¿Mujer prostituida o trabajadora sexual? ¿Putero o cliente? ¿Un trabajo legítimo o violencia de género? El eterno debate del feminismo sobre la prostitución, mucho más allá del lenguaje. Los partidos políticos continúan sin establecer medidas para solucionar la situación de las mujeres en prostitución. Mientras, las asociaciones feministas que dan voz a estas mujeres se enfrentan con diferentes perspectivas a un mismo objetivo: velar por los derechos humanos de las prostitutas.

A pesar de manifestar ante diferentes medios su posición contraria a la legalización de la prostitución, el Partido Popular incluye únicamente en su programa electoral la penalización de delitos relativos a esta actividad en casos de menores.

El PSOE, que define a la prostitución como “violencia de género” y “forma de esclavitud”, defiende su persecución “aún con el consentimiento de la víctima”, al no considerarlo un trabajo por no reunir las “condiciones de dignidad y respeto humano que requiere una actividad laboral”.

A pesar de la clara posición de Izquierda Unida, que señala en su programa a la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres, Podemos no ha establecido una postura definida sobre este tema.

El principal problema  de la prostitución sigue siendo el mismo: la estigmatización de las mujeres, la violencia ejercida contra ellas y la criminalización

En abril de 2015, Ciudadanos propuso legalizar la prostitución, alegando que con ello se podrían “recaudar hasta 6.000 millones de euros” al año, propuesta que fue rechazada por el resto de partidos. Desde entonces, la formación naranja incorporó en su programa electoral el diseño de un plan de atención a la prostitución, en el que fija como objetivo legalizarla, para que “se ejerza en el marco de derechos y deberes de nuestro entorno social, sanitario, laboral y económico”.

En el marco de España, donde la prostitución es alegal, hablar de ello no es tan sencillo como establecer unas posturas abolicionista, regulacionista y prohibicionista. Todas las asociaciones coinciden en que dentro de la lucha por los derechos de las prostitutas, igual que en todas las realidades del feminismo, hay muchos matices. 

Pero el principal problema sigue siendo el mismo para todas: la estigmatización de las mujeres, la violencia ejercida contra ellas y la criminalización. Paradójicamente, se ha producido un incremento de las multas a las mujeres desde que entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, en 2013. Esta norma incluye dos maneras de multar a las mujeres en prostitución: por el art. 37.5 (exhibicionismo obsceno) y por el art. 36.6 (desobediencia a la autoridad).

¿En qué consiste el debate?

Las diferentes posturas, aunque con numerosos matices, dividen a las partidarias de la legalización, la abolición y la prohibición de la prostitución.

-Legalización, considerar la prostitución una profesión. Sus defensoras aseguran que otorgar derechos laborales a las “trabajadoras sexuales” permitirá una garantía de la protección social de estas mujeres.

-Abolición, erradicar la prostitución a raíz de la demanda. Las abolicionistas defienden un modelo en el que se penalice al “prostituidor”, otorgando facilidades a la mujer en situación de prostitución, donde se le garantice una reinserción laboral y social.

-Prohibición, perseguir la prostitución a través de penalizar al cliente y a la prostituta.

“Cuando trabajaba en mi piso ganaba hasta 1.800 euros a la semana; ahora cobro 20 la hora y no puedo trabajar de otra cosa”

Mónica es una de las incontables mujeres que ocupan las calles de los polígonos de Madrid. Lleva el abrigo abrochado hasta arriba, cubriéndole parte de la cara por temor a que alguien la reconozca. La crisis económica y la escasez de oferta laboral le han llevado a ejercer en el polígono, un “espantoso” ambiente al que asegura no terminar de acostumbrarse, tras 15 años recibiendo a hombres en su piso.

"El orgullo y la arrogancia desaparecen cuando se acaba el dinero”, explica Mónica: “Cuando trabajaba en mi piso podía ganar hasta 1.800 euros a la semana; ahora cobro 20 euros la hora y no puedo trabajar de otra cosa porque no tengo estudios en un marco de crisis laboral”.

Garantizarles un puesto en el mercado laboral a estas mujeres, ya sea mediante la reinserción laboral o la legalización de su situación, es un pilar fundamental para todas las asociaciones, que luchan de igual manera por los derechos humanos de las mujeres en situación de prostitución.

Trabajo legítimo o violencia de género

¿Es la prostitución un trabajo legítimo o susceptible de considerarse violencia de género? Esta es la brecha más acentuada en el debate generado entre las feministas en referencia a la prostitución. Todas ellas velan por los derechos humanos de las mujeres, pero las distintas perspectivas plantean, inevitablemente, diferentes vías. Mientras una parte reclama las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales, otra reivindica que la prostitución fomenta la desigualdad entre hombres y mujeres.

Beatriz Gimeno: “Bastaría con humanizar a las personas en prostitución”

La Asociación para la atención integral de mujeres en riesgo social (AIMUR) asegura que “la venta del cuerpo por horas establece una relación de poder entre el que compra sobre la persona que –obligada por un tercero o por la necesidad- vende su cuerpo para dar placer al hombre: una mujer, un ser libre, empoderado, respetado e igual al hombre, se ve en la situación de que éste le introduzca el pene por el ano, vagina o boca, por el precio de 30 euros”.

La fundación Genera lucha por que las mujeres que ejercen la prostitución tengan mayores garantías y mejores condiciones en el terreno laboral: cumplir con los horarios y los pagos establecidos y evitar que se les acose en el trabajo y se protejan los derechos sociales.

Por su parte, la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres (CIMTM) defiende la abolición como modelo para erradicar la prostitución, considerada por ellas como “una de las formas más extremas de violencia de género contra las mujeres y niñas”.

“Bastaría con humanizar a las personas en prostitución”, recalca la diputada por Podemos Beatriz Gimeno, que define esta industria como “una escuela de desigualdad, donde el cuerpo de las mujeres es tierra de conquista”. “¿Qué sexualidad se construye cuando no hay empatía hacia la otra persona, que se ha cosificado?”, cuestiona Gimeno.

Diferentes perspectivas, un mismo objetivo

"El debate divide al feminismo y las que salen perdiendo son las propias mujeres”, recalca la asociación pro-derechos Hetaira: “La mujer que quiera abandonar la prostitución debe tener vías para hacerlo, pero también hay que escuchar a las mujeres que reclaman ejercerla en mejores condiciones”.

“No cambiaremos nada sin conseguir que los hombres vean a la prostituta como una igual”, recalca Gimeno

Hetaira apuesta por una legalización de la prostitución, que tenga el centro en las trabajadoras sexuales: “Queremos dotar a las mujeres con derechos laborales para que puedan enfrentarse a los abusos y darles capacidad de decisión”.

Beatriz Gimeno descarta los términos abolicionista / regulacionista y pasa a hablar de anti y pro prostitución para definir las distintas posturas. Gimeno, desde su posición de abolicionismo crítico (porque considera que algunos argumentos del abolicionismo tradicional han quedado obsoletos), asegura que “no cambiaremos nada sin conseguir que los hombres vean a la prostituta como una igual; y entonces no podrán tratarla como lo hacen”.

“Es evidente que la prostitución sigue cargando con un gran estigma social, cuando un insulto muy común hacia las mujeres es el de putas”, recalca la CIMTM. “Tú no eres nadie y yo puedo permitirme pasar por aquí e insultarte: éste es el estigma que recae sobre las mujeres que ejercen la prostitución”, denuncia una portavoz de Genera.

Hallar una solución común para todas ellas es una utopía, pero es imposible que exista este debate sin la voz de las implicadas: unas, reivindicando unos derechos laborales para mejorar las condiciones de su día a día; otras, víctimas de la precariedad del sistema y de sus propias circunstancias, pidiendo la reinserción laboral y social. En todos los casos el objetivo es claro: el empoderamiento de la mujer.