El gobierno cuestiona la “objetividad” de las víctimas de la Policía franquista
Tras la presentación de un recurso legal por parte del ejecutivo de Rajoy, cientos de damnificados vascos quedan excluidos de cualquier tipo de reconocimiento. Los tribunales dan la razón a La Moncloa.
Publicidad
Actualizado:
Con apenas 15 años, Juan Manuel Iglesias demostró que se puede morir de miedo. El 9 de enero de 1977, tuvo la desgracia de quedar en el medio de una carga policial contra manifestantes que pedían la amnistía de los presos políticos en Sestao (Bizkaia). Él sólo quería jugar al futbolín con unos amigos, pero a los descontrolados “grises” les dio exactamente igual. Cuando quiso huir de las porras y los disparos, Juan Manuel cayó rendido al suelo, víctima de un infarto. Fue su primera muerte. La segunda acaba de llegar, y tiene membrete oficial: amparado por una resolución judicial, el gobierno de Rajoy ha conseguido que su caso –al igual que otros tantos- quede excluido de cualquier tipo de reparación por parte de la administración.
Publicidad
Según ha podido confirmar Público, el gobierno de Rajoy puso en duda la “objetividad” de cientos de denuncias, impidiendo así sus correspondientes indemnizaciones.
Siguiendo la línea marcada por Madrid en materia de memoria histórica, Urquijo había recurrido a los tribunales para tratar de frenar lo que él denominaba como un “coladero” de víctimas. Su objetivo no era otro que reducir al máximo el criterio del Gobierno Vasco a la hora de reconocer e indemnizar a aquellas personas que sufrieron la violencia policial, ya fuesen sobrevivientes o –como en el caso de Juan Manuel- familiares de fallecidos. Según ha podido confirmar Público, el gobierno de Rajoy puso en duda la “objetividad” de cientos de denuncias, impidiendo así sus correspondientes indemnizaciones.
Otro golpe
Publicidad
“Se lo voy a resumir en una frase: Rajoy golpea, otra vez, a las víctimas del franquismo”, sintetiza Juan Mari Zulaika
Al no contar con informes médicos que acrediten que fue torturado –algo tan absurdo como inimaginable en aquellos años-, Zulaika quedará fuera de la categoría de víctima. También lo están –al menos de momento- aquellas personas que sufrieron la violencia policial desde 1968 en adelante. Es el caso de Peio Mindegia, ciego por culpa de un disparo de la Policía. Ocurrió el 21 de julio de 1983 en las fiestas de Errenteria. “Si me da dos centímetros más arriba, me mata”, señala.