Tras dos meses y medio de concentraciones cargadas de insultos y amenazas frente a la vivienda donde reside junto a su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y sus tres hijos menores de edad, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha presentado este miércoles una querella por seis presuntos delitos contra uno de los organizadores de estas actuaciones, ante el Juzgado de Instrucción de Collado Villalba.

Iglesias se ha querellado contra Miguel Ángel Frontera un "activista de ultraderecha" -como lo describen desde la formación morada-, que lleva meses participando en estas concentraciones, a menudo a bordo de un vehículo desde el que reproduce el Cara al Sol -con un equipo de sonido conectado a un generador-, y en el que porta banderas, cacerolas y carteles con mensajes como "Pablo Iglesias, hijo de terrorista". El 18 de julio de 2020, un grupo de personas entre las que se encontraba el querellado, se agolparon a las puertas del domicilio y llegaron a desearle la muerte a Iglesias, según los vídeos recopilados.

En otro de los vídeos aportados aparece con otro cartel que reza :"Irene Montero, ministra analfabeta cuyo mérito es tener las rodilleras gastadas". A menudo, además, se refiere al vicepresidente segundo como "garrapata" o "chepas", siempre según la querella. Las concentraciones a las puertas del domicilio de ambos representantes del Gobierno llevan sucediéndose desde el 15 de mayo, y a menudo los participantes han expresado su deseo de "no parar hasta que se marchen de España".

Así, los letrados de Iglesias aprecian que Frontera podría haber cometido hasta media docena de delitos: un delito de coacciones (artículo 172 y siguientes del Código Penal); un delito de acoso (172 ter del Código Penal); un delito de descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197); un delito de desobediencia a la autoridad (556 del Código Penal); un delito de alteración del orden público (artículo 559) y otro delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, en este caso tipificado en el artículo 325 del Código Penal.

El "acoso permanente" al que se ve sometido el vicepresidente segundo, y en concreto la actuación de Frontera, constituye "una grave alteración de la vida cotidiana del querellante y su familia que inevitablemente hace más difícil el importante papel encomendado por la ciudadanía a la víctima". El texto, que incide en que Iglesias y Montero residen con los tres pequeños –"Que también están viendo su vida alterada gravemente"-, destaca que esta "actividad delictiva" es "insistente, reiterada", y además se ve amplificada por su difusión en redes sociales.

De hecho, razona que estas actuaciones "que alteran el orden público, con marcado carácter de gamberrismo, intromisión y de lesión a los derechos de la familia de Don Pablo Manuel Iglesias Turrión y del resto de sus vecinos", en ningún caso "pueden ser confundidas con el legítimo derecho de reunión, manifestación y expresión consagrados en nuestra Constitución española".

"Como demuestra el dossier que aportamos", sigue el texto, "lo único que se dice es 'Vamos a la Gran Cacerolada en el Casoplón del Chepas'". Consideran demostrado que esto "no es una protesta política", sino la plasmación de "una animadversión personal y de odio al Vicepresidente del Gobierno de España y a su familia".

"El querellado se ha dedicado a jalear y a recaudar fondos para sumar cuanto mayor multitud mejor sin ningún tipo de protesta democrática y legítima, sino con la intención de importunar a nuestro patrocinado. Como hemos visto en el relato fáctico de este escrito ha promocionado estas 13 actuaciones y bajo alguna alusión formal y vacía de contenido hacia el derecho a la protesta; lo único que hay realmente es el odio y la inquina hacia Don Pablo Manuel Iglesias Turrión", abunda el texto.

"La actuación de hostigamiento constante en el domicilio particular de nuestro patrocinado viene a perturbar su intimidad y vida privada", apostilla.

La querella detalla que, desde el 5 de junio, Frontera se sirve se su cuenta de Twitter para autoproclamarse instigador de las concentraciones, y que su participación esa misma jornada supondría que incurrió en un "desplazamiento no permitido" desde su residencia, en Brunete, "dada la fase de la desescalada en la que se encontraba".

De subir a la verja de la casa a grabar el interior a "lucrarse" con estas concentraciones

Más allá de las actuaciones ya mencionadas, uno de los vídeos aportados plasma cómo el 12 de julio Frontera burló a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que custodian el perímetro y subió a la valla exterior trasera de la vivienda, desde donde grabó el interior, lo que constituye "una intromisión ilegítima y de todo punto de vista inaceptable".

Fue detenido por la Guardia Civil horas después, y según recogen distintos medios de comunicación, el atestado le imputa un delito de revelación de secretos. Un día después, el 13 de julio -en una entrevista adjuntada-, reiterara su intención de seguir concentrándose ante el domicilio, "poniendo música cada vez más alta". 

Por ello, el querellante solicita que se ofice a la comandancia de la Guardia Civil en San Lorenzo de El Escorial, "para que aporten inmediatamente a esta causa la grabación de vídeo incautada en el teléfono móvil del querellado Miguel Ángel Frontera Díaz, vídeo en el que el se recoge la grabación de imágenes del interior de la vivienda".

Además, la querella destaca que Frontera "ha creado una plataforma de crowdfunding de la que pretende obtener ingresos económicos para seguir dando soporte a las supuestas protestas". "Es decir, Don Miguel Ángel Frontera se lucra, recabando aportaciones económicas de los ciudadanos, para financiar la actuación ilícita y delictiva que lleva a cabo, lo que a nuestro juicio merece mayor reproche y agrava su conducta". 

Entre los vídeos aportados, se observa al querellado "con la bandera Carlista con la cruz de Borgoña usada por los Requetés en la guerra civil española", o siendo informado por la Guardia Civil de que que los concentrados no tenían permiso para manifestarse en la zona (10 de junio).

A esto se suma el hecho de utilizar un equipo de sonido desde lo alto de un cerro, "situado a unos 400 metros" de la vivienda, con la voluntand "de que aumenten los watios de sonido". "El impacto acústico sobre toda la zona del parque natural y la zona residencial es de dudosa legalidad", abunda la querella, y de ahí que perciban la comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.