Ayuntamiento de Madrid El Gobierno insta a Carmena a anular un acuerdo que mejora las condiciones de sus empleados públicos

La Delegación del Gobierno ha instado al Ayuntamiento de Madrid a anular un acuerdo alcanzado con los sindicatos para equiparar al personal laboral del Ayuntamiento con los funcionarios. El Ejecutivo central considera que la medida, planteada desde hace más de diez años y que beneficiará a 4.200 trabajadores, "es contraria al ordenamiento jurídico básico estatal en materia de personal".

El pasado 29 de junio, el Gobierno local de Manuela Carmena firmó un acuerdo con los cuatro sindicatos mayoritarios en el Consistorio. La decisión, que tendrá un coste de 9,5 millones de euros, favorece a los trabajadores de las instalaciones deportivas -integrado en el Ayuntamiento desde 2005-, de Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM), los de Madrid Saludad, Agencia para el Empleo, Agencia Tributaria, Agencia de Actividades y el personal laboral del propio Consistorio.

Desde las negociaciones previas a la firma del Convenio único para el personal laboral -en 2006-, los sindicatos han trasladado al Ayuntamiento en diferentes ocasiones la necesidad de homologar a este colectivo de trabajadores con el funcionario. "Llevamos más de diez años luchando para que los más de 4.000 empleados públicos se equiparen a sus compañeros funcionarios", explica Arantxa Saiz (UGT-Madrid).

"Este pacto abriría la puerta a nuevas convocatorias de empleo público, que falta hace"

El acuerdo permite encuadrar las actuales categorías profesionales en los grupos y subgrupos sobre las condiciones comunes del trabajo de todo el personal. También, favorece una homologación retributiva y regula los sistemas de selección y promoción, así como fijar un nuevo sistema retributivo para los trabajadores.

No obstante, desde UGT insisten en que este acuerdo de clasificación y ordenación del personal laboral conlleva además nuevas ofertas de empleo público. "Este pacto abriría la puerta a nuevas convocatorias de empleo público, que falta hace", añade Saiz. En este sentido, Arantxa Saiz apunta que más de 3.000 empleados laborales trabajan en instalaciones deportivas. Dentro de esa cifra, un 60% tiene un contrato de interinidad. "Se le daría la oportunidad a mucha gente", opina Saiz.

Juan Carlos Nicolás (CCOO Madrid) explica que esta nueva clasificación exige un proceso de funcionarización. Pese a ello, el Ayuntamiento ha empezado a efectuar los pagos atrasados desde julio, mes en el que entró en vigor el nuevo acuerdo. 

Los costes superan el 1% autorizado por los PGE

La Delegación del Gobierno de Madrid alega que el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno de Madrid es "contrario al ordenamiento jurídico básico estatal en materia de personal". Así, en el requerimiento de anulación emitido el pasado 26 de octubre, el Gobierno alega que los costes del nuevo sistema "calificativo-retributivo" -9,5 millones d euros según el Ayuntamiento- representan el 6,43% de la masa salarial del Consistorio, porcentaje que excede el tope máximo del 1% autorizado por los Presupuestos Generales del Estado de 2017. 

Asimismo, el Ejecutivo central interpreta de "forma restrictiva" uno de los preceptos al contemplar una excepción a la regla general sobre topes retributivos. "En ningún caso puede amparar un incremento generalizado de retribuciones como el que resulta de este acuerdo".

De esta forma, el Gobierno da un plan de un mes desde su recepción para responder el requerimiento de anulación. Dicho requerimiento será rechazado si no es atendido, en cuyo caso se procederá a la "impugnación del acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa", zanja el documento al que ha tenido acceso este medio.

Desde CCOO apuntan que es evidente que la Delegación del Gobierno "ha puesto en el punto de mira los acuerdos que podamos firmar con el Ayuntamiento, despreciando el derecho a la negociación colectiva y a los legítimos acuerdos que se puedan alcanzar en los ámbitos con capacidad para ello". En un comunicado, el sindicato denuncia la actuación del Gobierno del PP, cuya actitud "supone una clara amenaza para los objetivos de recuperación de derechos y de avanzar en el empleo, contra la desigualdad salarial y la mejora de los Servicios Públicos".