MADRID.- El Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, han batido un récord en la concesión de medallas pensionadas este año. Un total de 3.177; 198 rojas, que tienen una remuneración vitalicia de alrededor de 200 euros. Entre los agraciados se incluyen casos polémicos como el del inspector jefe Andrés Gómez Gordo, director de Análisis y Documentación en el Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha y anteriormente fichado por el de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Y también el del comisario Juan Francisco Pérez Larumbe. Ambos policías instruyen sendos expedientes contra el comisario Jaime Barrado, que inició una investigación contra el agente encubierto José Villarejo.

Los cuatro requisitos que expone la ley para conseguir la medalla roja implican que la vida del agente ha tenido que estar en peligro: a) Resultar herido en acto de servicio o con ocasión de él, sin menoscabo del honor, ni por imprudencia, impericia o accidente; b) Participar en tres o más servicios, en los que, mediando agresión de armas, concurran las circunstancias del apartado anterior, aunque no resultara herido el funcionario; c) Realizar, en circunstancias de peligro para su persona, un hecho abnegado o que ponga de manifiesto un alto valor en el funcionario, con prestigio para la Corporación o utilidad para el servicio; d) Observar una conducta que, sin llenar plenamente las condiciones exigidas para la concesión de la Medalla al Mérito Policial, merezca especial recompensa, en consideración a hechos distinguidos y extraordinarios en los que haya quedado patente un riesgo o peligro personal.

Sin embargo, informan fuentes policiales a Público, la trayectoria de Gómez Gordo “no ha requerido poner en peligro su vida e ningún momento”. En 2007 fue contratado como director de Seguridad de la Ciudad de la Justicia en la Comunidad de Madrid que presidía Esperanza Aguirre. Su nombre se vio relacionado con el caso de los espías y con la agencia de detectives Mira, que pudo participar en el espionaje en Colombia a Ignacio González. Allí también, siguen las mismas fuentes, “conoció al chófer de Granados, Sergio Ríos, que después Cospedal le colocó a Bárcenas en 2010 y que ahora acaba de entrar a la Policía a sus 39 años”.

Gómez Gordo regresó a la Jefatura Superior de Policía de Madrid en 2010 para ejercer funciones de prensa y de allí, en 2011, fue contratado personalmente por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para que fuera su director de Análisis y Documentación. Fuentes cercanas a este inspector jefe aseguran que “esta dirección era la forma oficial de nombrar a la Dirección de Seguridad de la Comunidad. Gómez Gordo hacía trabajos por indicación de Cospedal y era uno de sus hombres de confianza”.

En previsión de las elecciones municipales y autonómicas, el 16 de marzo dejó el gobierno de Cospedal y regresó a la Policía. No a cualquier puesto. En estos momentos es uno de los adscritos a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que dirige el comisario Eugenio Pino y ocupa el puesto de Jefe de la Unidad Operativa de Apoyo de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Es decir, es el enlace entre el gobierno de la policía nombrado directamente por el ministro del Interior y por el presidente Mariano Rajoy y la unidad que se encarga de investigar la corrupción del PP en casos como Gürtel, los papeles de Bárcenas o el caso de Convergència con Pujol.

Su hermano, Miguel Ángel Gómez Gordo, también es policía y ha estado imputado hasta hace apenas un mes en el caso de Gao Ping, por ser uno de los policías que podría colaborar y cobrar dádivas de la red mafiosa china. Aunque recientemente ha sido desimputado, los fiscales anticorrupción de la causa han pedido que vuelvan a mantenerse las acusaciones contra él.

Uno de los pocos trabajos que ha realizado Andrés Gómez Gordo en estos meses en la DAO es instruir un expediente sobre el comisario Jaime Barrado, tras iniciar este una investigación sobre otro de los hombres de confianza de Eugenio Pino: el comisario José Villarejo. Este expediente ya ha llevado a la suspensión de empleo y sueldo de Barrado.

Otro de los casos de medalla roja que ha sorprendido es el del comisario Juan Francisco Pérez Larumbe. Al igual que Gómez Gordo, Larumbe instruye un expediente por hiperactividad en la investigación de la doctora Elisa Pinto, aunque aún no se conoce el resultado de sus indagaciones.