Desde que el exministro de Trabajo Manuel Jiménez de Parga, fallecido en 2014, llegara al Tribunal Constitucional y después se convirtiera en su presidente, en noviembre de 2001, ningún otro exministro ha pisado el tribunal de garantías. Hasta ahora.

Juan Carlos Campo fue el titular de la cartera de Justicia entre enero de 2020 y julio de 2021 y, tras un breve paso por la Audiencia Nacional, llega ahora al Tribunal Constitucional, junto a la jurista Laura Díez Bueso, en sustitución de los magistrados Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, nombrados por el Gobierno de Rajoy en 2013. 

Al margen de la polémica sobre si el Gobierno puede nombrar a sus dos magistrados sin que el CGPJ haya elegido a los suyos, habida cuenta de que al renovación en el TC se produce por tercios, es decir, cuatro magistrados en bloque, la designación de Campo promete un tormenta política de primera magnitud por sus vínculos no sólo con el actual Ejecutivo, sino con el Partido Socialista desde  que en 1997 fue nombrado director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía bajo el gobierno del PSOE. 

Juan Carlos Campo, sevillano de 61 años, fue, entre 2001 y 2008, vocal del CGPJ a propuesta del PSOE; después resultó designado secretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Posteriormente fue secretario general de Relaciones con el Parlamento andaluz. 

Diputado tras las elecciones generales de 2015, Campo llevó el peso de los indultos a los líderes del procés en el Ministerio de Justicia. Después de la tramitación de la medida de gracia, Sánchez dio por quemada su figura y le  sustituyó por Pilar Llop, la actual ministra de Justicia. 

Campo fue el ministro de Justicia que supervisó la ley del 'solo sí es sí', cuando le fue remitido el borrador y avaló el sistema de penas que contempla la nueva norma.

Quizá como un gesto de agradecimiento por el desgaste a cuenta de los indultos del procés, ahora Pedro Sánchez le designa magistrado del TC y, aunque es cierto que siempre estuvo en las quinielas, su designación, junto con la de Laura Díez, ha sorprendido a propios y extraños, que preveían unos perfiles de mayor peso jurídico, según ha podido saber Público. 

Los dos nombramientos del Ejecutivo llevarán inexorable una nueva mayoría progresista al Tribunal Constitucional, en el que desde 2013 predominaba la tendencia conservadora. Con la incorporación de Campo y Díez, la mayoría progresista sería de siete a cuatro magistrados, a falta de los dos del CGPJ.  Eso, si finalmente los nombramientos del Gobierno no encuentran obstáculos en el propio TC, cuyo pleno debe dar el plácet a los nuevos magistrados.