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IU propone tramitar de urgencia las imputaciones de cargos públicos y otras 44 medidas contra la corrupción

Derogar la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal 

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El candidato de Izquierda Unida a las generales, Alberto Garzón, durante la presentación de la candidatura de Unidad Popular, que está integrada básicamente por IU e independientes, hoy en Madrid. EFE/Fernando Alvarado

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MADRID.- Los portavoces de Izquierda Unida lo han repetido por activa y por pasiva, en las calles y en las instituciones: "El PP es una trama de corrupción que se presenta a las elecciones". Nombres de casos como Gürtel, Nóos, Púnica, Bárcenas, Palau, Pokemon, ITV o 3% llenan a diario los minutos de los informativos y páginas de periódico. Detrás del paro, la corrupción es percibida por los españoles como el principal problema del país, y también ha sido uno de los caballos de batalla de Izquierda Unida en el Congreso, donde ha solicitado inumerables comparecencias y plenos monográficos sobre corrupción, siempre con el veto absoluto del Partido Popular, el principal partido salpicado por estos casos.

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Entre las más destacadas se encuentran propuestas ya conocidas como la ampliación de tipos penales y endurecimiento de penas para los corruptos y corruptores, la ampliación hasta 30 años de la inhabilitación para ocupar un cargo público a los condenados por malversación, prevaricación, cohecho o blanqueo de capitales, entre otros delitos; o establecer por ley que los delitos económicos relacionados con la corrupción no tengan fecha de prescripción.

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Derogar la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal 

El paquete de medidas de la formación también contempla la derogación de la Reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal que "limita" el plazo de investigación de una trama. Desde IU, consideran "inuadito" que se limite a seis meses la investigación "cuando, por ejemplo, una comisión rogatoria a Suiza ─uno de los focos del blanqueo de capitales─ tarda más de seis meses".

Una "policía fiscal" al servicio de la Agencia Tributaria

La batería de medidas incluye también propuestas para la prevención de los casos de fraude, donde el papel clave lo desempeña la Agencia Tributaria del Estado, a la que quieren reforzar con una "Policía Fiscal" integrada por agentes de las unidades especializadas de la Policía, la Guardia Civil y las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera.

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