Interior se niega a aclarar si Jaime de Marichalar mantiene escoltas y alega motivos de "seguridad del Estado"

La Ley de Transparencia también esquiva a Jaime de Marichalar. El exmarido de la infanta Elena de Borbón y excuñado de Felipe VI no forma parte de la Casa Real ni está adscrito a ninguna institución del Estado, pero cuenta aún con un muro de opacidad que impide conocer si mantiene algún tipo de escolta a cargo del erario público.

Según consta en un expediente del Ministerio del Interior al que ha tenido acceso Público, la Secretaría de Estado de Seguridad rechazó en febrero pasado una solicitud de información cursada a través del Portal de Transparencia, en la que se consultaba precisamente sobre el servicio de protección de Marichalar.

En su respuesta, el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska cita el Acuerdo del Consejo de Ministros adoptado el 28 de noviembre de 1986 "por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley
de Secretos Oficiales" de la dictadura franquista, aún vigente.

Interior se aferra también a los acuerdos adoptados en marzo y julio de 1994 –también bajo el amparo de aquella ley franquista– que otorgaban la calificación de reservado tanto "a los planes de seguridad de Instituciones y organismos públicos" como a los "planes de protección de todas aquellas personas sometidas a la misma".

En base a esos argumentos legales, la Secretaría de Estado de Seguridad invoca la "necesidad de restringir aquella información cuya divulgación a personas no autorizadas pudiera generar riesgos o perjuicios graves para la seguridad y defensa del Estado", lo cual "implica la restricción de la información solicitada", en relación al servicio de protección de Jaime de Marichalar.

A juicio de Interior, el "conocimiento o difusión" de tal información "por personas no autorizadas puede poner en riesgo tanto la seguridad de las personas objeto de protección como de los agentes encargados de la misma".  

Silencio habitual

Según ha podido verificar Público, los argumentos esgrimidos en este caso son prácticamente calcados a los expuestos en distintas consultas –formuladas también a través del Portal de Transparencia– sobre el coste o dimensión de los servicios de seguridad de Casa Real. 

El rechazo del Ministerio del Interior a aportar cualquier información de esas características ha alcanzado también a las preguntas que afectaban al servicio de escolta que acompaña a Juan Carlos I en Emiratos Árabes Unidos.