Los jueces piden que prescriban más tarde los delitos de corrupción

Los jueces decanos han reclamado hoy, para luchar contra los casos corrupción, que "se han multiplicado" en los últimos años, la ampliación del plazo de prescripción de los delitos, así como una agravación de las penas y la introducción de nuevos tipos de delitos relacionados con estas conductas. Se trata de algunas de las propuestas incluidas en el documento "Reflexiones para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción" presentado hoy en Valencia por los jueces decanos de España, y enmarcado en un "contexto de indiscutible desconfianza y alarma" ciudadana sobre el funcionamiento de las instituciones.

Ante la "sospecha generalizada sobre la gestión de lo público" y los casos de corrupción, los decanos han planteado una batería de medidas en el ámbito judicial español para luchar contra esta "lacra" y abordar una "regeneración democrática necesaria" en la que no tenga cabida. Además de la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de corrupción, los jueces decanos proponen la agravación de las penas de delitos como el tráfico de influencias, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Otra de las medidas propuestas es la introducción de nuevas figuras delictivas, entre las que destaca la financiación ilegal de partidos políticos y el enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato.

El documento presentado por los decanos incluye entre sus medidas para luchar contra la corrupción la cuestión de los indultos y del aforamiento. Sobre los indultos, los jueces proponen que sea obligatorio el informe favorable del tribunal para su concesión. Actualmente no es vinculante, y la decisión reside en el poder político. Además, reclaman que se regule la suspensión de las penas en caso de solicitud de indulto, "de la que se hace un uso excesivo y a veces abusivo", denuncian.

Respecto a los aforamientos, los jueces piden la revisión de todos ellos, especialmente en los casos en los que no es "ninguna garantía sino un mero privilegio procesal hoy carente de justificación". Además, solicitan que el aforamiento sólo tenga efecto sobre delitos cometidos en el ejercicio del cargo que lo proporciona.

Otra medida importante que reclaman es la eliminación del proceso de suplicatorio a las Cámaras parlamentarias, "que dificultan la instrucción de las causas contra aforados especialmente en el inicio de la fase de investigación y en caso de secreto sumarial". Las siete medidas concretas presentadas para la cuestión de los aforados están encaminadas a evitar que la figura del aforamiento sea un privilegio que entorpezca la justicia y que se extienda más allá de las labores propias del puesto que lo concede.

Los decanos, a partir del informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), denuncian que casi el 100% de los juzgados de lo social están por encima del 150% de capacidad según los indicadores del propio CGPJ. "Dicha noticia viene a ratificar lo que desde hace años viene advirtiéndose por los magistatrados de lo social, que es la inaceptable situación en la que se encuentra esta jurisdicción", se lamentan.

Los decanos señalan que los jueces se encuentran "absolutamente superados por la situación". Ponen de manifiesto que un problema en los juzgados de lo social se traslada inmediatamente a la ciudadanía. Estos juzgados se encargan de resolver la gran mayoría de los casos derivados de la crisis económica. Los decanos califican de "insostenible" la situación y reclaman al CGPJ que se creen las plazas judiciales necesarias a la vista de los datos que ellos mismos ofrecen en sus informes.

Los jueces decanos han reclamado este miércoles más medios humanos y materiales, la "dotación ágil de refuerzos a juzgados que lleven asuntos de especial complejidad, especialmente de corrupción", para que sus titulares se dediquen "en exclusiva a este asunto las 24 horas del día", así como la "revisión y, en su caso, supresión de aforamientos", al considerar que "entorpecen y ralentizan de forma evidente y clara la instrucción de los procedimientos".

Esas son algunas de las medidas incluidas en las conclusiones del XXIV Jornadas Nacionales de Jueces Decanos, que han congregado en Valencia a cerca de 50 profesionales, en representación de cerca de 2.000 jueces españoles, "en un momento clave para la justicia española, en el que está en juego el prestigio del sistema judicial" y en el que afirman estar "preparados" para afrontar los retos actuales, pero advierten de que "solos" no pueden por su dependencia "en lo económico y en cuanto a leyes e instrumentos procesales".

"El poder judicial será lo eficiente que quiera que sea el poder ejecutivo y legislativo", ha indicado el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, en la presentación del documento, en la que su homólogo de Málaga, José María Páez, ha urgido a "sacar la justicia del debate político" y ha reclamado "un gran pacto entre partidos para definir, de una vez, el modelo de justicia que se quiere tener". "Tardaremos, pero vamos a llegar, y la ciudadanía puede estar absolutamente tranquila porque la justicia se aplica en España y la justicia funciona, lenta pero funciona", ha recalcado Páez.

Los jueces también han pedido una "ley de segunda oportunidad" para "pequeños deudores" abocados a concursos y han abogado por limitar los indultos y, sobre todo, la suspensión de la pena durante la tramitación del proceso, tras el "abuso" registrado, así como por contar con tribunales y juzgados especializados en asuntos de materia económica a nivel autonómico e incluso provincial, por potenciar la cooperación jurídica internacional para eliminar paraísos fiscales y por crear "una policía judicial auténtica", la figura de "juez asesor" y un cuerpo de peritos contables que asesoren a los jueces.