La izquierda denuncia que la de seguridad ciudadana es "la ley de la patada en la boca a la democracia"

Si en 1992 la conocida como ley Corcuera fue "la de la patada en la puerta", la Izquierda Plural -grupo que aglutina a IU, ICV y Cha- considera ahora que la ley de seguridad ciudadana cuyo anteproyecto ha dado a conocer este martes el Ministerio del Interior será la "ley de la patada en la boca a la democracia". Esa es la descriptiva valoración que ha hecho el coportavoz del grupo Joan Coscubiela durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto a José Luis Centella tras la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados.

Para el PSOE, en cambio, más que un anteproyecto sobre la seguridad ciudadana es "un proyecto de represión ciudadana", y así lo ha recalcado la portavoz parlamentaria de los socialistas, Soraya Rodríguez, durante su intervención ante los medios. Su partido considera que la normativa "no es necesaria" y ha vaticinado que el grupo se opondrá a "restringir derechos", una actuación que se hace "en otros regímenes que no son democráticos".

Desde la Izquierda Plural consideran, por su parte, que las primeras medidas de la normativa que se han conocido y que suponen, entre otras, sanciones de hasta 600.000 euros por diferentes protestas, constituyen una "evidencia que confirma que el PP está a punto de empezar una ofensiva brutal contra los derechos civiles". Coscubiela ha asegurado que el anteproyecto supone "un nuevo intento del Gobierno por criminalizar a los movimientos sociales", una vez que ha comprobado que la ciudadanía "no se resigna" y sigue protestando.

A juicio del diputado de ICV "a este paso", el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy va a llevar al país "de un régimen autoritario a un sistema totalitario", y por eso, su grupo hará "todo lo posible" para que el anteproyecto de Interior "nazca muerto". Para ello, la solución pasa por tomar las calles. "A quien quiere prohibir la movilización hay que responderle con movilizaciones preventivas", ha remachado Coscubiela.

"¿Qué entiende el Gobierno por radical?"

Desde la Izquierda Plural también han querido manifestar su "preocupación" por la información que recoge el diario El País y que apunta a la existencia de una circular en el Ministerio de Defensa que insta a los mandos militares a controlar a los subordinados que supuestamente profesan ideologías "radicales". Centella se ha preguntado "qué entiende el Gobierno por radical", y ha mostrado su temor por que se ponga en marcha toda una "caza de brujas" dentro del Ejército contra quien manifieste sus ideas. 

El parlamentario de IU ha emplazado por ello al ministro de Defensa, Pedro Morenés, a limitarse a aplicar la legalidad vigente y a retirar dicha circular. Para ello, su grupo ha reclamado que el titular del ministerio comparezca en el Congreso para dar cuenta del contenido del escrito y de las instrucciones dadas a los mandos militares.

Herrera emplaza a los partidos catalanes a que no acaten esta "ley mordaza"

El líder de ICV-EUiA en el Parlamento catalán, Joan Herrera, ha pedido este martes articular un frente común de los partidos y la sociedad catalana para desacatar "la mordaza" que supone el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que Interior prevé llevar este viernes al Consejo de Ministros. En rueda de prensa desde el Parlamento catalán, ha emplazado a todos los partidos catalanes a mostrar su rechazo a la reforma que impulsar el ministro del Interior, Jorge Fernández, y defender que en Cataluña no se aplique la nueva norma una vez aprobada.

Según Herrera, el Ejecutivo central quiere poner una mordaza a los ciudadanos y evitar que la gente se movilice y proteste por el temor a ser sancionados: "Lo que quieren es un pueblo silenciado y callado", ha lamentado, informa EP. Entre las medidas que contempla nueva ley está sancionar con entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una manifestación.

En el redactado también se contempla como infracción "muy grave", sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación.