La legislatura en la que Jorge Azcón ocupó la alcaldía de Zaragoza fue una etapa de notorio descuadre en las cuentas del grupo municipal del PP; tanto, como para que la Intervención considere que los populares deben reintegrar a las arcas del consistorio 211.241 euros que no fueron destinados al fin para el que se les habían entregado.

Los controllers municipales también certifican que los gastos ordinarios duplicaron con creces la cuantía que los populares recibieron como subvención para sufragarlos, y que parte de ellos fueron cubiertos con el dinero que habían recibieron para salarios.

Así consta en el Informe Definitivo de Control Financiero de las Aportaciones a Grupos Políticos elaborado por la Intervención Municipal, fechado hace unos días y que rechaza las alegaciones presentadas por los conservadores para tratar de justificar su manejo de los fondos públicos, y al que ha tenido acceso Público.

En realidad, la Intervención detecta un triple agujero, con dos descuadres de calado que se compensan parcialmente entre ellos, en las cuentas del periodo de 2019 a 2023 del grupo municipal del PP, que gobernó esa legislatura el Ayuntamiento de la capital aragonesa en coalición con Ciudadanos y bajo la supervisión de Vox.

"La diferencia de 211.241,35 debería ser reintegrada por el PP”

Uno se centra en la diferencia entre los 705.543 euros recibidos en esos cuatro años para destinarlos a gastos de personal y los 494.302 utilizados con esa finalidad, que son los 211.241 citados, y otro en los 314.268 en los que los gastos ordinarios superan a los fondos destinados a ese fin, que fueron 312.016.

Y a esos dos descuadres se les añade el que resulta de la combinación de ambos y que los interventores ponen de manifiesto en su informe: el grupo municipal del PP se gastó 103.027 euros más de los que recibió como subvención para esas dos facetas, ya que alcanzó 1,12 millones a lo largo de esos cuatro años cuando las aportaciones municipales ascendían a 1,017.

La situación resulta más extraña, si cabe, cuando el de PP y Cs de la legislatura de 2019 a 2023 fue el Gobierno municipal más costoso en asesores del que hay noticias en Zaragoza, con 16 en las concejalías y la alcaldía, a los que hay sumar la ampliación de tres nuevos coordinadores de área a los cinco que ya existían, y otros siete en los grupos.

"De la totalidad de gastos realizados en el periodo entre 2019 y 2023, 494.302,07 euros se destinaron a la contratación de personal del grupo, y el resto, 626.285,53, tienen la consideración de gasto ordinario" y "duplican la cantidad recibida" para financiarlos, que fue de 312.016,85, señala el informe, que concluye que "la diferencia de 211.241,35 debería ser reintegrada por el grupo municipal PP".

Vox acepta devolver 39.000 euros y adelanta 16.000

Los descuadres afectan también al grupo de Vox, en este caso con una cifra final de 24.669 euros que sale de un gasto ordinario superior los fondos aportados en 15.165 y otro inferior en 39.834 a lo recibido para personal.

"La diferencia de 39.834,69 euros (en personal) debería ser reintegrada", señala el informe de la Intervención, que rebaja la reclamación a 23.319 "puesto que en el ejercicio 2019 ya se realizó un reintegro de 16.515,1"” por parte del grupo de la ultraderecha, el cual, por otro lado, no discute las conclusiones de los controllers municipales.

"Durante el trabajo de campo desarrollado en las dependencias de los grupos el portavoz de Vox ha manifestado verbalmente y posteriormente por escrito su voluntad de reintegrar dicha cantidad", reseña el documento.

Ese grupo, añade, "no ha presentado alegaciones al informe provisional" que la Intervención había emitido en octubre.

"Nada obsta para poder publicar" el destino del dinero

La Intervención, que desestima una alegación en la que los conservadores sostienen que una parte de las aportaciones que reciben los grupos municipales sería "de libre disposición" y no sujeta "a finalidad alguna salvo a la de atender los gastos de funcionamiento del grupo, sin que debiera destinarse obligatoriamente dicho exceso a contratar personal", señala al Área de Presidencia que lleva el concejal Ángel Lorén, al mismo tiempo portavoz del PP, como la responsable de tramitar el reintegro "en el plazo y forma que determine la Junta de Portavoces".

Los interventores llevan años solicitando al Ayuntamiento de Zaragoza que regule "el régimen jurídico de estas aportaciones, su justificación y, en especial, el criterio a mantener respecto de los remanentes y su devolución, fijando los plazos", una tarea para la que sugieren elaborar "un catálogo de gastos admisibles".

Eso evitaría situaciones como la vivida hace unos meses, cuando la polémica merendola de hamburguesas de la alcaldesa, Natalia Chueca, y varios concejales acabó siendo pagada por el grupo municipal del PP por mucho que la propia edil, que en otra ocasión había cargado a las arcas públicas una docena de churros para un desayuno, admitiera que se trataba de un cargo improcedente al erario municipal.

Los interventores también proponen regular "el contenido de la cuenta justificativa, el procedimiento de rendición de cuentas, el control a realizar por parte del pleno y de la Intervención, el procedimiento de exigencia de los reintegros" y "el procedimiento de rendición de la cuenta a fin de mandato".

Los interventores asumen que "no existe una obligación expresa de publicidad activa del destino de las aportaciones a los grupos, más allá de las previsiones de publicidad en materia de subvenciones".

Aunque, al mismo tiempo, "nada obsta para poder publicar en los portales de transparencia el destino y justificación de estas aportaciones", añaden, puesto que las previsiones de la legislación sobre transparencia "son de mínimos, pero en modo alguno prohíben o impiden publicar más información que la mínimamente exigida".