El Gobierno endureció en 2016 su "política de venganza” contra los presos abertzales, según un informe

BILBAO.- Cinco años después de que ETA abandonase la violencia, el gobierno del PP se niega a mover fichas en las cárceles. Uno de los ejemplos más notorios se traduce en kilómetros: la política de dispersión, puesta en práctica a principio de los años noventa, sigue tan vigente como entonces. Tampoco ha habido cambios en torno a los reclusos gravemente enfermos, que continúan en prisión. Estas son algunas de las conclusiones del informe elaborado por la plataforma ciudadana Sare (Red), que ha documentado lo ocurrido detrás de los barrotes durante 2016. Tras analizar distintos aspectos, los autores del estudio han confirmado sus temores: “Los datos reflejan un empeoramiento de las condiciones carcelarias”, sostienen.

El documento —elaborado en base a las cifras arrojadas por la actual política penitenciaria— es contundente. De los 351 presos de ETA y de otras organizaciones de la izquierda abertzale que existen actualmente, sólo dos están en cárceles del País Vasco. 271 se encuentran dispersados en 42 centros penitenciarios españoles, mientras que otros 78 están en 22 cárceles francesas. También hay un preso en Italia y otro en Portugal. Además, tres menores de edad están dispersados junto a sus madres presas. En tal sentido, el informe señala que el número de mujeres encarceladas a día de hoy es de 53, de las cuales 13 se encuentran totalmente solas. Una de ellas, la abogada Arantza Zulueta, lleva casi tres años aislada en la cárcel de Puerto III (Cádiz).

Hablando en kilómetros, 288 presos se encuentran en prisiones ubicadas a distancias que oscilan entre los 500 y los 1100 kilómetros. Tras repasar pormenorizadamente las distintas distancias que deben recorrer sus familiares para visitarles, Sare destaca que en diciembre de 2016 “hay un 2,1% más de presos vascos a más de 800 kilómetros que a finales del 2015”.

La plataforma ciudadana advierte además sobre las “condiciones de vida lo más restrictivas posibles” que se aplican contra los reclusos abertzales. Sobre este punto, indica que el 95,5% de los condenados continúa en primer grado —el más restrictivo—, “frente al 1,5% del total de la población reclusa en general”. Asimismo, las autoridades han rechazado “el 100 % de las peticiones hechas por cada uno de los presos vascos” respecto a su traslado a cárceles de Euskadi. Tampoco ha habido consideraciones hacia los 11 presos gravemente enfermos que, a pesar de su situación, continúan en prisión.

El informe también habla sobre la negativa del Estado español a aplicar el cómputo de penas a quienes anteriormente cumplieron condenas en Francia. Al igual que en 2015, siguen existiendo siete casos de presos que “deberían estar en libertad con la aplicación de la acumulación de la pena cumplida en el Estado francés”. A juicio de Sare, “la existencia de presos con la condena cumplida desde hace dos años supone un acto de prevaricación por parte de algunos jueces, los cuales deberían ser garante del cumplimiento de la legislación”.

Con estos datos sobre la mesa, esta plataforma —cuyo portavoz es el ex consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga— sostiene que son los familiares de los reclusos quienes “más directamente están sufriendo una política penitenciaria sustentada en el odio y la venganza”. “La decisión de ETA de hace cinco años supuso el paso más importante dado en la superación del conflicto. Desde entonces, hay quienes sólo están dispuestos a crear más confrontación e impedir un cierre definitivo de décadas de violencia, de muchas violencias”, subraya.

El próximo 14 de enero, estas demandas tomarán forma de manifestación. Ocurrirá en Bilbao, donde Sare realizará una movilización que —tal como ha ocurrido otros años— se prevé multitudinaria. “Se trata de una fecha importante en el calendario de todas y todos aquellos que estamos a favor de superar este escenario de vulneraciones por otro de paz y convivencia”, apuntan en este documento.