El rey emérito Juan Carlos I ha asumido la sanción impuesta por la Agencia Tributaria, que ha sido cursada durante las últimas semanas, según recoge el diario El Mundo. El monarca ha firmado un acta de conformidad con el departamento dirigido por María Jesús Montero. 

El periódico citado señala que los importes reclamados por Hacienda no suponen una cifra superior a los 120.000 euros en ninguno de los ejercicios fiscales. Esta cantidad deberá ser abonada tras la inspección que la Agencia Tributaría abrió para esclarecer las cacerías a las que fue invitado después de su abdicación en 2014, en concreto, entre 2014 y 2018.

Según el Ministerio, el emérito debió declarar los gastos de los desplazamientos en avión que le reglaron diversos empresarios para poder acudir a las jornadas de caza en las que participó.

De esta forma, Juan Carlos I trata de cerrar cuentas pendientes con el Fisco después de haber acometido las regularizaciones voluntarias por importe de más de cinco millones de euros para sortear varios delitos fiscales.

En concreto han sido dos las regularizaciones efectuadas por el rey emérito, ambas dadas por buenas por el Tribunal Supremo. Una primera, de 678.393,72 euros y realizada en diciembre de 2020 con miras a hacer frente a una posible acusación de delito fiscal por los fondos opacos recibido por el empresario Allen Sanginés-Krause.

Posteriormente, en febrero de 2021 presentó una segunda regularización por importe de 4,4 millones de euros. En esta ocasión por rentas no declaradas durante varios ejercicios que superan los ocho millones de euros. Se trata de los vuelos de una compañía de jet privados pagados hasta el 2018 por la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans. El disfrute de estos vuelos se considera un pago en especie obligado a tributar como IRPF a Hacienda.

En el horizonte judicial del emérito queda, cómo no, la acusación de Corinna Larsen al emérito de tres posibles delitos: acoso, vigilancia ilegal y difamación. Larsen acusa a su examante de estar detrás de un supuesto seguimiento al que habría sido sometida por parte del CNI. Juan Carlos de Borbón adujo en su día que, como (ex) jefe de Estado, es inmune a ser juzgado en Inglaterra.