"Amparados por la necesidad de reordenar el espacio radioeléctrico, los socialistas pudieron reprimir el movimiento de las radios libres sin necesidad de recurrir a medidas abiertamente coercitivas como los cierres o sanciones". Eran finales de los años 80. Gobernaba desde el año 1982 el PSOE de Felipe González. Y fue una época de ebullición pero también de represión a las radios libres y comunitarias. 

La historia de lo que pasó en aquellos momentos está recogida hasta el más mínimo detalle en el libro La voz de las sin voz (2022, Sílex Ediciones). Su autor es el historiador José Emilio Pérez Martínez, que lleva años investigando todo lo relacionado con las radios libres y comunitarias en el Estado español.

"¿A qué puede deberse esta represión política por parte del PSOE? La respuesta creemos que es a la percepción de estas emisoras como un peligro, como una amenaza. Y eso desde nuestra perspectiva, ha de considerarse otro triunfo de las radios libres", destaca el libro en sus conclusiones.  

La publicación se centra principalmente en los orígenes de este movimiento en la Comunidad de Madrid aunque estuvo muy presente en todo el Estado. Tuvo especial fuerza en Catalunya, donde surgieron las primeras experiencias de este tipo de emisoras, así como en Euskadi o el País Valencià. Este tipo de radios tenían una serie de puntos en común, con matices entre unas y otras, como el asamblearismo, la crítica al modelo comunicativo imperante o la confluencia con otros movimientos sociales. Y uno principal: no tener ánimo de lucro. Las movilizaciones contra la OTAN previo al referéndum de aquellos años supusieron también un impulso importante.

El papel de este tipo de medios está ampliamente reconocido por entidades como la UNESCO. Y regulado de forma muy diferente a la española en países de nuestro entorno como Francia. Allí por ejemplo el socialdemócrata François Miterrand fue el que guardó el espacio radioeléctrico en la misma época para que las radios pudieran emitir sin problemas. Además, se cuenta con financiación. 

Este tipo de radios venía funcionando de manera en cierto modo alegal desde finales de los años 70. Pero hay una fecha clave, de la que ahora precisamente se han cumplido 35 años. El 18 de diciembre de 1987 se aprueba la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT). 

"Implica que se recrudecen las penas y sanciones por infringir las normas que recoge la propia ley. Son emitir sin licencia o sin aparatos homologados. Con la ley del 87 se ponen negro sobre blanco algunas cosas que antes no existían. Yo siempre entendí que va exprofeso contra las radios libres y comunitarias. Las penas recogían hasta cárcel o multas de millones de pesetas. A este tipo de proyectos los condenaban", explica en conversación con Público el autor del libro. 

Mediante la ley se abría además el concurso para que las emisoras pudieran conseguir sus licencias. Por un lado, aquí se produce la división del movimiento por las diferentes estrategias que buscan las emisoras. Hay algunas históricas como Onda Verde La Cadena del WC que deciden pedir la licencia en solitario. La primera de ellas estaba impulsada por Esteban Ibarra, a quien parece que desde las filas socialistas le habían prometido una licencia que no llegó. "Se jugó con las esperanzas de mucha gente", apunta Pérez. 

En Madrid se rompió el movimiento en otros dos grandes bloques. Por un lado, un puñado de radios se agruparon en torno a la Federación de Radios Libres de la Comunidad de Madrid (FERALICOMA). Aquí estaban presentes emisoras como Radio Ritmo, Onda Latina, Radio Cero, Radio Carcoma o Radio Jabato, entre otras. El otro bloque que pidió licencia fue el de la Agrupación de Asociaciones Culturales de la Comunidad de Madrid (Radio Vallekas, Onda Sur, Radio Morata, Radio Fuga u Onda Merlín, entre otras). 

Solo se concedió finalmente una licencia en Madrid. Otra fue en València, a Radio Klara. Pero la de Madrid tenía trampa. El Gobierno la concede inexplicablemente en la localidad de Chinchón, un lugar donde no existía ningún proyecto de emisora. "Es interesante porque juegan a que han dado la licencia pero en un punto donde no sirve para nada. Era insostenible", apunta Pérez al respecto. 

"Es una ley que se hace de espaldas a las radios libres", afirma Pérez. El autor destaca una cita, incluida en su libro, de una diputada del PSOE, Ana Balletbó, en la Comisión del Congreso donde se debatía la ley y que ejemplifica con quién se negoció de forma clara el proyecto. "Hemos tratado de tener contacto con los empresarios que se ganan la vida con esto y hemos intentado también incorporar esa voz que es la voz más experta porque es la gente que está afectada". 

Para el autor, esta ley supone "otro ejemplo del uso de lo público para satisfacer intereses privados". A todo esto se le suman crónicas posteriores en medios de comunicación que hablaban de la llamada "Operación Arco Iris" impulsada por el Gobierno mediante la cual se habrían acaparado las concesiones en unas pocas manos. 

Aquello fue un golpe duro. Algunas radios se vieron obligadas a cerrar. Pero otras se reinventaron y siguieron su camino como pudieron. Varias de aquellas pioneras siguen hoy existiendo: Radio Vallekas, Onda Merlín, Radio Enlace, Radio Fuga o Radio Morata, entre otras. 

La lucha legal durante décadas hasta hoy

La batalla del movimiento de las radios libres por su reconocimiento ha continuado durante décadas. Los integrantes de las emisoras no han cejado en su empeño. Una victoria simbólica se consiguió en 2010, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Su Ley General de la Comunicación audiovisual les reconocía como sujetos válidos. Una petición histórica de estos medios. 

Pero desde entonces no se dio ninguna sola licencia a los medios comunitarios. Las principales asociaciones en activo denunciaron que el Gobierno de Mariano Rajoy se negó aplicar la ley e incluso destacan que quisieron eliminar la categoría audiovisual incluida en la ley de 2010 que los reconocía de forma directa. Incluso España recibió un toque de la ONU por no conceder licencias. 

A día de hoy, en la nueva ley audiovisual que entró en vigor el pasado mes de julio, se da opción a las radios comunitarias a solicitar licencia. El plazo concluye el próximo 8 de enero. Los requisitos para que las radios puedan acceder están reflejados en la propia ley: Acreditar un funcionamiento ininterrumpido durante los últimos 5 años. Entre 2017 y 2022; No haber causado problemas de interferencias y declarar formalmente que pretenden continuar con las emisiones. El resultado es incierto para un movimiento que no ha dejado de reclamar lo que les corresponde.