"Hay que echar el freno de emergencia a las privatizaciones y dar marcha atrás"
El número dos de Ada Colau, Gerardo Pisarello, puede convertirse, si las encuestas no engañan, en persona clave para el gobierno de Barcelona. Un activista e intelectual de referencia que advierte de que el poder es siempre peligroso.
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“El municipalismo es un instrumento muy potente de democratización, porque es el que mejor puede combinar la idea de poder llegar a las instituciones sin olvidar la importancia de la autoorganización y la movilización social”. Esa idea la explica de todas las maneras posibles Gerardo Pisarello, un intelectual argentino, jurista, que se ha implicado en cuerpo y alma en la iniciativa que puede convertir a Ada Colau en la primera alcaldesa de Barcelona.
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Profesor de Derecho Constitucional, siempre erudito en sus intervenciones, de talante tranquilo, amable y cercano, escribe con cierta frecuencia en Público, en el blog que comparte con su amigo Jaume Asens, también abogado, compañero de militancia en movimientos sociales y ahora ambos en la lista de Barcelona en Comú.
“El municipalismo es el mejor instrumento para conjurar el riesgo de separación entre el asalto a las instituciones y la autoorganización de la ciudadanía”
En serio recuerda que cuando tenía cuatro años pusieron los paramilitares dos bombas en su casa, en Tucumán. Su padre, del ala izquierda del Partido Radical, era abogado también, de presos políticos, “de estudiantes y de mucha gente que estaba en la guerrilla”, explica. “En el 76, cuando se produce el golpe de Estado secuestran a mi padre y lo encuentran asesinado al poco tiempo”.
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En Barcelona, su “contacto más inmediato es con los movimientos sociales”. Conoce a Ada Colau y a Jaume Asens, con los que empieza a “trabajar junto a ‘V de Vivienda’, luego en la PAH, en el observatorio DESC… aquí empieza un proceso de politización más vinculado a la defensa de derechos humanos básicos”.
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A menudo, no obstante, la participación de los más humildes se da en forma de protesta, a veces no convencional, que quienes acaparan poder político y económico tienden a considerar casi siempre como cuestión de orden público.