El Gobierno de Mariano Rajoy continúa allanando el camino al polémico tratado comercial entre la UE y Canadá, CETA. El Consejo de Ministros ha aprobado este mismo viernes su remisión a las Cortes Generales para que Congreso y Senado puedan someter a votación el texto durante las próximas semanas. 

Como adelantó Público, el Ejecutivo tenía previsto que su tramitación en el Ministerio de Exteriores se prolongara durante un mes, pero finalmente han logrado que el acuerdo llegue al Consejo de Ministros tres semanas después de que este diario publicase esa información. 

Hasta la fecha, el Ejecutivo del PP ha estado entre los principales valedores del tratado, y las declaraciones de su portavoz, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, hacen pensar que el Gobierno mantendrá este rumbo. "A lo que lleva [CETA] es a una apertura de los mercados, como el mejor camino para el progreso de las sociedades", afirmaba el ministro, recordando que supondrá la eliminación del 98% de los aranceles al comercio entre la UE y Canadá. "El Gobierno de España es favorable a su ratificación", insistía.

Sin embargo, y como suele ser habitual en los portavoces del Ejecutivo, Méndez de Vigo ha obviado los riesgos del criticado acuerdo, y tampoco ha aportado cifras o datos que sustenten el mensaje de que su entrada en vigor será efectivamente positiva para los europeos. 

De hecho, el ministro se ha referido a la "tramitación azarosa" del CETA, en referencia a las reservas del parlamento regional belga de Valonia para darle su visto bueno -"Se tomó su tiempo"-, y ha recordado que el Ejecutivo aprovechó la última reunión del Consejo Europeo para "pedir que se agilizaran los pasos para llegar a un acuerdo con Mercosur.

No ha hecho alusión al tratado de libre comercio con EEUU, TTIP, al que Rajoy daba por muerto hace apenas una semana en el Congreso, aunque la Secretaría de Estado de Comercio lo corrigiera este mismo jueves diciendo que estaba en "parada natural".

Mientras el tratado transatlántico permanece en vía muerta, el CETA se acerca a su entrada en vigor de forma parcial, para la que todavía no hay fecha definitiva, aunque se augura inminente. Para que todas las cláusulas del acuerdo entren en vigor el CETA debe recibir el visto bueno de los 28 parlamentos nacionales de la UE y de varias cámaras regionales. 

Activistas piden un estudio de impacto

La Campaña no al TTIP, CETA y TiSA, formada por más de 350 organizaciones sociales o sindicales críticas con el acuerdo ha censurado este viernes la decisión del Consejo de Ministros. Recuerdan que el CETA brinda grandes poderes a las empresas inversoras para demandar a los estados, y piden la creación de una comisión de estudio del acuerdo, así como el encargo de un estudio de impacto independiente.

“Sin estudios previos para conocer los impactos del CETA en el Estado español y sin consultas con la sociedad, es imposible cumplir con la función legislativa y de control parlamentario, es decir, no habría ni transparencia ni democracia”, afirma el texto.

En esta línea, insisten en que las Cortes deben revisar a conciencia el tratado: 
“El Congreso de los Diputados y el Senado deberían dedicar el tiempo necesario para examinar con detalle este tratado de 1600 páginas y asegurar que las preocupaciones sobre un texto de tal envergadura sean consideradas bajo la lupa del interés general”, zanja el comunicado.