IU denuncia a las eléctricas ante la Fiscalía por “fraude” en los precios

SEVILLA.- Izquierda Unida Andalucía va a llevar ante la Fiscalía a las empresas energéticas. La coincidencia entre la oleada de frío y la subida máxima de los precios de la luz ha empujado a la coalición de izquierdas hasta los juzgados.

El coordinador regional, Antonio Maíllo, junto a otros seis parlamentarios andaluces y diputados de IU en el Congreso (incluido su líder, Alberto Garzón) y un grupo de alcaldes firman una denuncia que se registrará este viernes ante el Ministerio Público de Sevilla, con ruego de que se eleve a la Fiscalía Superior de Andalucía.

IU considera que la subida “aleatoria” de los precios de la luz en máximos históricos justo cuando la ciudadanía más necesita de la calefacción para protegerse del frío de invierno es constitutiva de delito.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Público, pide “que se investigue si las compañías suministradoras que cuentan con una deficitaria red de infraestructuras eléctricas en determinadas zonas, especialmente las determinadas zonas blancas, pudieran estar incumpliendo con sus obligaciones de garantizar el acceso a la energía eléctrica a toda la ciudadanía en condiciones adecuadas, estables y sin interrupciones del servicio imputables a las referidas empresas”.

Y en segundo lugar, solicita al fiscal “que se inicie una investigación sobre las razones por las que en un periodo de altísima demanda las empresas han modulado a la baja la producción de las centrales de gas, provocando con su decisión un encarecimiento del precio de la energía eléctrica mediante prácticas que pudieran ser fraudulentas y tendentes a aumentar sus beneficios”.

IU formó parte del Gobierno de coalición con el PSOE andaluz en la pasada legislatura y ya intentó entonces aprobar una ley de suministros mínimos vitales para evitar que las eléctricas cortaran la luz a familias en riesgo de exclusión. No logró hacerlo obligatorio para las compañías, y finalmente aquella norma quedó vaciada de contenido.

Ahora la coalición de izquierdas cree urgente la “apertura de una investigación que no sólo ponga en evidencia el recurso constante de las compañías a maniobras fraudulentas tendentes a aumentar sus beneficios, sino actuaciones contundentes y ejemplarizantes que las hagan desistir de tales prácticas”.

“Es inaceptable que los poderes públicos, que deben velar por el interés general y la protección de todas las personas, especialmente las más vulnerables, eludan su responsabilidad y mantengan un marco de impunidad en el que estas empresas operan con arbitrariedad, pleno conocimiento del mal que causan, y absoluto desprecio por las durísimas condiciones cotidianas a las que se enfrentan quienes no pueden pagar la energía eléctrica”, dice Maíllo.