MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado formalmente este viernes asumir la investigación iniciada en los juzgados de Madrid contra el  Rodrigo Rato a raíz de una denuncia de la Agencia Tributaria, al considerar que tiene conexión con otros asuntos del exvicepresidente económico (las investigaciones sobre la salida a bolsa de Bankia, cuando él presidía el banco ahora nacionalizado, y el caso de las tarjetas black).

Antocorrupción quiere asumir la iniciativa de las pesquisas que a partir de ahora tramitará el juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal (que, entre otras causas, se ocupó la denominada Operación Puerto contra el dopaje en el deporte de élite, desarrollada en 2006).

La Fiscalía General va a analizar el escrito de petición de Anticorrupción y lo resolverá seguramente el lunes.

La Fiscalía Anticorrupción reaccionó ayer con sorpresa cuando se difundió sobre las cuatro y media de la tarde de ayer jueves que Hacienda había desplegado toda una operación de entrada y registro en Madrid del domicilio y el despacho de Rodrigo Rato, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y exvicepresidente económico del PP.

Nadie sabía en Anticorrupción que se iba a desplegar esta operación. Sorprendido, el fiscal Anticorrupción, Fernando Salinas, desmentía dentro de la Fiscalía General del Estado que hubieran impulsado el registro y el desmentido oficial fue transmitido a los medios de comunicación.

Tras la sorpresa, se conoció que la denuncia de la Agencia Tributaria había sido canalizada a través de la Fiscalía de Madrid desde hacía "unos días", según aseguraba desde la fiscalía madrileña el fiscal jefe, Manuel Moix.

Investigando de decenas de personas

La Fiscalía Anticorrupción que dirige Antonio Salinas lleva tiempo investigando a decenas de personas, entre las que se encuentra Rodrigo Rato, por supuestos delitos fiscales como el blanqueo de capitales. Para ello, pidió la colaboración de la Agencia Tributaria.

La fiscal anticorrupción Elena Lorente es la encargada de estas diligencias de investigación encaminadas a realizar las primeras averiguaciones, antes de presentar las correspondientes denuncias en la Audiencia Nacional o en los juzgados de instrucción de toda España, según residan los supuestos defraudadores y el alcance de las tramas que allí se investigan.

En teoría, el caso hubiera sido competencia de la Audiencia Nacional, al tratarse de delitos de blanqueo de capitales y tramas societarias que se extienden a paraísos fiscales.

Sin embargo, el ministro Cristóbal Montoro y su equipo de la Agencia Tributaria optaron por esquivar a la Fiscalía Anticorrupción y presentaron la denuncia en la Fiscalía de Madrid, según fuentes del ministerio público.

La Fiscalía de Madrid cuenta con una sección de delitos económicos, por lo que la denuncia fue asumida dentro del ámbito de sus competencias y se presentó en el juzgado de guardia.

El juzgado de instrucción 35 de Madrid se limitó a autorizar la inmediata entrada y registro de las propiedades de Rato, pero hasta ahí ha llegado su labor. La operación de registro continúa abierta este viernes.

El caso de Rato ha recaído en el juzgado de instrucción 31, cuyo titular es Antonio Serrano, después de que el juzgado de guardia lo enviara a reparto al Decanato.

Este juzgado puede continuar con la instrucción o bien inhibirse en favor de la Audiencia Nacional en el caso de que se presente la existencia de conexidad con otra causa.

La conexidad podría establecerse con el caso Bankia, que es competencia del juzgado central de instrucción 4 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Fernando Andreu, siempre que hubiera indicios de que Rato habría tratado de realizar un alzamiento de bienes para evitar posibles pagos por su responsabilidad en la salida a bolsa de esta entidad. La Fiscalía de Madrid incluye en su denuncia este posible delito.

Andreu ha impuesto una fianza solidaria de 800 millones de euros contra Bankia, su matriz el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Rato, expresidente de la entidad, y los antiguos miembros del Consejo de Administración Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella. La entidad se ha encargado de depositar este dinero.