El investigado que vincula a Gonzalo Boye con dinero del narco: "Él se inventa los contratos de los préstamos"

Un ciudadano colombiano encarcelado por supuesto blanqueo es quien señala a Gonzalo Boye, defensor del expresidente catalán Carles Puigdemont, como la persona que supuestamente diseñó un plan a base de pagarés para recuperar ante Hacienda 900.000 euros procedentes del narco que habían sido incautados en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

El colombiano, que responde a las iniciales M.A.P.S., pidió declarar voluntariamente ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón que instruye el caso Mito donde esta persona es investigada al igual que el capo Sito Miñanco, defendido por Boyé hasta hace dos semanas.

En su confesión, a la que ha tenido acceso Público, M.A.P.S. señala directamente a Boye como el letrado que diseñó la forma de legalizar el origen de los casi 900.000 euros incautados en el aeropuerto, a partir de unos pagarés.

- “Él nos dice que tiene la manera de justificar esos pagarés y él se inventa los contratos de los préstamos”, explica M.A.P.S. a la juez y el fiscal antidroga.

- “¿Eso quién lo dice?”, interroga Tardón.

- “Gonzalo”, responde M.A.P.S.

El investigado se refiere en varias ocasiones a "Gonzalo" cuando confiesa sobre los encuentros para recuperar el dinero. El abogado declara este miércoles como investigado dentro de una pieza secreta abierta por Tardón por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental. 

El pasado lunes, el despacho, domicilio, ordenadores y teléfono móvil del abogado Boyé fueron registrados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

100.000 euros por los pagarés

El ciudadano colombiano explica a la juez que tuvo varias reuniones con Gonzalo Boyé, Luis Enrique Arango y un amigo suyo llamado “Mario”, de quien ha sabido después que es José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, el capo gallego cuya vida describe la serie Fariña y cuya trama que reorganizó al salir de la cárcel fue desarticulada el 6 de febrero de 2018 en la operación Mito.

Es “Luis Enrique” quien le encarga el envío de los 900.000 euros a Colombia que son requisados en el aeropuerto el 6 de febrero de 2017, cuando iban a ser transportados por varios miembros de su familia.

Tras la incautación, hubo una primera reunión en el despacho de Boye, siempre según este investigado. Asisten el letrado, Luis Enrique, ‘Mario’ y un abogado llamado “Jesús”, con oficina en la calle Orense de Madrid.

En la reunión abordan cómo justificar la procedencia del dinero. Se explica que será a través de unos pagarés y que costarán 100.000 euros. De ellos, 30.000 euros serán entregados al recibir los documentos. El objetivo: que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) devuelva el dinero.

“Luis Enrique dice que lo iba a pagar yo y, como no tenía dinero” acuerdan en el despacho de Boye que ese dinero se lo prestará 'Mario', explica el colombiano.

- “¿Por qué iba usted a pagar si el dinero no era suyo?", pregunta extrañada la magistrada .

- “Porque me entregaron el dinero a mí y se lo incautaron a mi familia y yo no entregué el dinero donde tenía que entregar”.

Unos días después se celebra una segunda reunión “en la oficina de Gonzalo, cerca de la plaza de las Ventas”. Es entonces cuando Boye expone “la manera de justificar esos pagarés”, según el investigado. "Él se inventa los contratos de los préstamos", que firmará M.G.

Los investigadores han confirmado que M.G. firmó 15 préstamos el 15 de junio de 2017. El letrado no asistió a esta firma ante notario.

La tercera reunión se produce también en el despacho de Boye. El abogado les dice que los papeles están listos para entregar a Hacienda, “que ya teníamos que esperar la respuesta de Hacienda”.

Ya habían sido utilizados

Hay una nueva reunión, que se celebra en el despacho de “Jesús”, en la calle Orense de Madrid. El investigado no recuerda su apellido. Asisten Gonzalo Boye, Luis Enrique Arango, “una becaria de Gonzalo” y la investigada A.M., también colombiana, siempre según la declaración del colombiano.

Se aborda que Hacienda ha respondido que los pagarés ya han sido utilizados con anterioridad. Y “Jesús” explica que no es verdad, porque "la vez anterior había presentado una copia" y no los originales como en esta ocasión.

Posteriormente, Hacienda les contestó que existía “una multa por el 100%” de la cuantía y que podían recurrir por la vía contenciosa. Luego los detuvieron, así que no siguieron adelante: no ha recibido notificaciones de Hacienda en la cárcel, explica el investigado.

Este ciudadano colombiano ha sido captado por las fuerzas de seguridad manteniendo varios encuentros con la red desarticulada en Mito. El fiscal le pregunta en su declaración por la razón por la cual continúa con sus encuentros para el supuesto transporte de dinero en el fondo de maletas, si ya puede saber el origen ilícito del dinero. "Tenía que trabajar para recuperar lo perdido", respondió.

Desmentido del abogado

Gonzalo Boye ha recibido el apoyo de su defendido Carles Puigdemont, quien sostiene que el registro a su letrado es una "guerra jurídica a todo trapo", así como del presidente catalán, Quim Torra.

El letrado ha desmentido tener relación alguna con una trama de blanqueo. En su cuenta de Twitter sostiene:"No tenemos relación alguna con el blanqueo de capitales ni ninguna organización criminal, relacionada con el narcotráfico, por la cual se ha ordenado el registro".

En ningún caso nos harán retroceder en la defensa de los derechos y libertades de Catalunya. Defendemos, y defenderemos, a los exiliados y presos políticos catalanes, y a quien haga falta, con la misma determinación y convicción que lo hemos hecho hasta ahora.

— Gonzalo Boye (@boye_g) October 22, 2019

El pasado 31 de julio Gonzalo Boye remitió un escrito al juzgado en el que sostiene que “fue contratado para recuperar un dinero incautado por la autoridad competente y utilizó para ello documentación proporcionada por quien reclamaba en el expediente administrativo”. Esto es, que participó pero “reclamando a su cliente que aportara documentación que acreditara el origen del dinero intervenido".