La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, ha afirmado hoy que los funcionarios "están obligados a cumplir las leyes vigentes en cada momento", ha evitado suscribir las "sanciones" de las que ha hablado el diputado de Junts pel Sí Lluís Llach, aunque tampoco lo ha desautorizado y ha dicho que el Govern va a "preservar y proteger a los funcionarios, a todos ellos".

Llach ha afirmado, según ha revelado El País, que los funcionarios catalanes que rechacen cumplir la ley de transitoriedad jurídica, pendiente de aprobación por el Parlament y que prevé la desconexión del Estado, "sufrirán" y serán "sancionados", incluidos los Mossos d'Esquadra reacios al proceso soberanista.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán, Munté ha evitado hablar de sanciones, porque ha dicho que "no se plantea" un escenario de desobediencias de dicha ley de transitoriedad, pero ha remarcado, en todo caso, que "las leyes nos obligan a todos, en cada momento y según el marco legal vigente". Además, ha remarcado que las responsabilidades del proceso soberanista "las asumen los políticos" y que el Govern va a "preservar y proteger a los funcionarios, a todos ellos".

Munté ha subrayado, asimismo, que el Govern garantizará los "marcos jurídicos" que den las "máximas garantías" en el "tránsito" de la legalidad estatal vigente a otra catalana de nueva creación, la denominada ley de transitoriedad jurídica, que guarda en secreto Junts pel Sí hasta que se lleve a votación en el Parlament.

Sin desautorizar a Llach, Munté se ha limitado a manifestar "respeto" por las expresiones sobre el proceso soberanista que pueda haber en la sociedad, pero ha insistido que no entrará a hablar de sanciones porque no cree que sea una cuestión que "preocupe" a los catalanes. Así, ante las preguntas de si el Govern sancionaría a los funcionarios que incumplieran la ley de transitoriedad, Munté ha evitado concretar, alegando que es un escenario que ella no se plantea que suceda.

Los sindicatos UGT y CCOO de la función pública han reclamado a la Generalitat respeto a sus empleados y que el proceso de desconexión de Catalunya se haga con "garantías, negociación, participación y transparencia". Cs, PSC y PP han exigido este martes al Govern que aclare si prevén sancionar a los funcionarios que incumplan la Ley de transitoriedad jurídica una vez se apruebe en el Parlament.

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha reprochado hoy al diputado de JxSí Lluís Llach que "amenace" a los funcionarios de la Generalitat con sanciones si no acatan las leyes de desconexión cuando sean aprobadas, y ve en ello "un despropósito". Mientras, el portavoz parlamentario de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha alertado de que "no hay que tomarse a la ligera estas amenazas" y ha lamentado que se obligue a los trabajadores públicos a "hacer seguidismo de las propuestas separatistas del Govern".