El Govern buscará condonar la deuda a las personas vulnerables a las que se exige el retorno de prestaciones mal ejecutadas

El Departament de Drets Socials i Inclusió se ha comprometido a buscar vías legales para condonar la deuda a las personas vulnerables que, a causa de un error de la misma administración, habrían recibido más dinero vinculado a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) del que les correspondía. Así lo ha anunciado este miércoles la consellera Martínez Bravo en una comparecencia en el Parlament, solicitada a raíz de la polémica generada por las cartas de reclamación que el anterior Govern de ERC comenzó a enviar en julio de 2023. Fue entonces cuando se intentaron corregir las irregularidades detectadas ese mismo año.

La ley de la RGC se aprobó en 2017, pero el análisis para detectar casos de posibles cobros indebidos abarca hasta 2020, dado que los años anteriores ya habrían prescrito. Desde la Generalitat se han enviado 12.503 cartas, "la mayoría antes de la entrada del nuevo Govern", según la consellera, que ha admitido que tuvieron que continuar con el proceso de reclamación por obligado cumplimiento de la ley.

Después de "trabajar incansablemente" para buscar una solución efectiva y para averiguar qué causó el error y cuál es la cifra total de beneficiarios de la RGC afectados, se ha concluido que hay 2.892 casos de pagos indebidos con un importe medio de 7.757 euros. La "amnistía" que propone el Departament solo será posible para aquellas personas que puedan demostrar su situación de vulnerabilidad, que no han actuado de "mala fe" y que no han ocultado información relativa al trabajo u otras prestaciones recibidas.

¿Qué genera los pagos indebidos?

Según Martínez Bravo, el origen de esta problemática que afecta a miles de familias vulnerables no puede atribuirse a una única causa. El diseño de la prestación, que requiere gestionar cada caso manualmente, no es compatible con el volumen de solicitudes, que asciende a centenares de miles.

Además, la Dirección General de Prestaciones cuenta con unos 100 trabajadores, cuando, según la consellera, "harían falta unos 2.000 profesionales" para gestionar adecuadamente todas las peticiones con el sistema actual. "Hay una falta de infraestructura digital y de recursos suficientes, tanto humanos como técnicos. La gestión informática era como si fuera un bloc de notas", ha admitido.

La consellera ha querido destacar que no se trata de un "error administrativo", sino que es un "problema de base" que no se solucionará hasta que haya una reforma de la ley de la RGC, que se presentará en el marco de los presupuestos y que necesitará el apoyo de los grupos parlamentarios. "Es básico que el sistema esté basado en datos y automatismos, que la prestación esté blindada de pagos indebidos", ha dicho. Asimismo, ha explicado que la metodología automática ya funciona con otras ayudas y que el modelo vasco de renta garantizada es un buen ejemplo, ya que hacen "revisiones trimestrales" donde comprueban los ingresos de cotización y otras prestaciones.

La pandemia tensionó aún más el equipo de prestaciones, ya que tuvieron que asumir nuevas ayudas y gestiones relacionadas con el estado de emergencia. Ese mismo 2020 surgió el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también tenía implicaciones sobre la RGC. De hecho, es el principal motivo por el cual ha habido pagos indebidos. Un 51% de los casos detectados tienen su origen en un solapamiento de ambas prestaciones, cuando el IMV prevalece.

Paralelamente, la situación de las familias vulnerables es "muy compleja y cambiante", lo que dificulta la revisión de la ayuda. "Si trabajas no puedes recibir la Renta Garantizada. A veces se notifica, a veces no. Hay miles de solicitudes de cambio que se hicieron en pleno periodo de pandemia con unos equipos informáticos débiles", ha lamentado la consellera.

¿Qué propone Drets Socials para paliar la problemática?

Martínez Bravo ha explicado que fue consciente de la situación inmediatamente después del traspaso de cartera este agosto y que, en los días siguientes, se dedicó a analizar la "magnitud" del problema. Desde entonces, el Departament ha estado trabajando para paliar las repercusiones en las familias vulnerables, pero algunas personas ya pueden haber pagado o les tocará pagar antes de que se apruebe una reforma de la ley. En caso de no recibir el apoyo de los grupos parlamentarios, la consellera ha dicho que sería una "opción" hacerlo a través de un decreto.

Mientras no avance esta "amnistía excepcional", Drets Socials trabajará en un "plan de choque" con cruces de datos para minimizar los pagos indebidos. "Mitigará la situación, pero no la resolverá. Por este motivo, es necesario un nuevo diseño de la RGC que sea sólido y que esté blindado", ha concluido.