Las mediciones acerca del consenso que existe en la opinión pública sobre la forma de Estado escasean. Desde abril de 2015 el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no recoge en sus barómetros una valoración ciudadana sobre la monarquía, ni tampoco sobre las preferencias de organización política del país. Más allá de algunas iniciativas ciudadanas, normalmente a nivel local, y con recursos bastante limitados, no se ha realizado ninguna consulta ni referéndum que permita conocer, ya no solo cuántos ciudadanos prefieren una monarquía como la actual y cuántos optan por otro sistema, sino hasta qué punto existe una polarización y un debate en este sentido.

Pese a la ausencia de estudios, métricas y demoscopia (un grupo de medios independientes han pedido al CIS una encuesta monográfica sobre la monarquía), hay una parte del Gobierno, encabezada por el presidente, Pedro Sánchez, que defiende de forma tajante que "el pacto constitucional sigue plenamente vigente"; y hay otra parte, liderada por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que constata la existencia de una erosión del denominado régimen del 78 y de un debate sobre su supervivencia, y que incluso afirma sin rodeos que "tarde o temprano los jóvenes impulsarán una república en España".

La marcha de Juan Carlos I fuera de España, cercado por las informaciones y las investigaciones que apuntan a supuestas irregularidades en sus finanzas, ha llevado el debate sobre la monarquía al propio Ejecutivo de coalición, donde ambas partes admiten la existencia de diferencias importantes en este asunto, aunque también insisten en que no está pasando factura a la acción y coordinación en el seno del Gobierno.

Sánchez defendió en varias ocasiones en su intervención del martes que, más allá de los supuestos escándalos que rodean a la Casa Real, es necesario separar la institución monárquica de la figura de Juan Carlos I, en un intento por sustraer a la Corona del daño que la figura del rey emérito le puede estar causando. "No se juzga a las instituciones, se juzga a las personas", explicó, comparando la situación con casos de corrupción en el seno de partidos y otros organismos políticos, como los sindicatos.

También destacó el papel histórico de la monarquía, a la que calificó de "clave de bóveda de la Constitución" e insistió en que el momento precisa de "estabilidad" y de "instituciones robustas". Sin embargo, para Pablo Iglesias y para los miembros de Unidas Podemos en el Gobierno "hay un debate en España sobre la utilidad de la monarquía. Hay un movimiento histórico que camina hacia la república y es bueno que ese debate se tenga, y nosotros debemos respetarlo".

El vicepresidente segundo habló incluso de una posible reforma en el sistema, pero precisó no ser "ingenuo" y ser consciente de que "la aritmética" parlamentaria no permite que un cambio de tal magnitud se lleve a cabo en la actualidad. Una de las claves de ese debate que plantean los ministros de Unidas Podemos es, toda vez que se desconocen las preferencias de la opinión pública sobre república o monarquía, cómo se puede llevar a cabo y qué nivel de resistencia plantea el sistema actual a los cambios.

Formalmente, explican los expertos, la supresión de la monarquía pasa necesariamente por lo que se conoce como reforma de la Constitución por el procedimiento agravado, lo que implica un auténtico vuelco de la situación política actual. Este tipo de reformas, que afectan a los primeros Títulos de la Constitución (el de la monarquía es el segundo), pasa por la aprobación de una mayoría de dos tercios tanto en el Congreso como en el Senado, a la que sigue la disolución inmediata de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales.

La supresión de la monarquía: ¿más que una reforma?

Tras el proceso electoral, las Cámaras elegidas deberán refrendar, nuevamente por mayoría de dos tercios, las reformas propuestas que, por último, serán sometidas a referéndum para su ratificación definitiva. Sin embargo, la eliminación de la monarquía podría ir más allá de una reforma del texto constitucional.

Joaquín Urías, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, explica que la Constitución "tiene algunas partes que son definitorias, es decir, que si las suprimes lo que tenemos es otra Constitución diferente. Si España quiere dejar de ser una monarquía y convertirse en república, ya no nos sirve para nada la Constitución del 78".

"La Constitución está construida en torno a la figura del rey porque es la base de la continuidad entre el sistema franquista y el actual. Se decidió en el 78 que no iba a haber una ruptura para no provocar un conflicto civil, y se quería que hubiera una continuidad entre el régimen anterior y el actual, y esa continuidad fue el rey. La Constitución se articula en torno al rey como forma de expresar que no hubo ruptura, sino que este es un régimen derivado del anterior", añade.

Por eso, "el problema no es de forma, de que haga falta una reforma de tres quintos, disolver las Cámaras…Si se quita la figura del rey, hay que hacer una Constitución nueva, que ya no recoge la legitimidad del régimen franquista, sino que establece un régimen totalmente nuevo".

"Quien aprobase esa reforma se convierte en constituyente. Es una reforma que afecta a todo, a las bases del sistema. La Constitución actual se lee como un mensaje del rey: la primera página dice "Don Juan Carlos I, Rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren..." Y la última frase del texto es "y por tanto, mando a todos los españoles que guarden y hagan guardar esta Constitución". La Constitución es una orden que le da el rey al pueblo de España: informa de que se ha aprobado ese texto y ordena que se cumpla", asegura Urías.

Para Ana Valero, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, la supresión de la monarquía sí que pasa por una reforma del texto: "La propia Constitución prevé un mecanismo de reforma del Título II, que es el de la Corona. Es cierto que no tiene que ver con, por ejemplo, reformar la sucesión al trono y la prioridad que existe del varón sobre la mujer en la línea sucesoria, que implicaba una reforma del Título II por la vía del 168, que es la vía agravada, porque no estamos reformando un aspecto concreto de la Corona, sino que estamos cambiando la forma de Estado, lo que va más allá del Título II y afecta a otros muchos artículos".

Aunque Valero ve "muy difícil" una reforma de estas características, cree que no sería estrictamente necesario elaborar una nueva Constitución: "Es cierto que la monarquía es una cuestión que se tuvo que aceptar para sacar adelante la Constitución, porque el anterior régimen había dejado atado ese tema. Otra cosa es que el rey al promulgar la Constitución está sometiéndose a un acto debido. El rey por iniciativa propia no podría negarse a firmar una ley, y mucho menos a firmar y a promulgar una Constitución. Es un acto debido; el rey no decide si promulga la Constitución o si promulga todas las leyes que tiene que ratificar para que se publiquen en el BOE y entren en vigor".

"Esto es consustancial al carácter democrático de un Estado", prosigue la experta; "el rey no decide nada, ejecuta la voluntad ciudadana con el refrendo de otra autoridad, normalmente el del presidente del Gobierno. El refrendo quiere decir que quien está realizando el acto es, en el caso de España, o el presidente del Gobierno, en la mayor parte de los casos, o el presidente del Congreso en casos muy concretos, como la disolución de las Cámaras".

Sobre el debate acerca de la forma de Estado y la "vigencia plena del pacto constitucional" defendida por Sánchez, los expertos coinciden en que sí existe una reflexión y una pulsión en la ciudadanía hacia un cambio del sistema. 

"España tiene un problema grave. La Constitución del 78 fue una constitución de emergencia, para salir de una dictadura y empezar un régimen con un mínimo de democracia. La Constitución del 78 fue un éxito, pero ese pacto constitucional no se ha renovado. No ha habido momentos en los que los jóvenes hayan tenido ocasión ni siquiera de pensar en una posible reforma. La gente joven no entiende la Constitución como suya ni se siente partícipe del pacto constituyente. Y no solo con el rey, sino con las bases de la Constitución", asegura Urías.

"Si nunca has participado de un pacto constituyente, si nunca has sentido adhesión hacia el sistema político, cuando el rey está relacionado con supuestas irregularidades, mucha gente encuentra la salida para manifestar un desencanto que ya tiene en contra del sistema", defiende el experto.

"Hay un debate y no reconocerlo es mirar para otro lado. Hay una erosión de la institución monárquica sin precedentes y el Gobierno no debería mirar para otro lado. Quizá la pandemia no es el mejor momento para abrir un debate sobre la forma del Estado, pero esto representa un antes y un después, y se tiene que tener este debate", concluye Valero.