Ingreso Mínimo Vital Los parcheos del ingreso mínimo vital permitirán cobrarlo a más de 60.000 hogares de mayores de 65 años sin pensión

El Gobierno se ha servido de la aprobación de dos normativas distintas en el mes de septiembre para flexibilizar el acceso al ingreso mínimo vital (IMV), la medida social estrella de la coalición. Tras las críticas sobre los criterios de acceso a la prestación, que empezó a funcionar en junio, el Ejecutivo ha parcheado la norma en sendos decretos ley aprobados en dos Consejos de Ministros sucesivos, el 22 y el 29 de septiembre.

De hecho, entre las reformas aplicadas este martes, el Gobierno ha ampliado el acceso a los mayores de 65 años que no reciben ninguna pensión. Según las cifras de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, esto supone facilitar el acceso a la prestación a más de 60.730 hogares en los que residen personas mayores de 65 años (con o sin menores), que viven por debajo del umbral de la pobreza y no reciben ninguna pensión. Los datos provienen de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2018 (elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, INE).

Cerca de 90.000 hogares reciben la prestación, y el ministro Escrivá prevé que sean 180.000 al finales de octubre

La cifra equivale a dos tercios del total de hogares que hoy por hoy reciben el ingreso mínimo, alrededor de 90.000 según afirmó el martes el ministro de Seguridad Social e Inclusión, José Luís Escrivá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En la misma comparecencia, Escrivá, corresponsable de la prestación junto con la Vicepresidencia de Pablo Iglesias, afirmó que espera que a finales de octubre la cifra de hogares que reciben esta ayuda se haya duplicado, hasta alcanzar los 180.000.

Entre las reformas validadas este martes, el Ejecutivo aprobó ampliar hasta el 31 de diciembre de 2021 la posibilidad de solicitar la prestación como consecuencia de una pérdida de ingresos que haya tenido lugar en el mismo año, aunque en el anterior no se dieran estas pérdidas; que puedan reclamarlo personas que comparten domicilio con otras, por ejemplo al tener alquilada una habitación; y que las personas que figuren como administradoras de una sociedad mercantil que haya cesado su actividad pueden acceder a la prestación -para que no se excluya a quienes sigan apareciendo en los datos de Hacienda-.

Además, redefinió el concepto de familia monoparental, recogiendo aquellas con un segundo progenitor en prisión o en un centro hospitalario, y facilitando que las víctimas de violencia machista con hijos reciban el complemento de monoparentalidad. Estas modificaciones, que fueron publicadas en el BOE el miércoles, vienen a sumarse a las realizadas sólo una semana antes, si bien en el Ejecutivo no descartan que haya que hacer nuevos cambios.

El Ejecutivo se sirvió de dos normas distintas aprobadas en dos Consejos de Ministros para modificar el IMV

El 11 de septiembre, en una entrevista en Cope, Escrivá auguró que 150.000 hogares ya estarían cobrando la prestación al final de ese mes. Entonces se habían recibido 900.000 solicitudes, y unas 85.000 ya habían sido tramitadas y aprobadas, según los datos del ministro.

La prestación se puede solicitar desde el 15 de junio, pero se puede cobrar con efecto retroactivo, a contar desde el 1 de junio. No obstante, dada la complejidad técnica que entraña el IMV, y las diferentes valoraciones de su funcionamiento que han hecho Iglesias y Escrivá -el primero tildaba de "inaceptable" la espera a la que se han visto obligadas decenas de miles de familias vulnerables para cobrarlo, mientras el segundo defendía a capa y espada la actuación del Ejecutivo-, no se espera que estas se produzcan en un breve periodo de tiempo.

En una reciente entrevista con este diario, la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, afirmó que esta había sido una de las medidas más complicadas de introducir en el acuerdo de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE.

Su puesta en funcionamiento, además, se vio acelerada por la grave crisis generada por la pandemia del coronavirus, y entonces ya hubo algunas discrepancias entre Iglesias y Escrivá. Ambos escenificaron su entendimiento en la presentación de esta ayuda, y posteriormente en una entrevista conjunta.

Teniendo en cuenta que la idea es que 850.000 hogares, alrededor de dos millones de personas, puedan cobrar esta prestación cuando esté plenamente operativa, a todas luces serán necesarios nuevos ajustes.