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Jueces y fiscales denuncian que la nueva ley procesal penal extenderá un manto de impunidad en toda España

Asociaciones progresistas y conservadoras critican una norma que limita a seis meses la instrucción de causas ordinarias y a dieciocho la de las más complejas. "Es una auténtica ley de punto final", dicen los magistrados en un comunicado.

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, junto a la vicepresidenta, tras la reunión de un Consejo de Ministros./ E. P.

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MADRID.— Todas las asociaciones judiciales, excepto la conservadora APM, y todas las asociaciones fiscales han pedido al Gobierno la suspensión de su reforma estrella de la ley procesal penal porque, de no hacerlo, extenderá un manto de impunidad sobre todas las causas que están 'vivas' en los juzgados de toda España. Entre ellas, los 1 400 sumarios de corrupción política que se calcula que aún están en fase de instrucción.

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Un límite imposible de cumplir

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Los jueces y fiscales asociados cuestionan una norma que plantea un plazo de seis meses para instruir las causas ordinarias y de dieciocho para las complejas, prorrogables a petición del fiscal.

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