El Gobierno dispondrá el próximo 1 de julio de otros 3.500 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para poder abonar la paga extra de las pensiones contributivas correspondiente a ese mes, según ha informado el ministerio de Empleo. El departamento que dirige Fátima Báñez justifica esta decisión señalando que 'el saldo de tesorería a cierre de junio no permite afrontar el pago de prestaciones sin tener que recurrir al Fondo de Reserva'.

'Por tanto, le corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), en su función de caja pagadora del sistema la distribución de las disposiciones oportunas para garantizar el pago puntual de las obligaciones de la Seguridad Social y evitar desajustes financieros, como ya se hizo el año anterior', añade.

El Ejecutivo recurrió por primera vez a la llamada hucha de las pensiones durante 2012 para abonar las pensiones, de la que extrajo entre septiembre y diciembre algo más de 7.000 millones de euros.

Según el Informe sobre la Evolución, Actuaciones y Situación del fondo correspondiente al pasado año, remitido por Empleo al Congreso de los Diputados el pasado mes de abril, esta hucha contaba al cierre del año con algo más de 63.000 millones de euros, alrededor del 6% del PIB, un 5,6% menos que un año antes.

Este descenso se debió a que la rentabilidad de las inversiones realizadas por el fondo en deuda pública (del 4,2% de media) sólo habían permitido recuperar hasta ese momento el 42% (2.970 millones) de los 7.000 millones utilizados para solventar las tensiones de liquidez en el sistema público de pensiones. De estas inversiones, el 97,46% estaba depositado en deuda española y sólo un 2,54% en deuda extranjera, principalmente alemana, holandesa y francesa.

Durante la presentación del informe, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ya admitió que el Gobierno volvería a recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social si fuera necesario, porque 'para eso se creó'. Esta nueva utilización del fondo se produce en medio del debate en la Comisión del Pacto de Toledo del factor de sostenibilidad de las pensiones, y de la posibilidad de aplicarlo antes de 2032, como determina la reforma realizada en 2011, para garantizar la solvencia del sistema.