Jorge Azcón El Ayuntamiento de Zaragoza desencalla operaciones inmobiliarias de la familia del alcalde
El propio edil, Jorge Azcón (PP), vota en la Junta de Gobierno a favor de una operación urbanística para construir 532 pisos que llevaba más de una década paralizada, y en la que sus padres son socios, y de otra de 409 congelada desde 2009 y que ahora firma como arquitecto uno de sus hermanos.
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zaragoza,
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ha impulsado dos operaciones inmobiliarias en las que participan tres familiares del alcalde Jorge Azcón (PP): sus padres como socios de una promotora que pretende construir 532 pisos en una de las nuevas zonas de desarrollo de la ciudad, algo que les abre una expectativa de negocio de entre 300.000 euros y un millón, y uno de sus hermanos como arquitecto de otra que promueve 409 en los terrenos colindantes.
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Las dos proyectos, que llevaban más de una década aparcados, fueron aprobados por la Junta de Gobierno local en la misma sesión, la celebrada el pasado 24 de mayo, sin que el consistorio informara de esas decisiones en su reseña oficial de la reunión.
En consecuencia, el apagón informativo afectó también el voto favorable del alcalde a la aprobación inicial de ambas operaciones en esa reunión de la Junta de Gobierno, en la que participó junto con la vicealcaldesa Sara Fernández y los otros siete concejales que integran el 'núcleo duro' de la coalición PP-Cs, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Público.
El acta, redactada por la concejal Patricia Cavero y cuya aprobación definitiva en la sesión del 4 de junio ha ratificado con su firma el propio Azcón, recoge cómo "puesta a votación, se aprueba por unanimidad" la reparcelación de ambas promociones, sin que aparezca recogida la abstención ni la inhibición del alcalde ni de ninguno de los ediles.
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Azcón votó con el resto de los concejales
Es más, en la promoción en la que figura como arquitecto Julio Azcón, uno de los hermanos del alcalde, la resolución de la Junta de Gobierno incluye "facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo", lo que abunda en el hecho de que Jorge Azcón no mostró la menor intención de abstenerse en ese proyecto.
La promoción en la que son socios los padres de Azcón, y cuya ejecución requiere de una serie de expropiaciones "a propietarios no adheridos a la junta de compensación", tiene pendiente la subsanación de algunas deficiencias detectadas por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación para pasar de la aprobación inicial a la definitiva.
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Un portavoz de la alcaldía confirmó el voto favorable de Azcón a ambos proyectos urbanísticos, en los dos casos, anotaron, sin tener conocimiento de que pudiera haber incurrido en algún tipo de incompatibilidad.
Las estrictas normas éticas de la gobernanza en Aragón
La intervención de Azcón en ambas votaciones arroja dudas acerca de su sintonía con los estrictos requerimientos que incluye la Ley de Integridad y Ética Públicas de Aragón, cuyo artículo 58 impone a los cargos públicos la obligación de abstenerse en los expedientes "en los que pudieran incurrir en conflicto de intereses", un concepto que define como "una colisión entre el interés público y el privado, derivado del interés particular, económico, personal o profesional, que pudiera tener la autoridad o cargo del sector público autonómico que afectase a la forma en que cumple sus obligaciones y responsabilidades".
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La normativa impone a los cargos la obligación de abstenerse ante los negocios de sus allegados
Diez artículos antes, en el 48, la ley establece que "se considerarán intereses privados o personales", entre otros, "los intereses familiares, incluyendo (...) parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad" y "los de las personas jurídicas o entidades privadas" a las que esos allegados "estén vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración".
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Y esos cuatro grados abarcan en la legislación española a padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tíos, sobrinos y primos, lo que sitúa a Azcón en una situación cuando menos incómoda. Se trata de la "primera noticia" sobre esas
obligaciones legales de abstención, señaló un portavoz de la alcaldía de
Zaragoza, que anotó que "lo vamos a estudiar".
La normativa también impone a los cargos públicos la obligación de abstenerse ante los negocios de "las personas con quienes tenga amistad íntima o enemistad manifiesta" y, obviamente, cuando sus decisiones afecten a "los intereses propios" y/o a "otros que pueden colisionar con las funciones públicas encomendadas".
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La promoción en la que son socios los padres del alcalde
La promotora en la que son socios los padres del alcalde en el llamado Sector 38/3, una operación congelada durante casi 13 años, ya que contaba con la aprobación del plan parcial desde junio de 2008, tiene forma de junta de compensación, un formato similar al de las concentraciones parcelarias en el que los propietarios hacen una bolsa común con los terrenos de la que salen las zonas edificables y las cesiones (viales, equipamientos y zonas verdes) para, después, repartir los beneficios de manera proporcional.
Los terrenos suman 15,62 hectáreas en los que, de acuerdo con el proyecto, se pueden edificar 532 viviendas de unos cien metros cuadrados de superficie cada una de ellas. Se dividen en 376 libres y 156 VPO y estas últimas, en 125 de precio máximo y solo 31 de tarifa básica.
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En el proyecto, en el que aparecen nombres habituales del ladrillo zaragozano como el grupo Soláns (Almaebro), Espuelas o Castillo Bauluz, y en el que también aportan terrenos el propio Ayuntamiento, el Adif y la Sareb, los padres del alcalde, Julio Antonio y Amada, figuran como propietarios junto con otra persona (A. M. L. C.) de una parcela de 2.627 metros cuadrados de la que, tras la reparcelación, serían explotables 1.005, lo que les otorga una participación del 0,58%.
Eso, teniendo en cuenta que según fuentes inmobiliarias una promoción de esas características y ubicación puede dejar unos márgenes de entre 100.000 y 150.000 euros por vivienda, genera una expectativa de negocio de entre 300.000 y 450.000 euros. Sería el equivalente a algo más de tres de esos pisos en un proyecto que, de lograr esos márgenes, dejaría unos rendimientos de entre 53 y 80 millones de euros.
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No obstante, algunas fuentes apuntan a una cabida de diez viviendas en esos más de mil metros, lo que situaría la expectativa de negocio de los padres del alcalde y la copropietaria en el entorno del millón de euros; tanto en un caso como otro, con los ochenta años cumplidos.
La promoción que firma como arquitecto el hermano del alcalde
La promoción en la que aparece como arquitecto uno de los hermanos del alcalde Azcón, Julio, la impulsa otra junta de compensación, en este caso la del Sector F-38-1, en la que repiten algunos de los socios de la anterior como Soláns o Espuelas y en la que figura el empresario Juan Forcén como representante.
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La agrupación de fincas, que suma 6,23 hectáreas, puede acoger en este caso 409 viviendas de algo más de 100 metros de superficie, 335 de ellas libres y las 74 protegidas, en edificios de hasta seis plantas de altura más los bajos. Eso sitúa la expectativa de negocio entre los 40 y los 60 millones de euros.
Otra de las coincidencias entre esta promoción y la anterior se encuentra en el hecho de que el proyecto también ha permanecido más de una década congelado. En este caso, el ayuntamiento aprobó el plan especial el 25 de julio de 2008 mientras que la junta de compensación quedaba constituida en noviembre de 2009.
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Ambas operaciones salen del cajón ahora, cuando, según coinciden las previsiones más variopintas, a la segunda crisis económica iniciada desde que quedaron aparcadas, la de la pandemia que se superpuso a lo que parecía ser el tramo final de la anterior, le quedan al menos dos años de persistencia.
Las actuaciones del ayuntamiento en las inmediaciones
Ambas zonas están situadas en el Camino Cabaldós o Miraflores, entre los barrios de La Paz y San José, y lindan, además de entre ellas, con un tramo de la "ribera" del Canal Imperial en cuya adecuación como zona de paseo el consistorio está invirtiendo tres millones de euros.
Por el momento, el equipo de gobierno del ayuntamiento no ha mostrado ninguna intención de incluir los costes de esa actuación en el canal, ubicada en un área desconectada del resto de las riberas que fueron recuperadas hace una década, como cargas urbanísticas de las promociones inmobiliarias que lindan con ella.Esas tres parcelas, las de los pisos y la del canal, se encuentran en la zona de influencia de la avenida Tenor Fleta, en el extremo este de la ciudad, cuya prolongación supone otro caso de manual del carrusel de contradicciones y reculadas en el que lleva instalado el equipo de gobierno de Azcón desde su debut: recortó todas las partidas destinadas a su prolongación que había consignadas cuando llegó a la alcaldía en 2019, y que habían sido aprobadas por la vía de los presupuestos participativos, para impulsar las obras un año después como uno de los proyectos emblemáticos de su mandato.
Algunas fuentes apuntan a una cabida de diez viviendas en esos más de mil metros
"Estamos muy satisfechos con la evolución de los trabajos de una infraestructura que cambiará la movilidad y las conexiones en la ciudad", decía hace unas semanas Azcón, mientras su concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, destacaba que la prolongación de la avenida "permitirá en un futuro intervenir en el entorno, que son unos 24.000 metros cuadrados de suelo, donde podrían implantarse unas 4.000 viviendas, según las primeras proyecciones planteadas".
El Ayuntamiento de Zaragoza está destinando 2,27 millones de euros a financiar los trabajos de prolongación de esa vía, bajo la que discurren el ferrocarril y los cercanías y que se ubica en el extremo oriental de uno de los ejes este-oeste de la ciudad.
Un barrio nuevo junto a tres históricos y multiculturales
No han sido las únicas actuaciones llamativas en el entorno de esa avenida. Hace unas semanas la oposición en bloque impidió a PP y Cs sacar adelante la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para ampliar la edificabilidad que reclamaba un grupo de propietarios de terrenos situados entre la zona norte de Tenor Fleta, en los alrededores de la estación de Miraflores, y el pabellón Príncipe Felipe.
El equipo de gobierno acabó absteniéndose ante una operación para la que ni siquiera contó con el apoyo de Vox y que los partidos de la izquierda, PSOE, ZeC y Podemos, calificaron de "urbanismo a medida".
El desarrollo de las inmediaciones de Tenor Fleta, una zona que entró a formar parte de las pendientes de desarrollo de la ciudad con la reforma del PGOU de 2001, en la última legislatura que el PP ocupó la alcaldía, y en la que algunos propietarios ya hicieron caja poco después con las expropiaciones que impulsó el Adif en tiempos de José María Aznar, lleva camino de convertirse en uno de los ejes de conflicto político, y quizás social, de la legislatura.
Principalmente, por el empeño de PP y Cs en crear un barrio nuevo en paralelo a otros tres históricos, antes obreros y ahora y multiculturales, como La Paz, San José y Las Fuentes, cuyos vecinos reclaman al ayuntamiento una atención que no ven llegar.