El Govern balear ha pedido este lunes al Parlamento Europeo una directiva específica contra la explotación sexual infantil y que la lucha contra esta lacra sea "una prioridad en toda Europa".

La petición del Govern se produce el mismo día que han comenzado en Palma los trabajos de una delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que analiza varias denuncias sobre supuestos casos de abusos sexuales a menores tuteladas por la administración en Mallorca que se prolongarán dos jornadas, con nueve reuniones con una veintena de personas.

Los eurodiputados de la misión se han reunido este lunes por la tarde con la presidenta del Govern, Francina Armengol, y con la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago. En el encuentro han informado a los eurodiputados del protocolo balear de detección de la explotación sexual infantil "pionero en España, aprobado la pasada legislatura", y de las campañas de concienciación y formación realizadas, ha informado el Govern en un comunicado.

Además han instado a los diputados de la Comisión de Peticiones a trasladar al resto de regiones los protocolos y las actuaciones de lucha contra esta lacra "que dan resultados".

Armengol pide medidas a nivel europeo

Armengol ha expresado su deseo de que los eurodiputados "estén interesados en la cuestión y tomen nota de las novedosas iniciativas" que se han puesto en marcha en Balears para combatir "esta lacra social extendida por todo el mundo". La líder del Ejecutivo autonómico ha asegurado que ve "el vaso medio lleno" ante los resultados que pueda ofrecer la misión "a pesar de las intenciones detrás de según qué movimientos".

Igualmente, Armengol ha indicado que espera que haya "diálogo y respeto mutuo" y ha añadido que expondrá la necesidad de tomar conciencia de que hay medidas que deben tomarse a nivel de las instituciones europeas. La presidenta, en la misma línea, ha apuntado que la misión ofrezca resultados provechosos y sirva, además, para poner el foco en los explotadores y en las medidas de protección de todos los menores, tutelados o no.

Montserrat niega politización

Mientras, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo y presidenta de la comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, ha asegurado al término de la reunión con Armengol y Santiago que la delegación que está en Mallorca aportará "soluciones para que ningún niño esté desprotegido y entre en una red de trata cuando está siendo tutelado por una administración".

Ha defendido la legitimidad de dicha comisión y ha rechazado las críticas de que sea partidista, realizadas por la eurodiputada del PSIB, Alícia Homs, o de que una parte de los diputados tuviera actitud destructiva, como ha dicho la consellera Santiago. "No se está politizando nada porque esto sería hablar mal de los ciudadanos europeos que tienen un derecho de petición en el Tratado de la Unión", ha dicho Montserrat. "Se ha venido a investigar unos hechos intolerables de abusos a menores y trata de menores tutelados por la administración", ha defendido.

El Govern detalla sus actuaciones

Las representantes de Govern han explicado las tareas de coordinación y formación realizadas por la institución en el marco de sus competencias, porque la protección y la tutela de menores en el archipiélago está transferida a los consells de las cuatro islas desde hace 24 años.

Han entregado a la delegación europea los diferentes protocolos y acciones impulsados en las islas, que ya se enviaron al Parlamento Europeo, por si pueden ser de utilidad para unificar normativas y criterios de actuación.

El Govern ha recordado que "según UNICEF se producen casos de este tipo en todo el mundo, pero no siempre se documentan y se denuncian como se hace en las Illes Balears, primer paso fundamental para afrontar el problema".

Protocolo multiinstitucional

El ejecutivo balear ha recordado que Baleares fue una de las primeras autonomías en elaborar en 2017 un "protocolo multiinstitucional" para la detección y la actuación de los profesionales, con líneas de actuación, detección, notificación, evaluación y tratamiento desde los diferentes ámbitos competenciales, con grupos de coordinación para valorar su cumplimiento, su seguimiento y proponer cambios.

Al protocolo, firmado por los consells de las cuatro islas, ayuntamientos, entidades del tercer sector, órganos judiciales (Instituto de Medicina Legal y Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito) y fuerzas y cuerpos de seguridad; se suma la elaboración de una herramienta de detección que ya tiene el visto bueno de cuatro universidades, que se probará en 5 autonomías y que se espera validar y aprobar definitivamente antes de que finalice este año.

El Govern ha destacado además la formación de personal del ámbito público sanitario, educativo y de ocio para detectar y denunciar los posibles casos de explotación sexual infantil y adolescente; los cursos para prevenir y educar a las menores, que han seguido 46.000 alumnas de entre 12 y 16 años; y los 150 talleres de formación a familias impartidos para la detección temprana de situaciones de riesgo. Estas medidas se suman al trabajo de los consells de adecuación de centros, personal y vigilancia, evaluación y denuncia de casos.

Tras explicar lo hecho en Baleares, las responsables del Govern han pedido a los europarlamentarios que impulsen desde Bruselas una directiva europea específica contra la explotación sexual infantil y adolescente que la distinga de los abusos, tanto en su abordaje como en su registro estadístico.

También han propuesto que la directiva incorpore cuestiones como que la búsqueda de los menores fugados de los centros de protección sea una prioridad policial dada su alta vulnerabilidad, o la potenciación de campañas específicas contra la explotación sexual en el marco europeo. Han reivindicado que la lucha contra la explotación sexual infantil sea una prioridad política de la Unión Europea.