La incógnita de las medallas que Juan Carlos I regaló a varios dictadores: por qué las concedió y dónde están ahora

Una tumba sin nombre. En la Argentina que enjuicia y condena a sus dictadores, el máximo representante del horror no recibe ningún tipo de homenaje: Jorge Rafael Videla es un muerto sin honores cuyos crímenes jamás serán olvidados. A 10.000 kilómetros de Buenos Aires sobrevive en cambio una incertidumbre: a este lado del Atlántico las autoridades no saben qué ocurrió con la condecoración que Juan Carlos I entregó a aquel dictador para mostrarle su "aprecio". La ley dice que sus herederos deberían haberla entregado, pero no hay constancia de ello.

Videla forma parte del listado de atroces dictadores que España premió con el nombre y firma del ahora huido rey emérito. En noviembre de 1978, a las puertas de una polémica visita a Argentina, el rey firmó el decreto por el que se le otorgaba a ese militar el Collar de la Real Orden de Isabel la Católica, una de las máximas condecoraciones de entonces y de ahora.

"Queriendo dar una muestra de Mi Real aprecio al excelentísimo señor Teniente General Jorge Rafael Videla, Presidente de la nación Argentina. Vengo en concederle el Collar de la Orden de Isabel la Católica", dice textualmente el decreto firmado por Juan Carlos I, encargado por ley de otorgar dicho reconocimiento, el 16 de noviembre de 1978. Junto a su firma aparece la del entonces ministro de Exteriores del Gobierno de UCD, Marcelino Oreja.

Diez días después, el monarca iniciaba junto a la reina Sofía su visita oficial a Buenos Aires, en el marco de la cual se suscribió un "protocolo de cooperación económica, comercial, industrial y tecnológica". Según el ministerio español de Industria de la época, el viaje de los reyes dejó como saldo acuerdos económicos por más de 300 millones de dólares.

Videla murió el 17 de mayo de 2013. Para entonces, el dictador argentino ya había sido juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad. Según consta en el artículo 11 del Reglamento de la Orden de Isabel la Católica, "al fallecimiento de los condecorados con el grado de Collar, sus herederos quedan obligados a la puntual devolución de las insignias a la Cancillería de la Orden", que a día de hoy está a cargo del ministerio de Asuntos Exteriores.

En dicho artículo se especifica que la devolución "será realizada a través de las representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el exterior, si los familiares residieran fuera de España", tras lo cual "la Cancillería de la Orden expedirá el correspondiente documento que acredite dicha devolución".

En ese contexto, fuentes oficiales del ministerio de Exteriores señalaron a Público que no es posible determinar "con inmediatez" si los herederos de Videla devolvieron el Collar a las autoridades diplomáticas españolas, tal como establece el reglamento. En tal sentido, argumentaron que los datos solicitados por este periódico "no están informatizados", a pesar de que la muerte del dictador argentino se produjo en 2013.

Tampoco hay datos sobre el destino de la medalla que Juan Carlos I concedió en mayo de 1983 al dictador uruguayo Gregorio Álvarez, fallecido en 2017. Al igual que en el caso de Videla, su condecoración fue otorgada en vísperas de la visita que el rey efectuó a Uruguay, cuya población se encontraba bajo una dictadura militar desde junio de 1973.

"¿Cómo es posible que bajo un gobierno democrático se concedieran estas medallas?", se pregunta David Bondía, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona y presidente del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya (IDHC). En esa línea, advierte sobre la "opacidad" que ha habido en torno a esas condecoraciones.

Lo mismo ocurre con el Collar de Isabel la Católica entregado por Juan Carlos I al dictador indonesio Suharto, premiado en 1981 –también de forma previa a una visita oficial del rey a ese régimen– y fallecido en 2008. Dos años después de visitar Indonesia, el rey viajó a Zaire, lo que trajo aparejada una condecoración para el dictador Mobutu Sese Seko. Aquella visita, registrada en noviembre de 1983 –bajo el Gobierno de Felipe González–, se cerró con la firma de distintos acuerdos en materia de cooperación económica e industrial.

"Este tipo de medallas pertenece al ámbito de oscurantismo absoluto con la que sigue operando en nuestro país la monarquía y en particular, Juan Carlos I", destaca por su parte Rafa Lara, coordinador del área de Solidaridad Internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). En esa línea, considera "inaudito que un país que se pretende democrático y que, por tanto, debe respetar los derechos humanos, entregue esas altas distinciones a dictadores".

"Arbitrariedad selectiva"

Asimismo, entre los dictadores premiados por Juan Carlos I que ya han fallecido –por lo que sus herederos deberían haber devuelto las medallas– se encuentran también el peruano Francisco Morales Bermúdez y el brasileño João Baptista de Oliveira Figueiredo. En ambos casos, sus premios también fueron entregados por decreto en vísperas de las visitas efectuadas por los monarcas españoles a sus respectivos países.

"Esto es una vergüenza para cualquier gobierno democrático"

En tal sentido, Bondía advierte sobre la "arbitrariedad selectiva de la política exterior en materia de derechos humanos: denuncias lo que hacen los estados considerados como enemigos, pero callas con las políticas de aquellos estados que quieres considerar como amigos". "No solo es que te calles, sino que les estás premiando. Esto es una vergüenza para cualquier gobierno democrático", remarca.

Por su parte, Lara sostiene que el Congreso "debe investigar qué pasó con esas medallas, por qué se entregaron y si han sido devueltas en el caso de los fallecimientos de los dictadores". Este activista señala además que "si algún dictador condecorado por Juan Carlos I aún está vivo, lo que procede es que el Congreso requiera a la monarquía que se la retire inmediatamente". Es el caso de Teodoro Obiang, dictador de Guinea Ecuatorial que fue condecorado por el rey en diciembre de 1979, cuatro meses después del golpe de estado en ese país.

Hace algunas semanas, el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República, conformado por opositores a la dictadura de Obiang, presentó una iniciativa a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para reclamar que la Cámara deje sin efecto la condecoración a ese dictador.