MADRID.-  El Gobierno ha autorizado al exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce para incorporarse al bufete de abogados Garrigues, según se detalla en el listado de permisos de compatibilidad publicado este lunes por el Portal de Transparencia.

Torres-Dulce cesó el pasado 19 de diciembre, antes de que concluyera su mandato. Alegó motivos personales, si bien desde diferentes ámbitos se apuntó a su falta de sintonía con el Gobierno como causa esencial de su decisión.

El BOE publicó el pasado 3 de enero su reincorporación a la carrera fiscal, pasando a ocupar la plaza de fiscal de sala adscrito al Tribunal Supremo que venía desempeñando en el momento de su nombramiento como Fiscal General.

Según el listado, la fecha de autorización para que Torres-Dulce pueda ejercer la abogacía en el prestigioso despacho de Garrigues es del pasado 30 de julio.

Este listado, que ya publicó la autorización a Alberto Ruiz-Gallardón para ejercer como abogado después de ser el máximo responsable de Justicia, recoge los permisos de compatibilidad para actividad privada de puestos incluidos en la ley de regulación de los conflictos de intereses de altos cargos de 2006.

Desencuentro con el Gobierno

El desencuentro entre Torres-Dulce y el Gobierno estuvo relacionado con la defensa de la autonomía fiscal de la que Torres-Dulce hizo gala desde el comienzo de su mandato y que se habría evidenciado, para disgusto del Gobierno, en la gestión que Anticorrupción ha realizado de asuntos clave para el PP como son los casos "Gürtel" y el de los "papeles de Bárcenas". El ex fiscal general dejó muy libre criterio a los fiscales designados en estos asuntos.

Las quejas públicas de Torres-Dulce contra el Gobierno comenzaron a hacerse públicas a cuenta de los planes de Gallardón para el Código Procesal Penal, que no cumplían con sus expectativas para lograr la instrucción penal por los Fiscales.

Más adelante, el enfrentamiento cristalizó con las tensiones que precedieron a la interposición de la querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y dos miembros de su gobierno por su intervención en el denominado proceso participativo del 9-N.

Una decisión del Gobierno muy criticada

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha criticado este martes mediante un comunicado la decisión del Gobierno de autorizar al exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce para incorporarse al bufete de abogados Garrigues sin respetar el plazo de dos años de incompatibilidad que contempla la Ley tras el cese de altos cargos.

Según APIF, parece "enormemente preocupante" la decisión de la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Gobierno, de permitir la incorporación del anterior Fiscal General del Estado a un despacho de abogados.

"Es curiosa en primer lugar la fecha en que se adopta, idónea para disminuir el impacto público de la noticia al conocerse en mitad de agosto", considera esta asociación de fiscales, tras recordar que trata de un Fiscal General que ahora mismo no habría agotado el plazo legalmente establecido de permanencia en el cargo "como garantía de independencia en su función".

Añade APIF que, "después de su inexplicada dimisión", Torres-Dulce "obtiene un beneficio gubernamental de gran importancia" que no consideran justificado.

"Creemos que el Fiscal General del Estado es la figura clave para garantizar la aplicación de la ley, decisivo en las estrategias de la Fiscalía en la lucha contra el terrorismo, la corrupción, en las luchas contra los fraudes financieros -que han afectado estos años a importantísimas entidades bancarias-, y además de ser quien decide nombramientos claves en la Fiscalía", añaden los fiscales independientes.

Depositario de secretos

Por otra parte, APIF recuerda que Torres-Dulce "es depositario de secretos, de aspectos fácticos de las investigaciones que no deben ser conocidos y que son inherentes a su cargo, conoce de las opiniones que se vierten en las juntas de Fiscalía, de los pareceres de todos los fiscales a quienes quiere consultar".

Por ello, subrayan que desde el Gobierno se considere "que no hay inconveniente en no respetar el plazo de dos años de incompatiblidad después del cese para trabajar en un despacho de abogados obliga a reflexionar sobre las causas de su cese en el cargo, los silencios sobre las mismas y pone de manifiesto la necesidad de instaurar un código ético en la Fiscalía".

Todo ello, concluyen, no beneficia nada la imagen de la Fiscalía y la necesaria autonomía respecto del Gobierno, y por ello la esta asociación lamenta profundamente la decisión adoptada.

Torres-Dulce cesó el pasado 19 de diciembre, antes de que concluyera su mandato. Alegó motivos personales, si bien desde diferentes ámbitos se apuntó a su falta de sintonía con el Gobierno como causa esencial de su decisión.