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Actualizado:Ni entra en sus cuentas ser imputado -"En ningún caso"-, ni cree que las informaciones sobre el caso Dina, una pieza separada dentro del macrosumario Tándem, vayan a tener más recorrido en lo que respecta a Unidas Podemos que un aluvión de titulares críticos, sin futuro en la vía judicial, como ha ocurrido en otras ocasiones en cinco de sus seis años de vida.
El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de la formación morada, Pablo Iglesias, considera que el caso Dina supone un nuevo intento de "debilitar al Gobierno", y de expulsar a Unidas Podemos de la coalición.
Así, en una entrevista en RNE este viernes, Iglesias ha respondido a la pregunta de si dimitiría en caso de ser imputado, ha afirmado que no contempla la posibilidad de verse investigado: "No concibo esa posibilidad, sería el mundo al revés. ¿Pero qué es esto?" contestó. "Tenemos una estructura policial, sobre todo mediática, que se ha dedicado a mentir contra Podemos". "El objetivo", apuntaba, "no es que esto termine en ninguna parte", sino en "crear escándalo mediático. Difama, que algo queda".
Iglesias dice contar con el apoyo de Sánchez -"Sólo faltaría"- y que este no tiene "la más mínima preocupación" por el caso, más allá de su dimensión mediática
De hecho, ha incidido en que su formación es la principal perjudicada en el marco de esta investigación, que hoy también apunta al vicepresidente segundo. Asegura que cuenta con el total apoyo del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez -"Sólo faltaría"- y que éste no tiene "la más mínima preocupación" por el caso, más allá de su dimensión mediática. El Ejecutivo y el propio Sánchez han rechazado hacer "comentarios" sobre la investigación.
Un año después de abrir la pieza separada, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón retiró a Iglesias su condición de perjudicado en la pieza del robo del móvil de Dina Bousselham en 2015, y la publicación de la información que contenía. Bousselham, entonces asistente de Iglesias como eurodiputado, es hoy directora de la web La Última Hora.
Iglesias, que recibió una copia de la tarjeta sim de este móvil -creyó que era la única copia-, ha reconocido que tardó meses en entregársela a Bousselham, si bien ha negado que cuando lo hizo la tarjeta estuviera dañada.
Ha recordado que lo que contenía este dispositivo, en esencia, eran "fotos íntimas" de la joven, y ha explicado que custodió la tarjeta para "no someter a Dina a mas presión". "Habían salido informaciones que decían que teníamos una relación", decía, explicando que no es la primera vez que alguna de las mujeres que han trabajado con él se ven afectadas por publicaciones de este estilo.
Iglesias insiste en que Unidas Podemos es el perjudicado por este caso, y niega que la tarjeta que entregó a Bousselham estuviera en mal estado
En la misma línea, Iglesias ha afirmado que "en ningún caso" su formación ha recibido información privilegiada de la Fiscalía, y la mejor demostración es, a su entender, que el Ministerio Público no ha compartido el criterio de Unidas Podemos en esta causa en varias ocasiones.
El pasado viernes se conoció que la Inspección Fiscal abrirá actuaciones para comprobar informaciones aparecidas en medios de comunicación sobre la supuesta relación del fiscal de Tándem, Ignacio Stampa, y la abogada de Iglesias, Marta Flor Núñez, que también ha representado a Bousselham.
En última instancia, preguntado por la existencia de las cloacas de interior aún hoy, Iglesias ha afirmado que siguen operando, si bien ha incidido en que lo hacen a nivel mediático. A su entender, hay quienes quieren que los implicados en las cloacas y los medios de comunicación que difundieron informes y actuaciones de estas clocacas "se vayan de rositas".
Comparecerá en el Congreso... si lo hacen Rajoy, Santamaría y Zoido
Por otro lado, Iglesias ha condicionado su comparecencia en el Congreso, reclamada por el PP y el partido ultraderechista Vox, a que ésta tenga lugar en una nueva comisión de investigación sobre las cloacas. También a que en este foro comparezcan el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, o los exministros del Interior Juan Ignacio Zoido y Jorge Fernández Díaz. Fue durante su mandato, apuntaba, cuando "su partido creó una cloaca policial y mediática para desprestigiar a los adversarios políticos".
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