Jesús Rodríguez: "García-Castellón y los jueces del Supremo deberán dar explicaciones y pagar por lo que han hecho"

El periodista del periódico Directa Jesús Rodríguez (Santa Coloma de Gramenet, 1974), conocido por destapar numerosos casos de infiltración policial en movimientos sociales, está exiliado en Ginebra (Suiza) desde finales de 2023, tras ser investigado por "terrorismo" y acusado de tener información previa de las manifestaciones organizadas por Tsunami Democràtic en otoño de 2019.

Junto con él, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, encausó a 11 personas más, entre las que se encuentran Carles Puigdemont, Marta Rovira, Ruben Wagensberg o Marta Molina. 

Rodríguez fue citado a declarar el pasado 22 de mayo, pero no se presentó. Actualmente, con la amnistía definitivamente aprobada en el Congreso de los Diputados, el periodista confía en la aplicación de la ley y en que el juez dé "explicaciones" y "pague" por lo que ha hecho. 

¿Por qué decide irse al exilio y por qué eligió Suiza?

Decido irme cuando empiezo a ver que la causa de Tsunami se está convirtiendo en el caballo de batalla principal de una parte de la judicatura contra la ley de amnistía. En abril de 2023 me pongo en contacto con la Audiencia Nacional a través de mi abogado porque el diario El Mundo publica una noticia que dice que hay unos mensajes míos interceptados en el móvil de Josep Lluís Alay con información sobre las movilizaciones que se llevarían a cabo en octubre de 2019. Estos mensajes se usan para decir que Carles Puigdemont estaba informado de las protestas y para imputarlo. 

Entonces me pongo en contacto con el juzgado, que me responde que yo no estoy imputado y que, por tanto, no permite mi personación y explica que son informaciones periodísticas que no encajan con lo que hay en la causa.

Con esta tranquilidad absoluta, llego al otoño de 2023 con la sorpresa de que, de repente, justo en el momento en que se estaba negociando el redactado de la ley de amnistía entre el Partido Socialista, Junts y Esquerra, aparece un nuevo informe de la Guardia Civil y una nueva interlocutoria del juez Manuel García-Castellón donde se me incorpora como investigado. 

Cuando veo que se empieza a hablar de la posibilidad de que nos citen a declarar y que se pidan medidas cautelares de ingreso en prisión, entiendo que no puedo garantizar mi defensa en el Estado español y decido irme al exilio a Suiza para ponerme en contacto con organizaciones internacionales, con relatores de Naciones Unidas y con toda una serie de actores que considero que pueden ayudarme.

Al mismo tiempo, también quiero ponerles en conocimiento de las graves irregularidades y las actuaciones absolutamente abusivas y fuera del marco de derecho europeo que se están llevando a cabo desde la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. 

¿Qué tipo de conexiones estableció con otros imputados por el caso de Tsunami? ¿Y con otros exiliados en Suiza? ¿Hay una coordinación de defensa?

Sí, varias personas llegamos con una cierta coordinación a Suiza y en contacto con Anna Gabriel y Marta Rovira. Nos hemos ayudado mutuamente y la experiencia de ambas nos ha servido a la hora de establecernos y hacer los primeros contactos para explicar esta nueva situación. La que vivía yo, pero también Ruben Wagensberg, Josep Campmajó y Oleguer Serra.

Llegamos y nuestra voluntad es estar en contacto con todas las personas encausadas en el proceso judicial del Tsunami. Dialogamos y nos explicamos cuáles son las circunstancias personales de cada uno, cuál es la decisión que cada uno toma y a partir de ahí iniciamos una coordinación de cara a los próximos meses.

Una vez llegan las citaciones judiciales, Marta Molina decide quedarse y afrontar la declaración presencialmente desde Barcelona y los otros encausados decidimos no declarar y solicitar a las autoridades judiciales españolas que, en caso de que quieran que declaremos, se haga a través del procedimiento de la Comisión Rogatoria. 

¿Qué persigue el poder judicial español atribuyendo terrorismo a unas protestas como las de Tsunami Democràtic y qué repercusión puede tener más allá de la afectación personal hacia los imputados como usted?

La imputación por terrorismo es claramente un guion preestablecido por parte de Manuel García-Castellón y de sus colaboradores necesarios en todo este procedimiento. Una vez él se da cuenta de que la Fiscalía se aparta de la intención de acusarnos de terrorismo, necesita que haya otras acusaciones tanto particulares como populares en la causa, y es por lo que se incorpora Vox, Sociedad Civil Catalana y Dignidad y Justicia, todas ellas organizaciones muy cercanas o vinculadas directamente a la extrema derecha. 

Esta alianza del juez con la extrema derecha explica que hay una necesidad mutua de boicotear la amnistía. Las pocas grietas de redactado que tiene la ley se fundamentan precisamente en el delito de terrorismo y el de malversación. También el de alta traición, que en este caso sería el procedimiento de la Operación Vólkhov. García-Castellón ha dibujado un escenario con estas grietas que le permitirán hacer excepciones y evitar la aplicación de la amnistía.

Es muy significativo que en una misma causa estén la secretaria general de Esquerra Republicana, el expresidente Carles Puigdemont y personas de diferentes organizaciones, espacios políticos e incluso un periodista. Parece que la construcción de la causa se ha guionizado o se ha trabajado previamente a la recogida de las pruebas. Se han buscado aquellos elementos de relato que les permitían llegar a lo que buscaban. 

¿El Estado español se podría permitir internacionalmente una sentencia por terrorismo en una causa por movilizaciones de protesta?

Uno de nuestros principales objetivos cuando nos vamos al exilio es conseguir que este procedimiento nunca llegue a juicio y nunca se pueda dictar una sentencia. Por dos razones: por un lado, lo que tiene que ver con la causa concreta y cómo nos puede afectar a las personas imputadas y a las organizaciones políticas, sociales o culturales donde militan.

Esto ya sería grave en sí mismo, pero, además, establecería un precedente en el cual se podría llegar a encausar de terrorismo a cualquier persona que, con la voluntad de condicionar la actuación del gobierno, decidiera hacer cortes de carretera, hacer un bloqueo a una infraestructura como un puerto o un aeropuerto o, incluso, como en mi caso, informara o tuviera información de la preparación de estas acciones. Por tanto, entraríamos en un escenario de absoluta indefensión e incertidumbre.

Si, a partir de ahora, este tipo de acciones que tienen la voluntad de incidir en el gobierno son terrorismo, los jueces pueden establecer una jurisprudencia en la que los cortes de autopistas por parte de campesinos o el bloqueo de infraestructuras por parte de taxistas son equiparables a las movilizaciones del otoño de 2019 en Catalunya. Esto sería una escalada en la vulneración del derecho a la protesta y sería muy grave. Desde el Estado no se debería permitir, sean los actores o no de Catalunya, sean o no independentistas. 

¿Cómo se ve fuera del Estado español su situación y la del resto de exiliados

Se ve de manera mucho más clara que desde dentro del Estado. Es tan surrealista que cada vez que hablamos con un actor de una organización internacional tenemos que explicar dos, tres o cuatro veces cuál es el relato de los hechos, cuál es la acusación y nuestra supuesta participación porque no se lo llegan a creer.

Organizaciones como Amnistía Internacional o varios equipos relatores de Naciones Unidas, entre otros, de entrada muestran incredulidad y después preocupación e indignación por una aplicación abusiva de la legislación antiterrorista y por unas prácticas que no son propias de una democracia y de un Estado donde existe la separación de poderes.

Precisamente uno de nuestros objetivos es ir alargando esta lista de posicionamientos y de conocimiento de lo que pasa en el interior del Estado. Debéis pensar que la mayoría de los países europeos y organismos internacionales tienen la visión de que hubo un Gobierno de la derecha, pero que actualmente es un Estado liderado por Pedro Sánchez, que es muy democrático y de izquierdas. 

Hay un desconocimiento absoluto de cómo funciona la distribución de los diferentes poderes dentro del Estado y de cómo el poder judicial, en muchos casos, llega a tener una capacidad de influencia y de control en las decisiones del poder legislativo o, incluso, del ejecutivo, que le permite estar por encima de procesos que se hayan llevado al Congreso de los Diputados o al Senado. Esta parte del poder judicial boicotea e intenta liderar la actuación de los otros poderes sin tener ninguna legitimidad. 

¿Cree que le han investigado por su trayectoria como periodista que ha destapado infiltraciones policiales en movimientos sociales e independentistas

No lo sé. Una afirmación muy contundente en este sentido sería una conjetura. Si analizamos la cronología de los hechos en el contexto de 2022, 2023 y 2024, desde la perspectiva de algunos de los actores de las comisarías de información de la Policía Nacional o de la Guardia Civil que más directamente se han visto cuestionados por estas infiltraciones, es evidente que pueden tener el interés de dejar fuera de juego a periodistas que han destapado casos.

También por la utilización de software espía y otros tipos de procedimientos de espionaje que no tienen un aval judicial y que se están haciendo por directrices políticas.

Lo que pasa es que, finalmente, la decisión de imputarme es por parte de Manuel García-Castellón y de una sala del Tribunal Supremo que compra todos los argumentos de este juez. Hay la necesidad de construir un relato en base a una serie de comunicaciones que permiten la imputación de actores del independentismo como Marta Rovira y Carles Puigdemont. Y, posteriormente, si resulta que este relato puede involucrar otros perfiles como el mío, pues aprovechan la coyuntura. 

¿Cómo le ha afectado esta situación a nivel personal y profesional? ¿Continúa ejerciendo como periodista en 'Directa'?

Sí, la voluntad, a pesar de la dificultad de la situación, es mantener la posición. Me encuentro en el exilio, a 800 kilómetros de casa, en un país que hasta ahora desconocía, con unas dificultades económicas importantes. Para que la gente se haga una idea, el coste de la vida en Ginebra es el triple del de Catalunya. Con un sueldo inferior a los 5.000 euros es prácticamente imposible sostener la vivienda, el seguro médico, la comida y las cuatro cuestiones básicas de vida.

Por suerte, se ha organizado un grupo de apoyo que ha permitido la continuidad de mi actividad laboral en el exilio. Aquí es más difícil hacer de periodista, pero intentaremos ser creativos y buscar otras temáticas de las que pueda informar. No dejaremos que la represión rompa un equipo y una relación profesional con mis compañeros de Directa. 

¿Genera autocensura una persecución judicial como esta? ¿A usted como víctima, pero también a otros periodistas?

Ese también era uno de los objetivos en la causa del Tsunami. Entre las 300 personas que se investigan, en el conjunto de las 240.000 páginas que constan en la investigación, hay 26 periodistas. Hay una lista con sus contactos, teléfonos y correos. Se habla de estos periodistas como colaboradores de una organización "terrorista". Esto es muy grave.

De manera perversa, acaba siendo una especie de aplicación a la catalana de lo que fue la plantilla vasca. Todos recordamos cómo hubo imputaciones y encarcelamientos en Euskadi en los años 90 por el hecho de informar de lo que hacían organizaciones de la izquierda abertzale, de tener entrevistas con ellos, de tener contacto con algún miembro de ETA.

Aquí, en un contexto y una situación muy diferente, se acaba haciendo un poco lo mismo, extendiendo la sensación de riesgo y miedo entre los periodistas a la hora de informar de movilizaciones sociales, de protestas y de actos de desobediencia civil. 

Usted denuncia que es una flagrante vulneración del derecho a la información. ¿Cómo es posible que todavía sucedan cosas como estas?

La idea que tenemos de la historia lineal en que las sociedades cada vez van a mejor y cada vez son más democráticas, no es tan así. Estamos viendo desde hace unos años una regresión en la evolución de nuestras sociedades, en el marco europeo en general. Cosas que hace 20 años eran impensables, pero que sí pasaban hace 40 años, vuelven a pasar. Hay un sistema cíclico de funcionamiento y ahora estamos en fase regresiva. Se vuelven a producir abusos y vulneraciones que parecían superadas y no pasa nada.

Hace más de dos años que el periodista Pablo González está encarcelado en Polonia. Se ha normalizado o se ha frivolizado el hecho de que Julian Assange esté perseguido desde hace tantos años por haber informado sobre prácticas absolutamente crueles de los servicios secretos de Estados Unidos. A partir de su caso, se rompe una línea roja y se empieza a tolerar que los intereses de los Estados y de la geopolítica se impongan ante los derechos fundamentales y los derechos humanos. 

¿Por qué decidió no declarar el pasado miércoles 22? ¿Cree que habrá medidas cautelares de prisión?

Cuando decido irme al exilio, lo hago con todas las consecuencias. La citación de García-Castellón es un lavado de cara que hace en el último momento del procedimiento judicial. Mi voluntad es que este juez también tenga que dar explicaciones y pague por lo que está haciendo. No te diría que me ha destrozado la vida, pero me ha provocado un impacto personal y colectivo muy fuerte. Un juez coaligado con la extrema derecha no puede obviar el Estado de derecho y afectar las vidas de tantas personas y que le salga gratis. Esto se tiene que llevar a organismos internacionales.

Cuando se sepan todos los detalles de cómo se hizo esta operación y qué intereses había detrás, creo que este juez y los jueces del Tribunal Supremo tendrán que dar explicaciones y pagar por lo que han hecho.

Estamos hablando de un juez que preguntó al fiscal si había que ordenar su detención y la del resto de exiliados para llevarlos a declarar.

Lo hizo a una semana de la aprobación definitiva de la ley de amnistía. Y probablemente lo seguirá haciendo ahora que ya está aprobada. Este juez está dispuesto a prevaricar para imponer sus intereses políticos y su ideología. En todo este procedimiento no se ha cortado en absoluto a la hora de expresar su opinión en relación con todo lo que está investigando. Su imparcialidad es nula en el caso del Tsunami. Hay un sesgo político clarísimo y una adhesión de este juez a la causa política del PP y Vox.

Ya vimos al senador Cosidó cuando decía: "Controlamos la sala segunda del Supremo por detrás". En cualquier Estado europeo un mensaje de esta gravedad de un cargo político, que afirma que controla la sala segunda del máximo organismo judicial del Estado, debería haber supuesto dimisiones, investigaciones y destituciones y aquí no ha pasado nada.

El Consejo General del Poder Judicial nunca ha llamado la atención a ninguno de estos jueces por manifestar opiniones explícitas de causas que ellos están investigando. Todo esto es una confabulación ideológica disfrazada de justicia que no se acabará hasta que no haya una reforma seria, transversal y estructural del sistema de control del Consejo General. 

¿Cree que se le aplicará la ley de amnistía?

Pasará un tiempo hasta que se nos aplique la amnistía. La cúpula judicial española ha manifestado su voluntad de no aplicar de entrada la ley y de presentar cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También de considerar que el redactado no incluye el caso del Tsunami y, por lo tanto, obviar la existencia de la ley y seguir con la tramitación de manera normal.

Se arriesgan a un procedimiento judicial por prevaricación dependiendo de cómo se argumente la inaplicación de la amnistía. Creo que mayoritariamente se aplicará la ley al conjunto de las causas en juzgados ordinarios, pero nos encontraremos con dos o tres causas, como la del Tsunami, la de los CDR, del caso Judas, donde se complique el escenario. 

En una primera instancia, pueden conseguir salirse con la suya, pero también es verdad que quizá no haya unidad de acción y se pueden generar situaciones contradictorias. García-Castellón puede no aplicar la ley y dictar unas órdenes de detención internacionales y, en paralelo, la jueza del Supremo Susana Polo puede aplicar la amnistía a Ruben Wagensberg y a Carles Puigdemont.

Eso podría pasar. Posteriormente, cualquier decisión de Susana Polo puede ser recurrida en la sala de recursos del Tribunal Supremo y podría acabar anulándose. Puede haber un escenario de montaña rusa. La semana que viene podemos tener una orden de detención internacional y, al cabo de un mes, se podría retirar, y de aquí a tres meses podríamos volver a tenerla otra vez. Ante esta incertidumbre, nos lo tomamos con mucha prudencia. No queremos tomar decisiones definitivas hasta que la situación esté absolutamente consolidada. 

Si emiten una segunda citación y, viendo que la única persona que se presentó, Marta Molina, quedó en libertad, ¿se plantearía declarar para regularizar la situación?

Si las autoridades judiciales españolas quieren citarme a declarar, que lo hagan por los canales formales que están establecidos, es decir, a través de la Comisión Rogatoria con el Gobierno suizo. Pero las autoridades españolas no lo quieren hacer porque desde fuera se ve muy claro que el procedimiento judicial es de características políticas.

Quieren que nosotros voluntariamente nos traslademos a Barcelona para sentarnos frente a ellos, reconocerlos como autoridades judiciales legítimas, admitir que han actuado de manera correcta y hacer un cierto blanqueamiento de su imagen. Mi retorno se tiene que producir o con la ley de amnistía o con un proceso que lleve una deslegitimación absoluta de los actores que me han llevado hasta esta situación.