristócrata Luis Medina: quién es quién en el escándalo de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid

El escándalo que salpica al Ayuntamiento de Madrid por la compra de mascarillas, test y guantes para afrontar la covid en los primeros momentos de la pandemia a una empresa de Malasia por intermediación de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño iguala en gravedad al que investiga la Fiscalía Anticorrupción por la adjudicación a dedo hecha por el Gobierno de Ayuso a una empresa de un amigo de la presidenta, de la que se benefició su hermano. 

En este caso, los personajes implicados ya han sido denunciados por la Fiscalía y el Juzgado encargado de la investigación, el de Instrucción 47 de Madrid, deberá corroborar los indicios presentados por el Ministerio Público: Medina y Luceño se llevaron seis millones en comisiones de una adjudicación pública de 14,7 millones de euros. 

Veamos quién es quién en este escándalo, que ha provocado peticiones de dimisión para el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por haber sido un primo suyo el que puso en contacto a Luis Medina con la encargada de los presupuestos en el Ayuntamiento, persona de confianza del alcalde en el área de Hacienda. Empecemos con el juez que tendrá que investigar la querella de Anticorrupción y que ya ha embargado los bienes de los dos acusados como garantía para hacer frente a las probables indemnizaciones.

El juez Adolfo Carretero

Polémico magistrado, al frente del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, señalado por su proximidad al Partido Popular. Hijo, nieto y hermano de jueces, investigó el 'caso Delcygate', sobre la estancia de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, el 20 de enero de 2020, y su encuentro con el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Carretero llegó a apreciar indicios de prevaricación. Finalmente el caso fue archivado por otro juzgado que también lo investigaba. 

Carretero también fue el juez que imputó al humorista Dani Mateo un delito de ultraje a la bandera por hacer un chiste sonándose con la bandera española, aunque al final tuvo que archivar la causa. En 2012 mantuvo imputada a una periodista de la Cadena Ser por negarse a revelar sus fuentes en el caso del espionaje al expresidente madrileño Ignacio González y que originó el inicio del 'caso Lezo'. 

Más recientemente, Adolfo Carretero también ha saltado a la palestra por ser el magistrado que se negó a imputar por un delito de odio a un ciudadano español que amenazó con un arma a un grupo de migrantes en Madrid, mientras les profería insultos racistas y homófobos. "Moro de mierda" y "maricón" llamó a uno de los migrantes. 

Pese a esto, el magistrado consideró que dichos insultos estaban "justificados" porque "se hizo en un contexto de una disputa".

Una de sus últimas resoluciones tocó de cerca al PP, en su beneficio, en un principio. El error del diputado Alberto Casero en la votación en el Congreso de la reforma laboral, que salió aprobada por el voto afirmativo de Casero, recayó en forma de denuncia de un particular en el juzgado de Carretero, que abrió diligencias, pese a que los letrados del Congreso habían indicado que se trató de un error humano. Finalmente las pasó a otro juzgado que investigaba la denuncia del PP y el asunto acabó archivado. 

Adolfo Carretero también llevó un caso mediático relacionado con los 'niños robados'. En 2012 había archivado la denuncia de una madre que aseguraba que Sor María le había arrebatado a su hija al nacer. Pero la Audiencia Provincial de Madrid le ordenó reabrir la investigación porque, siguiendo la directriz de la Fiscalía, los delitos relacionados con este tema [detención ilegal, suposición de parto y alteración de paternidad] no prescribían. La religiosa falleció poco tiempo después y la causa se archivó. 

El hermano del juez Adolfo Carretero también es magistrado: Agustín Carretero. Este juez  fue un alto cargo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid en las épocas de Esperanza Aguirre e Ignacio González: director general de Política Interior, gerente de la Academia de Policía de Madrid y director general de Relaciones con la Administración de Justicia.

El aristócrata Luis Medina

Luis Medina Abascal, marqués de Villalba y hermano del duque de Feria, es el hijo menor de la exmodelo Naty Abascal y el fallecido duque de Feria, Rafael de Medina y Fernández de Córdoba, que llegó a ingresar en prisión por un delito de corrupción de menores. Habitual del 'papel cuché', está acusado por la Fiscalía Anticorrupción por estafa, al llevarse una comisión de un millón de euros por la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid.

Según la querella de Anticorrupción, Medina aprovechó "su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid". Contactó con el primo del alcalde Almeida, aunque en una entrevista reciente corrigió el dato y señaló al hermano del alcalde como su primer interlocutor en el asunto de la venta de las mascarillas. El familiar de Almeida le facilitó el contacto con la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid. 

José Luis Martínez-Almeida ha indicado que posteriormente llamó por teléfono al aristócrata para agradecerle la donación de mascarillas que hizo al Ayuntamiento. 

Medina invirtió parte del millón de euros en la compra de un yate, al que bautizó como 'Feria', y que le costó 325.515 euros. La embarcación, que puso a nombre de una sociedad radicada en Gibraltar que comparte con su hermano, será finalmente embargado. También adquirió dos bonos de valores por 400.000 euros en total.

En el Registro Mercantil, Luis Medina aparece como consejero de la Casa Ducal de Medinaceli y socio único de dos mercantiles: Sextante Trade Desk SL actúa como intermediaria en el comercio de objetos diversos; y Tula Creative Studio SL cerró por problemas con Hacienda en 2019.

Alberto Luceño, el conseguidor

Este madrileño se embolsó cinco millones de euros en comisiones por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. Ocultó a su amigo Luis Medina que se llevaba cinco veces más comisiones que él. Luceño falsificó documentos, según la Fiscalía, para hacerse pasar por experto en importación y agente exclusivo de la sociedad Leno, radicada en Malasia, que fue la que contrató con el consistorio y pagó las comisiones a Medina y Luceño con los fondos públicos recibidos.

Alberto Luceño contactó con la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid por mediación de Luis Medina. Según la Fiscalía, le dijo que actuaba "movido por el deseo de colaborar en la lucha

contra la pandemia". Pero, en realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China "ni actuaba movido por ninguna intención altruista". 

Luceño es un viejo conocido del PP de Madrid. Fue apoderado de la Escuela Europea de Dirección y Empresa SL (EUDE), supuestamente involucrada en la financiación ilegal del PP de Madrid y aparece en el sumario del 'caso Púnica' por ser supuestamente intermediaria para el pago de ciertas deudas del partido. La extinta fundación Fundescam del PP, implicada en 'Púnica', transfirió en 2007 240.000 euros a EUDE, según desveló Infolibre. Los investigadores localizaron a uno de los investigados en la trama de financiación ilegal del PP madrileño una carpeta llamada 'Marrones', en la que estaba incluida otra: 'Marrones Luceño', referida a Alberto Luceño.

Pasión por los coches de lujo

Según la Fiscalía, los cinco millones logrados por este empresario como comisionista en el contrato de material sanitario con el Ayuntamiento de Madrid y la empresa Leno fueron empleados en siete vehículos de alta gama: un Aston Martin valorado en 160.000 euros; un Ferrari 812 Superfast, de 355.000 euros; dos Mercedes por 200.000 euros en total; un Range Rover Sport, de 102.000 euros; un KTM X BOW por 91.800 euros; y un BMW I8 Roadster, de 121.000. Total: más de un millón de euros en coches. 

También invirtió en relojes de lujo: tres Rolex por valor de 42.000 euros. Aprovechó también Luceño para hacerse con un piso en una urbanización de alta gama en Pozuelo de Alarcón, para lo que invirtió 1.107.000 euros. 

El dinero de las comisiones lo transfirió Luceño a una cuenta asociada a una de sus mercantiles. El aumento de su patrimonio y de sus ingresos puso sobre la pista a los bancos, que acabaron advirtiendo al Servicio contra el Blanqueo, Sepblac, y desde este organismo se denunció a Anticorrupción las suculentas adquisiciones que han acabado en el juzgado.